El senador Sergio Godoy cuestionó las acciones del Gobierno que, a su criterio, repercutieron para agravar la situación del sistema sanitario. Esto sucedió ante la falta de gestión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que solo reacciona cuando se siente amenazado, sostuvo.
“Robaron lo que no tenían que robar, por eso faltan camas, medicamentos y todo lo que ya sabemos. El precio de la corrupción es más grave que nunca porque está directamente relacionado con las muertes y las desgracias”, mencionó en una entrevista con la 650 AM.
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Sobre los cambios que se dieron en el gabinete ante la amenaza de un juicio político, una vez más dijo que respondían a circunstancias extremas porque Abdo Benítez estaba en aprietos por las presiones sociales y políticas.
“Cuando se hablaba de juicio político, ahí el presidente le pide la renuncia a todos, cuando él podía destituir, terminó cambiando un par”, dijo.
Víctimas de corrupción
Muchas familias tuvieron que enterrar a parientes o amigos, otras están luchando en terapia intensiva, estas personas se convirtieron en víctimas del sistema corrupto, según Godoy, debido a “la corrupción, la desidia y la inoperancia del Gobierno, que lastimosamente llevó a muertes y a hechos graves”, lamentó el senador colorado.
Finalmente, espera que el presidente haga otro golpe de timón, pero “la historia nos demostró que solo lo hace cuando se siente sumamente amenazado, en su cabeza todo está bien”, recriminó, atendiendo a que en su último mensaje Abdo Benítez se calificó de estadista y a su criterio fue solo el mecanismo Covax el que incumplió.
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“El Comando de Honor Colorado le sigue dando total respaldo a Peña”, dice Ovelar
“El objetivo de algunos medios y la oposición es la fractura entre la conducción nacional y el Partido Colorado, pero esto no existe”, dijo el senador Silvio “Beto” Ovelar, sobre la campaña de sabotaje que enfrenta el presidente de la República, Santiago Peña. Los ataques no se limitan contra el gobierno del economista, sino que también alcanza a su base de sustento político, la agrupación tradicional y su titular, Horacio Cartes.
“El presidente Peña se ha convertido en un stand de tiros especialmente por parte del grupo Abc. El Comando del movimiento Honor Colorado le sigue dando total respaldo a Peña”, manifestó en una entrevista con los medios de comunicación.
Los ataques sistemáticos son desplegados principalmente por el medio perteneciente a la familia Zuccolillo y Última Hora, según las denuncias realizadas por el entorno político del mandatario, quienes constantemente alegan que no ejercen el papel de una prensa crítica, que señala problemas e impulsan el debate sobre posibles soluciones, sino que falsean con alevosía los hechos de la realidad y permanentemente buscan crear un clima de inestabilidad.
“Mientras Peña responda al cartismo será objeto de todo tipo de ataques, esta es una confrontación abierta. Siempre habrán excusas para que estos medios disparen contra el presidente y esto no lo vamos a poder evitar ya que es una guerra desatada, que no tiene tregua”, comentó.
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Entre las campañas colosales de manipulación de la información lanzada por ambos medios días atrás en forma coordinada guarda relación con un supuesto conflicto de intereses cometido por el jefe de Estado, en su anterior vínculo empresarial con ueno Holding.
Esta artimaña es acompañada fuertemente por los parlamentarios de la oposición y del abdismo, quienes plantean someter a Peña a un juicio político. “Las denuncias contra el presidente forman parte de un esquema bien armado”, sentenció Ovelar.
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Caso Odebrecht: justicia peruana dará a conocer sentencia contra el expresidente Humala
La justicia de Perú anunciará este martes la sentencia contra el expresidente Ollanta Humala en el caso por presuntos aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y de Venezuela a sus campañas de 2011 y 2006, en el que arriesga 20 años de prisión.
El fallo pondrá fin a más de tres años de audiencias contra este exteniente coronel de centroizquierda que gobernó Perú entre 2011 y 2016. Odebrecht, cuyo escándalo de sobornos y corrupción salpicó a varios países de América Latina, reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en coimas y donaciones electorales ilegales en Perú desde inicios del siglo XXI.
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La lectura del fallo contra Humala en el tribunal está prevista a partir de las 09:00 locales (14:00 GMT) en presencia del expresidente, de 62 años y quien afronta el juicio en libertad. “No se ha probado que haya ingresado dinero de Venezuela en 2006 y nunca se corroboró que ingresó dinero de Odebrecht en 2011″, zanjó el domingo a la radio RPP su abogado Wilfredo Pedraza.
Acusación
La Fiscalía lo acusa de lavado de activos por supuestamente ocultar que recibió 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña de 2011 que lo llevó a la presidencia, según declaró a fiscales peruanos el exnúmero uno de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht.
Nadine Heredia, esposa de Humala, también está imputada como cofundadora de su agrupación Partido Nacionalista. Según la acusación, en su fallida campaña de 2006 la pareja habría desviado también unos 200.000 dólares enviados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a través de una empresa de ese país.
La Fiscalía pidió 20 años de prisión para Humala y 26 años para Heredia, a quien acusan además de ocultamiento de fondos por “compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht”. La pareja niega haber recibido dinero de Chávez o de alguna empresa brasileña.
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En el caso de Venezuela, la tesis fiscal es que el dinero lo envió “el ya fallecido expresidente Hugo Chávez a través de transferencias bancarias con la empresa de inversiones Kayzamak”. Humala es el segundo de un total de cuatro expresidentes salpicados por la trama de corrupción de Odebrecht en Perú.
Según la Fiscalía, el escándalo implicó también a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aún investigado; y Alejandro Toledo (2001-2006). Toledo fue condenado en 2024 a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos a cambio de obras en su gobierno.
Fuente: AFP
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Ante irregularidades denunciadas por víctimas, senador planteará crear un registro de pagarés
El senador de la bancada “Yo Creo”, José Oviedo, anunció que presentará un proyecto de ley que crea un registro de pagarés, a fin de buscar una solución a los problemas de las víctimas, atendiendo que la Corte Suprema de Justicia ha informado que no podrá suspender los embargos que pesan sobre ellas.
En charla con varios medios de prensa, desde la Cámara Alta, señaló que acompañó una de las audiencias públicas realizada recientemente sobre este tema de la Mafia de los pagarés, en la que tuvo la oportunidad de escuchar testimonios desgarradores que expresaban que no se está pudiendo detener esta situación. A raíz de esto, indicó que ya está trabajando en algunas propuestas legislativas.
“La Corte Suprema ha sacado un comunicado en el que decía que cada afectado se haga cargo de su problema, y eso es lo que no están pudiendo hacer, los afectados ya no pueden hacerse cargo de sus problemas. Nosotros desde el Poder Legislativo vamos a tener propuestas de leyes. Por ejemplo, vamos a plantear un Registro de Pagarés, que establezca que si el pagaré no está registrado no podrá tener efectos”, precisó.
Mencionó que en lo personal recibió denuncias sobre usos indebidos de esos pagarés, pero no pudo dimensionar todo lo que venía arrastrando por debajo; como sí lo pudo ver el abogado Rolón Luna, que fue quien descubrió y puso a conocimiento público toda esta mafia de los pagarés. “Vamos a tener propuestas legislativas, pero también debemos tener en cuenta que la Justicia no se está haciendo cargo. No están reconociendo su cuota de culpabilidad en todo este esquema”, remarcó.
Respecto a esa complicidad judicial, el legislador señaló que es necesario auditar todos los juzgados del país. “En las audiencias públicas hemos escuchado muchas quejas contra los Juzgados de Villa Elisa, Mariano Roque Alonso, Villa Hayes, que han sido los juzgados los que han llevado más casos vinculados a la mafia de los pagarés, pero seguramente en todos los juzgados habrá implicados, entonces se deberían auditar todos los juzgados del país”, enfatizó.
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Venta de asfalto: afirman que Ostfield ignoró hechos de corrupción de Mario Abdo
“Yo creo que Mario Abdo Benítez incurrió en hechos de corrupción, hay indicios suficientes”, dijo el senador Antonio Barrios, al referirse en torno a las ganancias exponenciales del exjefe de Estado mediante la venta de asfalto. El exembajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, pasó por alto esta situación y junto al líder de Fuerza Republicana impulsó un esquema de persecución política contra el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.
“Sus empresas tuvieron un crecimiento exponencial durante la pandemia. Nos llama muchísimo la atención la forma en que el exembajador Ostfield defendió a Abdo mediante datos sesgados, medias verdades y mucha manipulación”, sostuvo en una entrevista con La Nación/Nación Media.
Las declaraciones de Barrios surgieron tras la filtración de un documento enviado por Ostfield al Departamento de Estado del gobierno estadounidense en noviembre de 2024. En el informe se confirma cómo el diplomático atropelló la soberanía del Paraguay, realizando acusaciones sin pruebas para justificar sanciones contra los adversarios políticos de Abdo Benítez, además defendiendo a su “aliado” ante cuestionamientos por los beneficios que sus firmas Aldia S.A. y Createc S.A., lograron con el negocio del asfalto en plena crisis sanitaria por el covid-19.
“Abdo Benítez acompañado por sus exministros produjeron documentos no auténticos y eso enviaron al Departamento de Estado del país norteamericano. Ellos configuraron un terrorismo de Estado y esto lo denunciamos desde el inicio de todo este operativo. Era evidente que había una alianza entre Ostfield y Mario Abdo contra el expresidente Cartes”, indicó Barrios.
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El diplomático alegó que “Abdo Benítez” era víctima de una persecución política y que todas las ventas de sus empresas fueron concretadas en el sector privado y no al gobierno. Lo que Ostfield obvió en su inexplicable complicidad es que la denuncia provino de organismos estatales como la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Además terminó ninguneando el “apriete” que las empresas privadas soportaban para comprar el asfalto de Aldia y Createc. “Durante el gobierno de Abdo Benítez se hicieron una gran cantidad de rutas y asfaltos, sin respaldo presupuestario y esto es algo muy llamativo. Todo esto obra en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, evidentemente acá el Ministerio Público debe establecer una investigación de oficio (sobre el crecimiento exponencial de sus empresas)”, sentenció Barrios.
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