La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) indaga potenciales incumplimientos de cláusulas contractuales de proveedores de oxígeno al Ministerio de Salud Pública y advierte acciones a ser aplicadas de confirmarse irregularidades.

El titular de la DNC, Pablo Seitz, incluso se refirió a la responsabilidad que pudieran tener los funcionarios públicos encargados de administrar los contratos. Los mecanismos de sanción incluyen multas, rescisión de contratos, ejecución de póliza del seguro, además de una eventual inhabilitación por tres años para realizar transacciones con el Estado.

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“Estamos en permanente comunicación con autoridades y funcionarios del Ministerio de Salud, acompañando todo el proceso que el ministerio está haciendo para asegurarse de la provisión de este producto tan fundamental, tanto de los proveedores de oxígeno líquido terminado como de los que fueron proveedores de las plantas”, sostuvo Seitz en contacto con la 800 AM.

Dijo que en el caso puntual de las plantas productoras de oxígeno instaladas en los hospitales grandes, se están revisando los contratos a fin de verificar eventuales incumplimientos.

Ejecución de póliza

La detección de manejos dudosos conllevará a una inmediata corrección por parte de los proveedores. En caso extremo, se recurrirá a la ejecución de póliza de fiel cumplimiento de contrato y sanción al proveedor por parte de Contrataciones Públicas, conforme señaló.

Seitz atribuyó a un problema de gestión de ambas partes (Salud Pública y empresas privadas) la falta del gas medicinal en este momento en los hospitales.

“Si hay un incumplimiento aunque sea menor, ni qué decir si es mayor, por parte de la empresa privada, el funcionario administrador del contrato designado por la institución pública como encargado de velar por el cumplimiento de ese contrato debe obligatoriamente utilizar todos los mecanismos de reclamo ante cualquier indicio de incumplimiento”, destacó.

Sumario a funcionarios

Manifestó que la gestión contractual es importante que sea adecuadamente ejecutada. Aclaró que Contrataciones Públicas no tiene atribuciones para sancionar a los funcionarios públicos deshonestos, sino que solo puede tomar acciones contra las empresas privadas que tienen contratos con el Estado.

“Cuando sancionamos a un proveedor, elevamos una fuerte recomendación a la máxima autoridad de la institución pública para que inicie sumarios contra funcionarios porque parte importante de la ausencia de adecuada ejecución contractual puede estar dada por la falta de acción del funcionario público”, alertó.

Con respecto a las posibles sanciones a ser aplicadas a los proveedores, Seitz mencionó que se podrá apelar a las multas y rescisión de contrato. El mecanismo también prevé la ejecución de póliza de seguro por un monto equivalente al 10% del valor del contrato. “Y todo ello se tiene que comunicar a Contrataciones Públicas para iniciar un proceso de aplicación de sanciones que puede ser una inhabilitación de tres años para contratar con el Estado”, puntualizó.

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