Más que nunca, el exiguo nivel que presentan los cauces hídricos debido a la falta de lluvias en el norte del Paraguay y sur de Brasil hacen necesarios los trabajos de dragado de los ríos, especialmente los dos más importantes que son utilizados para el intercambio comercial con el extranjero.

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Desde ese punto de vista, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recibió ayer viernes cinco propuestas económicas en el marco de la licitación para los trabajos de mantenimiento y dragado del río Paraná.

Las autoridades de la cartera de Obras indicaron que las empresas que presentaron sus ofertas fueron: Ingeniería de Topografía y Caminos T&C S.A., Arte y Estructura S.A., Terminal Occidental S.A., Signature S.R.L. y Trociuk Puertos S.A., con presupuestos que varían entre G. 64.633.928.100 y G. 77.779.642.900

“El llamado está dividido en tres tramos estratégicos que conectan la zona de Yacyretá con el río Paraguay: el primer lote comprende desde La Patria hasta Vuelta Itatí; el segundo, desde Habra hasta Carpinchero; y el tercero, desde Cancha Dorada hasta Naranjito”, explicaron.

Agregaron que las intervenciones incluyen volúmenes que oscilan entre 342.857 y 632.143 metros cúbicos por tramo, con el objetivo de reducir la sedimentación que afecta la profundidad del río e impide el paso eficiente de embarcaciones de gran calado. Estas labores contribuirán a la reducción de costos y a la optimización de la capacidad de transporte fluvial.

Uno de los puntos principales que aclararon es que el MOPC estableció un plazo de 26 meses para la finalización de las obras, ajustando el cronograma a las variaciones del nivel del río y a las necesidades específicas de cada tramo. El plan también contempla posibles ajustes en función de las condiciones del cauce y de requerimientos que puedan surgir durante las operaciones.

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Finalmente, indicaron que con la ejecución de este proyecto se busca mejorar las condiciones actuales de navegabilidad y apoyar a productores y exportadores paraguayos, fortaleciendo así la logística fluvial y el desarrollo del comercio regional.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, indicó que están expectantes a la licitación de las tobilleras electrónicas puesto que será un elemento clave para evitar la superpoblación penitenciaria y en este sentido dijo que también existe un trabajo conjunto con la Corte Suprema de Justicia de modo a buscar alternativas a la prisión.

“Ya estamos próximos a implementar los brazaletes electrónicos, tuvimos una reunión con el ministro del Interior, Enrique Riera, hace un par de días porque por fin los procesos de llamado a licitación y todo lo que tiene que ver con la parte administrativa para la adquisición de estos dispositivos están destrabados y estamos próximos a la adjudicación”, detalló a la 650 AM.

Una vez que se cuente con estos dispositivos, serán puestos a disposición de los juzgados de modo que se conviertan en una herramienta más de control y un mecanismo de evitar que ingresen personas innecesariamente al sistema penitenciario. En esta línea, resaltó el trabajo que se está realizando con el Poder Judicial.

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“Tener una línea de trabajo en la conciencia en la imposición de la prisión preventiva, no el abuso, sino el equilibrio porque también tenemos que abogar por la seguridad ciudadana y cuando realmente se den las condiciones que están en ley como la obstrucción al proceso penal, peligro de fuga entre otros lineamientos claramente establecidos, que se aplique la prisión preventiva, pero si esa persona puede estar bajo un régimen de prisión domiciliaria o libertad, bienvenido sea”, explicó.

Dentro del sistema penitenciario existen 11.167 procesados sin condena de las 18.489 personas privadas de libertad. Otra de las acciones que lleva adelante el Ministerio de Justicia es separar a estos dos grupos, de modo a que los programas de reinserción puedan ser efectivos y que las cárceles dejen de ser “escuelas del delito”, según manifestó.

Este proceso ya comenzó en Tacumbú y en las tres cárceles de Emboscada, tanto en el penal antiguo, como en Pedro de la Vega y Martín Mendoza. “Padre de la Vega va a ser exclusivo para condenados y el antiguo va a ser para procesados”, detalló y añadió que el penal Martín Mendoza estará funcionando completamente a inicios del 2025 exclusivamente para máxima seguridad.

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El ministro del Interior, Enrique Riera, brindó detalles sobre la ley de tobilleras electrónicas, confirmando que la implementación de las mismas ya se encuentra destrabada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para avanzar con su aplicación.

“Esta mañana se hace la reunión formal entre las instituciones que vamos a coordinar el trabajo: Fiscalía, Policía, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Corte Suprema de Justicia. Una vez que esto se adjudique, se implementará”, puntualizó el secretario de Estado a la 650 AM.

Riera aclaró que no se está procediendo a la compra de las tobilleras, como tal, sino del servicio, atendiendo los posibles cambios tecnológicos. Las tobilleras se aplicarán exclusivamente para los casos de violencia intrafamiliar, priorizando las llamadas relacionadas al tema, con un equipo especial.

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El Ministerio del Interior tendrá la potestad de reglamentar, contratar y habilitar los servicios necesarios para el cumplimento de la ley, con el apoyo de una oficina de control interinstitucional entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual proveerá las partidas presupuestarias necesarias.

Por otra parte, con respecto a la inclusión de nuevos uniformados, así como también la compra de nuevos equipamientos, el secretario de Estado garantizó que los procesos se están encaminando de manera precisa. Así, el 19 de diciembre se efectuará el egreso de 5.000 policías.

“Vamos a poblar las nuevas comisarías que tenemos, bastante abandonadas. Ayer también se realizó nuevos equipamientos para los lince; está llegando todo antes de fin de año y probablemente para el 2025 estaremos un poco mejor para responder a los legítimos reclamos ciudadanos”, afirmó.

Riera subrayó además que la prioridad del Gobierno será introducir cada año 5.000 efectivos policiales más, no solo para brindar mayor solución a la demanda existente por la jubilación anual de los uniformados, sino también para dotar de más fuerzas de seguridad al país.

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Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc) se dio a conocer la recepción de seis ofertas en el marco de la licitación para iniciar la segunda fase de la defensa costera de la ciudad de Pilar. El proyecto estratégico está valorado en más de USD 50 millones y busca modernizar la infraestructura sanitaria de la capital del departamento de Ñeembucú.

De acuerdo con los datos oficiales, la competencia por la ejecución de esta obra reúne a importantes actores del sector construcción: Tecnoedil SA, Constructora, Ecomipa SA, Constructora Isacio Vallejos SA, Consorcio Sanitario Ñeembucú, Itá Cora y Consorcio Humaitá. Las ofertas económicas presentadas oscilan entre G. 422.586.595.051 y G. 465.801.526.920.

Fue en agosto pasado que se publicó la convocatoria, con la denominación de “Construcción del sistema de alcantarillado pluvial y desagüe cloacal y planta de tratamiento de aguas residuales”, para dar continuidad a la Fase A, ya concluida, que dotó a la ciudad de un sistema integral de control hídrico contra inundaciones.

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El proyecto de la fase B incluye la construcción de una red de desagüe pluvial, una red cloacal, estaciones de bombeo, una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y un emisario subfluvial. La tecnología elegida para la PTAR se basa en un tratamiento preliminar, que incluye la remoción de sólidos gruesos, arena y materias aceitosas, además de un sistema de desinfección por cloración.

Se espera que las obras de la fase B, a iniciarse a fines de este año o durante los primeros meses del 2025, no solo mejoren la calidad de vida de las familias, sino que también impulsen el desarrollo económico de la región a través de la generación de empleos y la mejora de la infraestructura urbana.

El plazo de ejecución del contrato es de 24 meses, con la posibilidad de extenderse hasta el año 2027, sujeto a la disponibilidad presupuestaria en los próximos ejercicios fiscales. Esta fase es parte de un plan integral que incluye una fase C futura, la cual contempla la construcción de una avenida costanera y un parque lineal.

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