El titular de la Dirección Nacional de Aduanas, Julio Fernández, anunció este martes que el presidente, Mario Abdo Benítez, autorizó la compra de diez escáneres que demandarán una inversión de US$ 30 millones y servirán para reforzar los controles de los contenedores.
“Tenemos la autorización del presidente para movilizarnos y ver, necesitamos comprar con urgencia 10 escáneres de alta capacidad para evitar tener eventos como el que tuvimos recientemente”, afirmó Fernández en conferencia de prensa realizada en la sede gubernativa.
Consultado sobre el monto de la inversión, dijo que se destinarán unos 30 millones de dólares, alegando que por la revisión de cada contenedor –con un costo aproximado de entre 15 a 25 dólares– se podrá pagar el crédito y, además, financiar el mantenimiento de las máquinas.
Compra a través de un crédito
“Necesitamos comprar en simultáneo porque si uno compra algunos y no cubre otros sectores, obviamente el narcotráfico puede utilizar”, dijo.
Explicó que por los puertos fluviales se movilizan 94% de los contenedores por lo que se requieren de siete escáneres para esas zonas y el resto servirá para cubrir los pasos fronterizos. “Con eso ya podríamos tener un control mucho más eficiente”, acotó.
“Estamos viendo la opción de adquirir a través de un crédito, pero recuperar costos cobrando por revisión de cada contenedor y con eso podríamos tener seguridad en los controles”, acotó.
Finalmente, expresó que Paraguay administra cerca de cien mil contenedores al año por lo que existe “una desventaja muy grande con el crimen organizado”.
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Irala/Libertad: Argentina autoriza cruce en balsa, intendente dice que sigue la traba
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, División Límite y Fronteras, de Argentina, comunicó a su par de Paraguay que “la entonces Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables no tiene objeciones” para el servicio de cruce fronterizo en transporte fluvial por el río Paraná, entre el Puerto Irala y Puerto Libertad.
La empresa autorizada es Macuco Ecoaventura y Navegación S.A. para las embarcaciones denominadas AFS 1 con matrícula No. 4885-RE y la balsa Rainha Irala, con matrícula No. 4886-BL. El cruce es para el transporte de pasajeros, vehículos y carga.
Para el inicio de operaciones, la empresa debe presentar los correspondientes seguros, incluyendo a ambas direcciones. Esto fue informado hoy por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La nota de comunicación data del 28 de febrero de 2025.
“Representa un avance significativo para la integración fronteriza, beneficiando al departamento de Alto Paraná y la provincia de Misiones con mayor conectividad, lo que agilizará el comercio, fomentará el turismo y facilitará el traslado de residentes y trabajadores entre ambos países”, según Patricio Ortega, director de la Marina Mercante, del MOPC.
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La traba continúa
No obstante, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), de Argentina, exige una mejor infraestructura para su oficina en el puerto. Hasta ahora, ninguna institución de ese país construyó dicha edificación, según lo señalado a La Nación/Nación Media por el intendente de Domingo Martínez de Irala, Derlis Benegas.
Manifestó que ya conocían de la autorización, pero “el verdadero problema radica en la exigencia de la Aduana de Argentina para la instalación de su oficina de control en el puerto”. Con esto, el proyecto largamente esperado por poblaciones fronterizas, sigue en espera.
Benegas manifestó que dicha institución no está de acuerdo con que la oficina funcione en un contenedor, como existe en el lado paraguayo y quieren una estructura mejor, con un tinglado para instalar su scanner. “La prefectura de Puerto Iguazú no dispone de los recursos para la construcción de un local para la Aduana y, mientras eso no tenga solución, seguiremos esperando”, dijo Benegas.
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DNCP levantó restricciones para compra de máquinas de votación
El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, confirmó que en la tarde de ayer miércoles fueron notificados sobre la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por la cual se revoca la suspensión de licitación para la compra de las máquinas de votación. Con esta medida facilita que continúe el proceso normal, luego de que se rechazaran algunas protestas al proceso de compras.
A la salida de una reunión que mantuvo en la Cámara de Senadores, el titular del TSJE resaltó que esta medida es favorable para la institución, atendiendo que se rechazó la protesta formulada por una de las empresas interesadas; así como otra protesta que hizo una compañía de seguros que también fue rechazada por la DNCP, de oficio y sin necesidad de ningún análisis, dando la razón a la Justicia Electoral.
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“Con esto el proceso sigue normalmente como marca la Ley en todas sus etapas y luego se pasa a un examen técnico en todas las etapas de las ofertas”, confirmó.
Compra y no arrendamiento
Por otra parte, Bestard mencionó que el precio referencial que está en la plataforma pública es de 93 millones de dólares. “Ese es un precio de referencia, no quiere decir que va a ser adjudicado por ese precio, pero es el precio que se toma de acuerdo a todas las propuestas que hacen las empresas que quieren participar, se saca un promedio con base a 28.000 máquinas”, precisó.
En cuanto a la decisión de la compra de las máquinas y no de arrendamiento, recordó que cuando se puso en vigencia la Ley 2.318, que establece la lista desbloqueada y el uso del voto electrónico, se había optado por el arrendamiento, ya que era la primera experiencia que se tenía. Además de eso, no se tenía con certeza si el sistema se iba a mantener.
“Hoy estamos en contacto con todas las fuerzas políticas, que nos dicen que el sistema se va a mantener por un buen tiempo, y no se va a volver atrás con las listas cerradas y bloqueadas. Entonces, se hizo un estudio financiero y tecnológico conjuntamente con el Ministerio de Economía, donde determinamos que era más conveniente desde el punto de vista financiero”, acotó.
Mencionó que en el estudio que hicieron contempla al menos 10 años de vigencia y que incluye un total de 8 procesos electorales, en los que se podría dar uso las máquinas. “Tomando en cuenta que para dos procesos electorales pasados, se llevó adelante el arrendamiento de las máquinas, donde para esas elecciones costó casi 59 millones de dólares. Por eso consideramos mucho más rentable la compra de las máquinas para un uso por 10 años y para 8 procesos electorales. Además, nos convertimos en los propietarios de las máquinas”, indicó.
Informó que dentro del pliego de bases y condiciones prevé que las baterías de las máquinas, que son altamente inflamables, se puedan extraer y almacenar por separados, a fin de evitar que ocurran percances en el futuro.
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Senado aprueba declarar en emergencia el Chaco paraguayo por inundaciones
A propuesta del senador Orlando Penner, la Cámara de Senadores analizó y aprobó por unanimidad un proyecto de Ley que declara en situación de emergencia los tres departamentos del Chaco: Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay. La iniciativa fue presentada ante la grave situación que están pasando muchas comunidades chaqueñas por las constantes lluvias, que los deja prácticamente aislados.
La propuesta del senador Penner fue analizada sobre tablas, y para el efecto, el plenario se constituyó en comisión para dictaminar y plantear algunas modificaciones al proyecto. Tras un breve debate y la consideración de algunas propuestas para su modificación, el pleno aprobó por unanimidad y el documento, con media sanción, ahora pasa a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración.
El senador Penner explicó ante sus colegas que la zona del Chaco, en toda su extensión, constantemente está dando de qué hablar, ya sea por problemas de extrema sequía, y en otros casos, como se vive actualmente, el problema de las inundaciones a causa de las constantes lluvias que se registran en esta época del año.
“En medio de estas cuestiones climáticos existen muchos problemas de salud que atender con urgencia, también hay problemas en educación, porque los niños y niñas están perdiendo días de clases. Pero, sobre todo, la alimentación y la salud no puede faltar a las comunidades nativas y chaqueñas”, comentó.
Agregó que una declaración de emergencia ayuda a evitar largos procesos burocráticos al Ejecutivo, para que la ayuda pueda llegar a las comunidades chaqueñas que están desesperados por contar con soluciones concretas. La declaración permite al Ejecutivo disponer que los helicópteros de las Fuerzas Aéreas para que lleguen a la zona donde hay mujeres embarazadas, que no tienen salida a un hospital ni centro sanitario.
Designación presupuestaria
A su turno, el senador Natalicio Chase destacó que una declaración de emergencia es la herramienta que facilita al Estado paraguayo hacerse presente en el lugar que le necesite. Pero la forma de llegar más rápida a las comunidades más alegajas es asignarles los recursos necesarios a las gobernaciones del Chaco para que puedan llegar con mayor efectividad a las zonas más necesitadas.
Por ello propuso la inclusión a la propuesta de ley, la asignación presupuestaria por un valor de 5.000 millones de guaraníes a cada una de las tres gobernaciones del Chaco. También sugirió que, cumplido el plazo de tres meses, deberá rendir cuentas ante la institución pertinente sobre el uso de estos fondos.
El titular del Congreso, Basilio Núñez, comentó que está en permanente comunicación con los gobernadores, quiénes les mantiene al tanto de la situación que están atravesando; por lo que expresó su apoyo total a la propuesta.
El senador Sergio Rojas mocionó instar al Ejecutivo a la instalación de un aeropuerto en Bahía Negra, ya que de todas las ciudades chaqueña esta zona es la peor de todas, ya que actualmente existen dificultades para llegar ya sea por tierra, agua o incluso aire, al no contar con un aeropuerto. Pero, explicaron que este tipo de propuesta debe ser presentado a través de otro proyecto de Ley.
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DNCP responde a Prieto: “Nuestra institución es técnica, no entramos en guerra política”
“Se pretendía llevar adelante una licitación de manzanas con las características técnicas de unas peras”, manifestó el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, sobre el viciado proceso de licitación que fue encarado por el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, para la compra de 10.500 muebles escolares chinos.
“Nosotros nos guiamos por documentos, no entramos en ninguna guerra política. La DNCP es una institución 100 % técnica, vela por un proceso transparente y competitivo”, sostuvo Encina, este lunes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Encina defendió la decisión de la DNCP de anular el procedimiento de contratación y ordenar la reformulación de los precios de referencia del llamado. “Es importante aclarar que la DNCP ya alertó el 7 de marzo del año 2021 a la municipalidad de Ciudad del Este que ellos eran los únicos responsables de sus precios referenciales y que debían hacerse de conformidad a lo que se establece en las leyes y normativas vigentes. Para ser más específicos, tenían que ceñirse a la guía de precios referenciales establecidos por la DNCP y no lo hicieron así”, refirió el titular de la entidad.
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Fuera del marco legal
Las afirmaciones de Encina surgen ante los ataques realizados por el dirigente opositor con el apoyo de medios de comunicación afines contra la institución que encabeza. Prieto acusó de manera ligera a la DNCP de encubrir un supuesto “negociado” en la Entidad Binacional Itaipú con relación a la compra de 330.000 muebles escolares de la empresa paraguaya Kamamya SA.
“Yo creo que la Municipalidad de Ciudad del Este debe estar agradecida porque la DNCP anuló la licitación al inicio y no al final del proceso porque realmente todo lo que se había hecho se encontraba fuera del marco legal establecido”, puntualizó Encina a Nación Media.
La anulación del proceso licitatorio fue concretado tras el reconocimiento de las empresas cotizantes con la administración de Prieto, cuyos representantes sostuvieron haber presentado erróneamente sus presupuestos para la confección de los precios referenciales. “Nosotros solo nos ceñimos a cumplir con nuestro rol de ente de control y anulamos este proceso ya que hubieron confesiones documentales de los mismos cotizantes”, sentenció el director de DNCP.