En la mañana de este lunes miembros de la Coordinadora Nacional de Personas con Discapacidad se aglutinaron frente al Congreso Nacional con el fin de exigir la sanción del proyecto que plantea otorgarles una pensión equivalente a 25 % del salario mínimo, que representaría actualmente la suma de G. 699. 557.

La iniciativa va dirigida exclusivamente para los adultos mayores que posean discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, congénita o adquirida que se vean impedidas de desarrollar una actividad digna y remunerada. Pese a los reclamos, el documento presentado en noviembre del 2023, que ya cuenta con la media sanción de Diputados, no figura en el orden del día para su estudio en la sesión ordinaria del Senado prevista para este miércoles.

No obstante, el senador Natalicio Chase sostuvo que cualquiera de sus colegas posee la atribución de solicitar el tratamiento del proyecto en el estadio de sobre tablas. No obstante, el legislador indicó que persiste la tendencia al rechazo.

“La postura inicial del Senado fue el rechazo, seguramente será la misma y se requerirá de 30 votos. Al principio no hay un cambio, teniendo en cuenta las manifestaciones desde el Ministerio de Economía y Finanzas que refiere que es insostenible la aplicación de este proyecto de ley porque no está estudiado a cabalidad”, mencionó tras finalizar la reunión de la mesa directiva de la cámara.

Leé también: Venta de energía al Brasil expone una buena sintonía para la revisión del tratado de Itaipú

Chase explicó a la vez que la citada cartera estatal no participó en la elaboración y discusión de la iniciativa legislativa. Agregó que de concretarse este paso, se podría impulsar un nuevo proyecto con mejores estudios técnicos para luego aprobarlo.

Ante esta situación, los manifestantes alegaron que permanecerán en las inmediaciones del Congreso de manera indefinida como medida de fuerza hasta lograr la sanción del proyecto. A la vez no descartan tomar medidas de fuerza más duras, como una huelga de hambre en caso de que sus reclamos no sean atendidos.

Te puede interesar: CGR confirma blanqueo a Bataglia: “Hay hechos de relevancia penal que no fueron investigados”

Con el objetivo de abordar los derechos y desafíos de los pueblos indígenas en Paraguay, el Comité Impulsor de Apoyo a Pueblos Indígenas de la Fundación Paz Global Paraguay – Área Mujer, organizó el Foro Nacional “Hacia un desarrollo inclusivo de los Pueblos Indígenas”, que tuvo lugar en la Sala Bicameral del Congreso Nacional, el pasado viernes.

Se reunieron líderes indígenas, funcionarios gubernamentales y representantes de diversas organizaciones para conversar respecto a temas fundamentales en el avance hacia políticas públicas que beneficien a las diferentes comunidades indígenas de todo el territorio nacional.

El foro se estructuró en tres paneles de discusión, en el primero se abordó las políticas públicas y acciones gubernamentales necesarias para el bienestar indígena, como segundo punto se exploró la rica cosmovisión de los pueblos indígenas, y en tercera instancia se evaluó el impacto de las políticas actuales en sus comunidades.

Podés Leer: Vehículo cayó dentro de un pozo en zona de obras sobre la avenida Eusebio Ayala

“Es hora de que los pueblos indígenas no solo sean escuchados, sino que sean protagonistas en la construcción de políticas que reflejen sus necesidades y aspiraciones”, indicó María Ester Jiménez, presidenta de la Fundación Paz Global – Área Mujer y viceministra de Protección y Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social al iniciar el encuentro.

Por su parte, Marlene Ocampos, directora del Área Social Chaco, en representación de la presidenta de la Fundación Paz Global Mujer, destacó la importancia de trabajar de manera conjunta para que la inclusión social no solo sea un deseo, sino que una realidad en nuestro país.

En otro momento señaló que es clave generar más espacios en los que la conversación se pueda centrar en los pueblos indígenas y las herramientas que los mismos necesitan en diferentes ámbitos, “nuestra misión es construir un puente de diálogo que asegure el respeto y la promoción de la cultura y derechos de los pueblos indígenas”, expresó.

En la misma tesitura, todos los demás participantes estuvieron de acuerdo en que el foro no solo sirvió como espacio de diálogo, sino también como inspiración para avanzar hacia un futuro más equitativo e inclusivo, renovando la esperanza de que estas discusiones se traduzcan en acciones concretas.

Lea También: César Sosa inició transformaciones educativas en Guairá, con refacción en 32 escuelas

El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

Lea también: Carmen Villalba seguirá recluida en cárcel de máxima seguridad en Minga Guazú

La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

Te puede interesar: Operación Fleeting: ratifican prisión de imputado

La Asociación de Productores Agrícolas y otros gremios exige al Congreso Nacional que se mantengan las sanciones ante el incumplimiento del uso del 50 % de alcohol elaborado con caña de azúcar y otros cereales para la mezcla con naftas, modificación hecha al artículo 3 de la ley n.º 5444/2015, de fomento de consumo de alcohol absoluto y alcohol carburante; y que fue objetada por el Poder Ejecutivo por decreto 2698, del 14 de octubre, en rechazo de la aplicación de “sanciones no pecuniarias”.

Aida Martínez, miembro de la asociación, explicó en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, que esta ley está vigente desde el 2015, que prácticamente nunca se cumplió con la disposición del uso del alcohol y que es más fácil pagar una multa que comprar la producción. Por lo tanto, si no se veta ese cambio, los productores se verán más perjudicados. Ante esta situación, se manifestarán este jueves 24 de octubre en diferentes puntos del país.

“Estamos en esta situación, nos vemos obligados a salir a la calle, pedimos disculpas porque vamos a interrumpir por un momento las rutas, pero no tenemos salida. Esta ley está vigente desde el 2015 y no se le da cumplimiento. Cuando empezamos a cosechar el producto, durante un buen tiempo los tanques están llenos y tenemos que estar esperando. Muchas veces no trabajamos 2 a 3 días. El mercado no es seguro”, precisó Martínez a Universo 970 AM.

Leé también: Paraguay propició intenciones de negocios por USD 103 millones en la feria Sial

Reiteró que esperan que esta ley se vuelva a estudiar porque las movilizaciones van a ser continuas hasta que los congresistas den lugar a su pedido. Contó que una fábrica en el departamento de Caaguazú cerró su fábrica, que a la fecha tienen un 40 % de caña en pie y que son miles de familias las que son damnificadas.

“No vamos a tener fin de semana, no vamos a descansar porque como dice uno de nuestros compañeros, ya no tenemos nada que hacer”, expresó. El sector cañero mueve económica directamente a unas 250.000 familias en ese departamento. Luego, con la cadena de valor ese debe multiplicar por cuatro, por cada familia que hay detrás de los productores. Además, este número se traslada a otros departamentos.

Te puede interesar: Mantener la calificación de Fitch no es dramático, afirman desde la UIP