El abogado Pedro Wilson Marinoni, defensor de Reinaldo “Cucho” Cabaña, habló sobre la medida impuesta por el gobierno de los Estados Unidos de prohibir el ingreso del diputado y precandidato a la intendencia de Ciudad del Este, Ulises Quintana, por tener vínculos con su cliente.
El profesional aseguró que solo se trata de “tirar un salvavidas” a los fiscales que investigan el caso que actuaron de manera negligente, y que cometieron errores graves en el proceso de investigación contra Cabaña.
“Esta causa tiene más de dos años y no se ha llegado ni siquiera a una audiencia preliminar, es una aberración jurídica lo que hizo la Fiscalía y yo creo que esto es más bien un salvavidas que está tirando la embajada americana a los fiscales que actuaron negligentemente en toda esta situación”, cuestionó el abogado en entrevista para la 1000 AM.
Así mismo señaló que no es la primera vez que desde EEUU, se inmiscuye en un asunto interno del país. “Yo creo que los Estados Unidos siempre se inmiscuyó en asuntos internos de nuestro país, no es la primera vez que está realizando este tipo de declaraciones sin conocer la situación real del expediente, basándose en opiniones de personas muy interesadas como son la Senad y la Seprelad”, cuestionó.
Mientras tanto, señaló que el expediente tiene más de 150 tomos, tiene muchísimas variantes y la responsabilidad de todo este caso recae sobre la Fiscalía. “La Fiscalía cometió varias irregularidades, que necesariamente este caso va terminar con la nulidad y el sobreseimiento definitivo o absolución tanto de Ulises Quintana como de Javier Cabaña”, explicó.
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Metrobús: “Arnoldo Wiens debe responder por lo que hizo durante su gestión”, afirma abogado
La responsabilidad de cualquier daño patrimonial en la causa Metrobús debe analizarse en torno a las decisiones de la administración que truncó la obra en octubre de 2018, refirió el abogado Tarek Tuma. “El Ministerio de Obras Públicas, ya a cargo del siguiente ministro (Arnoldo Wiens), decidió no seguir con la obra, entiendo que esto no estaba justificado de ninguna manera”, puntualizó sobre el proyecto adjudicado en 2016 y que debía culminar a fines de 2018, cuatro meses después de asumir el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Cada funcionario público, en este caso ministro debe responder por lo que hizo durante su gestión, el exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona no tiene por qué responder por lo que pasó en una administración posterior, no se le puede atribuir no haber concluido la obra ya que durante su mandato se realizó parte de la obra que se pudo realizar” sostuvo Tuma, respecto al extitular del MOPC, que culminó su mandato en agosto de 2018 por el cambio de gobierno.
Señaló que su cliente entregó la obra vial al gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez con un avance del 18 % y sin ningún tipo de cuestionamientos. “Todos sus actos fueron convalidados por el Tribunal de Cuentas, que es el encargado de juzgar la ejecución de los gastos de los administradores”, refirió el representante legal, este viernes, al programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Agregó que cada acto realizado en torno a la obra durante la administración de Jiménez Gaona fue convalidado incluso por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Respecto al estado actual de la causa judicial que enfrenta su defendido, Tuma manifestó que se está a la espera de la audiencia preliminar. Alegó que al haber cumplido todas las normativas durante su administración y al haber sido la obra interrumpida por decisiones posteriores, no corresponde imputarle ninguna responsabilidad en el conflicto actual.
Las afirmaciones de Tuma surgen tras las afirmaciones del procurador general de la República, Marco Aurelio González, que aseguró que el proyecto no debió haber sido detenido y que las acciones posteriores provocaron el conflicto con la empresa portuguesa Mota-Engil, responsable de las obras del Metrobús, la cual había demandado al Estado paraguayo y en diciembre de 2023 se sentenció a una condena por USD 16 millones.
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Caso Correa es “calcado a lo que pasó en Paraguay”, afirma abogado de Cartes
“Lo que hicieron con Paraguay fue el inicio de esta serie de hechos que pretenden incidir en las elecciones libres y soberanas de un país”, expresó el abogado Pedro Ovelar en relación con las sanciones por “actos significativos de corrupción” aplicadas por Estados Unidos al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y al exvicepresidente Jorge Glas.
Ovelar sostuvo que lo acontecido recientemente con el líder del movimiento Revolución Ciudadana “tiene mucha similitud” con el caso de su cliente, el expresidente y presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, quien, de acuerdo con las denuncias, resultó víctima de una persecución política en el marco de las pasadas elecciones internas y generales.
“Esto es una manipulación del electorado e intromisión en los asuntos internos de un país. Estas medidas son arbitrarias, ilegales e inconstitucionales tanto en Paraguay como evidentemente en Ecuador. Se pasan por alto las autoridades estadounidenses. No es cierto que con el pretexto de que sus leyes se lo permiten, puedan afectar en un país el proceso interno electoral”, afirmó en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Las medidas tomadas por el Departamento de Estado del país norteamericano, que consisten en impedir el ingreso al territorio estadounidense a Correa, Glas y a sus familiares directos, llaman la atención en medio de las disputas electorales rumbo a los comicios presidenciales en Ecuador, previstos para el 9 de febrero de 2025.
El pasado jueves, Correa calificó de política, a las sanciones de Estados Unidos teniendo en cuenta que, según sus afirmaciones, su movimiento político Revolución Ciudadana se posiciona como favorito en el electorado ecuatoriano.
“Existen las mismas particularidades con el caso de Paraguay (persecución a Cartes y campaña contra la ANR). Estos adversarios tienen preferencia para las siguientes elecciones que se dan en pocos meses más en el Ecuador. Este es un caso calcado de lo que ocurrió en Paraguay, más allá de las sanciones mismas y la afectación de las familias que nada tuvieron que ver con el ejercicio del cargo, más allá de que sí se pudiese o no determinar en el futuro las responsabilidades de Correa”, dijo Ovelar.
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Asimismo, el abogado resaltó otras similitudes de la persecución política que enfrentó Cartes y que ahora afronta Correa, como, por ejemplo, la “existencia de un presidente genuflexo que permite y manipula con un gobierno extranjero la aplicación de sanciones. Se establecen los procesos secretos, donde ellos nomas (Estados Unidos) conocen las pruebas y los elementos que tienen, donde nunca dan derecho a la defensa, donde uno no tiene la posibilidad de impugnar cualquier tipo de pruebas que se haya obtenido o que se pretenda hacer valer. No se tiene un juez justo e imparcial, nada de eso existe”.
“Realizaron mucho ruido para hacer un mayor daño político”
No obstante, Ovelar resaltó una gran diferencia en la manera en que Estados Unidos dio a conocer las sanciones impuestas a Correa y Cartes. “Hay una diferencia entre el comunicado de Ecuador y lo que ocurrió en Paraguay. El comunicado de Correa fue publicado por el Departamento de Estado, pero no se realizó una conferencia con todos los medios para darle una mayor notoriedad y espectacularidad”, comentó.
Siguió sosteniendo que “Es por eso que señalamos que el embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield hizo un gran daño al Paraguay. El expresidente Mario Abdo Benítez en directa conexión, asociación con el embajador y algunos medios de comunicación, filtraron información, realizaron mucho ruido para hacer un mayor daño político, todo formó parte de una estrategia conjunta para dañar a Cartes, al Partido Colorado y llevar al poder otra lista que era a fin a los intereses del embajador y Abdo Benítez.
Deseaban que gane Efraín Alegre, utilizaron las instituciones públicas, filtraron información y procedieron a inmiscuirse en los asuntos internos del Paraguay”.
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Acortar los plazos procesales es una medida “atinada” contra los chicaneros, afirman
El abogado y exmagistrado Andrés Casati calificó como una medida acertada la iniciativa que modifica los artículos 6°, 136 y 305 de la Ley 1286/98, Código Procesal Penal, la cual apunta a erradicar la mora judicial proponiendo optimizar los plazos procesales dentro de una causa penal, tanto pública como privada.
“Se atenta contra los derechos humanos al someter al justiciable a procesos tan largos. Yo creo que es muy acertada y atinada. Por el mal uso de recursos procesales y la falta de ejercicio de los jueces al no penalizar y no castigar las chicanas presentadas por los abogados es que se fueron extendiendo cada vez más los plazos y estamos ante procesos que son interminables”, sostuvo.
El proyecto de ley fue aprobado este último martes en la Cámara de Diputados y deberá ser remitido al Senado para su estudio. En el documento se propone reducir el plazo máximo de la duración de los procesos penales de acción pública a 3 años, contados desde el primer acto procesal.
Mientras que para casos de acción penal privada, se establece en la iniciativa que el plazo máximo sería de 1 año y 6 meses. Otra de las modificaciones propuestas por los diputados se centra en que si el Ministerio Público no presenta requerimiento fiscal en 30 días tras una denuncia, el afectado puede solicitar directamente al juzgado la desestimación del caso.
“Lastimosamente, no se aplican las sanciones disciplinarias como se deberían aplicar. No hay derecho de tener a una persona en años de procesos, esto desestabiliza a cualquier ser humano y a toda una familia que hay detrás”, remarcó a la 1020 AM.
Asimismo, acotó que en el caso de sancionarse la propuesta en el Congreso Nacional y promulgarse en el Poder Ejecutivo, “simplemente los jueces tendrán que aplicar su poder disciplinario, no solo para nosotros los abogados litigantes, también tenemos fiscales chicaneros”.
Casati siguió sosteniendo que “Hay causas son rimbombantes, populares, en donde los fiscales realizaron apresuradamente o irresponsablemente imputaciones, las cuales después no las pueden construir para sostener una acusación y como no quieren retroceder violando el artículo 54 del Código Procesal Penal que habla de la objetividad a la cual está obligado el Ministerio Público, ellos mismos van suspendiendo las audiencias, chicaneando”.
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Ovelar sobre dichos de Pérez Hoyos: “Es la confirmación de la absoluta inocencia de Cartes”
El abogado Pedro Ovelar, quien ejerce la representación legal del exmandatario y presidente del Partido Colorado Horacio Cartes se refirió sobre las afirmaciones de Andrés Pérez Hoyos, quien desvinculó a su cliente del asesinato del fiscal de la Unidad Especializada de Crimen Organizado, Marcelo Pecci Albertini, perpetrado el 10 de mayo de 2022 en la isla Barú, Colombia.
“Esto no es más que la confirmación de lo que ya se había sostenido desde un principio, consistente en que la versión de Francisco Luis Correa Galeano no se encuentra sustentada en ningún elemento fáctico ni prueba alguna de la supuesta vinculación de Cartes en el crimen del fiscal Pecci, esto es la confirmación de la absoluta inocencia del expresidente”, dijo al diario La Nación/Nación Media.
Asimismo, Ovelar aguarda que mediante las manifestaciones de Pérez Hoyos, quien es considerado como el cerebro del asesinato de Pecci, todas las investigaciones contra Cartes tanto en Paraguay como en Colombia sean cerradas.
“Esto no es más que la verdad, nunca jamás el expresidente tuvo conocimiento y participación en el crimen de Pecci. Ahora lo que esperamos es que tanto del lado de la Fiscalía de Colombia como la Fiscalía paraguaya cierren cualquier causa de investigación abierta contra el expresidente, que esto se direccione hacia los verdaderos criminales de Marcelo, ya que con la versión falsa de Correa Galeano los únicos beneficiados son los promotores del asesinato”, sostuvo.
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De esta manera, la defensa legal de Cartes espera que el Ministerio Público colombiano pueda localizar a los responsables que “instigaron” a Correa Galeano a “mentir e involucrar” a Cartes con el crimen del agente fiscal.
“En Paraguay hay una carpeta abierta de investigación a partir de los dichos de este señor. Nosotros esperamos que el Ministerio Público tome estas declaraciones como la prueba fehaciente de que nunca, jamás Correa Galeano escuchó el nombre de Cartes. Sus declaraciones son absolutamente falsas, en especial la última dada en el juicio oral a Margareth Chacón donde introdujo el nombre de Cartes luego que en sus declaraciones anteriores nunca se haya referido a él”, comentó.
Asimismo, Ovelar acotó: “Aparte del cierre de cualquier proceso contra Cartes, nosotros analizaremos qué acciones podemos tomar respecto a la conducta de Correa Galeano por el daño que ha causado al expresidente. Todas las personas que se subieron maliciosamente sobre esta falsa versión tienen que mínimamente retractarse sobre los dichos y afirmaciones que dijeron sobre el expresidente”.
Instigado para dañar la reputación de Cartes
Ovelar manifestó que la acusación de Correa Galeano contra el expresidente de la República surgió con la única finalidad de “dañarlo y calumniarlo. Este señor estuvo instigado por personas que querían hacer daño a la reputación de Cartes. Ni siquiera esta versión que dio fue utilizada para su principio de oportunidad, es decir lo que dijo de Cartes, no sumó ni restó al beneficio obtenido para reducir su condena”.
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