Un grupo de manifestantes se encontraba en las inmediaciones del Congreso Nacional e intentó ingresar a la sede sin acreditarse; con empujones buscaban sobrepasar la barrera policial que se instaló en la entrada.
Los mismos habrían solicitado hablar con el senador Pedro Santacruz, los encargados de la seguridad en el Palacio Legislativo solicitaron que se registren antes de su ingreso, así como cumplir con los protocolos sanitarios, pero se resistieron a cumplir con las medidas de seguridad para luego incidentar.
El comisario Roberto Núñez dijo que se negaron a acreditarse para ingresar a fin de hablar con el senador Pedro Santacruz. Ante la situación de agresión que se dio contra la policía y los empujones en la entrada misma, el senador tuvo que llegar hasta el lugar para lograr contener las agresiones que se estaban dando.
También se dio otro incidente por parte de Marcos Cecilio Benítez, dirigente liberal, que ya cuenta con antecedentes por la quema del Congreso y la agresión contra un periodista. En esta ocasión golpeó a un señor que fue a hacer un trámite en la institución pública.
La reacción de la Policía es prácticamente nula ante un grupo pequeño que desde hace días se encuentra acampando en la Plaza de Armas. Los reclamos siguen siendo contra el gobierno de Mario Abdo Benítez y por los jóvenes manifestantes que están presos por el incendio de Colorado Róga.
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El Gobierno amplía el acceso a la vivienda al sector policial
Dentro de las acciones encaradas por el gobierno del presidente Santiago Peña para reivindicar la labor de los efectivos policiales se encuentra la intención de facilitarles el acceso a una vivienda digna mediante el programa Che Róga Porã 2.0. La iniciativa fue lanzada en el 2024 y está dirigida a los ciudadanos con ingresos de entre uno y cinco salarios mínimos con plazos de hasta 30 años y una tasa de interés anual del 6,5 %.
“La policía también tiene derecho a su vivienda propia. Queremos que este sector pueda acceder a una solución habitacional real, sostenible y digna”, dijo el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, tras mantener un encuentro con el ministro del Interior, Enrique Riera, comandantes, subcomandantes y encargados del área administrativa de la Policía Nacional.
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Durante el encuentro se solicitó al Ministerio del Interior realizar un relevamiento de todos los funcionarios policiales interesados en participar del programa, para analizar cada caso y acompañarlos con soluciones personalizadas, ya sea para construcción, compra, ampliación o cancelación de deuda, informaron desde el MUVH.
Lo que establece el programa Che Róga Porã 2.0
El programa Che Róga Porã 2.0 contempla la construcción de una vivienda en terreno propio, la cancelación de deuda por lote más construcción, la compra de una vivienda o departamento ya terminado y la ampliación o refacción de una vivienda existente.
El crédito puede alcanzar hasta G. 500 millones por beneficiario, quienes ganan hasta cinco salarios mínimos o tener en cuenta la suma de ingresos familiares. Uno de los grandes diferenciales es la tasa fija del 6,5 % en guaraníes a 30 años.
“El beneficiario elige su arquitecto, presenta el presupuesto y recién paga cuando la casa esté lista. Este es un plan real, pensado para la gente que trabaja todos los días por el país”, remarcó Baruja tras el encuentro con los uniformados.
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Titular del Congreso condena racismo contra delegación de Cerro Porteño en Brasil
El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio “Bachi” Núñez, emitió este viernes un comunicado expresando su solidaridad hacia la delegación y simpatizantes del club Cerro Porteño tras las agresiones xenófobas y racistas que recibieron por parte de los aficionados del club Palmeiras, en el marco de un partido de la Copa Libertadores en Brasil.
A través de una nota oficial difundida por la Cámara de Senadores, Núñez “eleva su reclamo ante las autoridades del país vecino, instándolas a adoptar medidas que prevengan este tipo de aptitudes, denunciadas por nuestros compatriotas. Estas conductas deben ser abordadas como un problema que exige una nueva cultura basada en la tolerancia y el respeto”.
El comunicado refiere también que “Paraguay es un país que aprendió a resistir desde la tolerancia. Fuimos víctimas de atropellos, exterminio y saqueos en una etapa de nuestra historia que transformamos en fortaleza para nuestro espíritu nacional. No pedimos respeto, lo exigimos, como base indispensable para una relación fraterna y genuina entre pueblos”.
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Asimismo manifiesta que “el uso estridente y desproporcionado de un incidente anterior por parte de la presidencia del Club Palmeiras constituye una lección sobre lo que no debe ocurrir, ya que solo profundiza la discriminación al intentar justificarla con más discriminación”.
Vídeos difundidos mediante las redes sociales evidenciaron los actos racistas y xenófobos, de los fanáticos del Palmeiras contra sus pares de Cerro Porteño. Se puede observar la arremetida de los brasileños, que realizaron gestos de monos contra los paraguayos en San Pablo.
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Víctimas de la mafia de pagarés recurrieron al Congreso: “Esta es una causa nacional”
Desgarradores testimonios fueron esgrimidos por las víctimas de la mafia de los pagarés mediante una audiencia pública realizada este jueves en el Congreso Nacional. Durante la ocasión expusieron fotografías de los estafadores y repudiaron que el esquema sea apañado por autoridades del Poder Judicial.
Una de las víctimas es la enfermera jubilada del Hospital de Clínicas, Luciana Bernavet, quien indicó que desde el año 2023 viene padeciendo un descuento sideral de su salario por una deuda inexistente. “Yo tengo 65 años, soy enferma de reumatología. Del total de mi salario solo me queda la suma de un millón seiscientos mil guaraníes, con esto debo pagar los servicios de luz, agua y alimentos”, dijo en una entrevista con el programa “Dos en la Ciudad” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Bernavet, entre lágrimas, siguió sosteniendo que el embargo de su salario empezó sin previo aviso. “En total me sacan la suma de millón cuatrocientos cincuenta mil guaraníes, de una cuenta que ya pagué todo, tengo documentos que indican que incluso ya no debo nada”.
La mujer estuvo acompañada por Mirna Gallardo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE), quien repudió el posicionamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al rechazar anular los embargos de las víctimas de la mafia de pagarés.
“Es una pena, una incertidumbre terrible y genera una impotencia el comunicado paupérrimo de la Corte Suprema de Justicia, en donde deja a todas estas personas víctimas de la mafia de los pagarés al libre albedrío. La señora Luciana no ejerció el derecho a la defensa, fue notificada en el Hospital de Clínicas, cuando ya estaba jubilada”, indicó.
Gallardo acotó: “Cómo Luciana iba a ejercer el derecho a la defensa si no se dio por enterada. Tomó conocimiento de que está embargada cuando dejó de percibir su salario. Esta es una causa nacional, no podemos permanecer indiferentes y que sigan robando a nuestras compañeras jubiladas y activas por deudas que no han contraído, por pagarés falsos o deudas cobradas por dos o tres veces”.
Detalló que un total de 40 enfermeras se encuentran siendo víctimas del esquema. “Acá se tiene a un montón de gente que se está aprovechando, lucrando y enriqueciendo. Instamos a las autoridades del Ministerio de la Defensoría Pública que acompañen y ayuden a resolver esta grave situación”, comentó.
Senadores que impulsaron la audiencia pública, evalúan impulsar una normativa que paralice el descuento compulsivo de los casos judicializados y en donde los presuntos estafadores ya se encuentran siendo investigados.
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El Salvador es un país seguro para viajes, sentencia EE. UU.
- San Salvador, El Salvador. AFP.
Estados Unidos calificó a El Salvador como un país seguro para que lo visiten sus ciudadanos debido a una drástica reducción de la violencia, una decisión celebrada por el presidente Nayib Bukele. El cambio es consecuencia de la guerra contra las violentas pandillas lanzada hace tres años por Bukele, que permitió que los homicidios bajaran de 36 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 1,9 en 2024.
Y se produce luego de que la Casa Blanca anunciara que Trump recibirá a Bukele la próxima semana. La administración de Donald Trump redujo el nivel de alerta para los viajes al país centroamericano, pues “la actividad de pandillas, los delitos violentos y los asesinatos en El Salvador han disminuido significativamente”, informó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la red X.
“Mantener seguros a los estadounidenses en el extranjero es nuestra máxima prioridad”, agregó Rubio, quien aseguró que el “liderazgo” de Bukele ha sido crucial para mejorar la seguridad en el país. “El Salvador acaba de recibir la estrella dorada de viajes del Departamento de Estado de Estados Unidos. Nivel 1: el más seguro”, se congratuló Bukele en X.
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Bukele mantiene presos a más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos, que asegura sin dar pruebas que son criminales. Sin embargo, el gobierno de Caracas y sus familias afirman que eran apenas migrantes. El 27 de marzo de 2022, en respuesta a una escalada de 87 homicidios en un fin de semana, Bukele instauró un régimen de excepción para combatir a las pandillas, que se financiaban con el cobro de extorsiones y venta de drogas.
El régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, acumula más de 86.000 detenidos, de los cuales 8.000 han sido liberados por ser inocentes. Organismos de derechos humanos denuncian abusos bajo el régimen de excepción y afirman que hay muchos inocentes tras las rejas.
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Trump recibirá a Bukele
El presidente estadounidense, Donald Trump, recibirá el 14 de abril en la Casa Blanca a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, cuya cooperación “se ha convertido en un modelo para otros”, afirmó la portavoz Karoline Leavitt. Bukele es un gran aliado de Trump, prestándose a recluir a deportados en sus prisiones, sobre todo en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel inaugurada en 2023 para albergar a pandilleros.
En esa prisión fueron recluidos 238 venezolanos expulsados de Estados Unidos bajo la ley de enemigos extranjeros de 1798, acusados sin presentar pruebas de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Venezuela lo considera un secuestro.
“Hablarán sobre la colaboración de El Salvador para usar su prisión de máxima seguridad para los pandilleros del Tren de Aragua y la MS-13″, afirmó Leavitt en rueda de prensa. En esta “visita de trabajo oficial” Trump tendrá la oportunidad de agradecer a Bukele su cooperación. Lo ha hecho varias veces públicamente. “Gracias a El Salvador y, en particular, al presidente (Nayib) Bukele, por su comprensión ante esta horrible situación” (...) ¡No lo olvidaremos!”, escribió en marzo.
Desde marzo de 2022, Bukele libra una “guerra” contra las pandillas amparado en un régimen de excepción, bajo el cual más de 83.000 personas han sido detenidas. Unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes. Según organizaciones locales de derechos humanos, 368 personas han muerto en las cárceles de El Salvador durante el régimen de excepción.