El senador liberal Salyn Buzarquis radicó una denuncia este martes, ante el Ministerio Público, por los precios exorbitantes con los que se comercializan los medicamentos utilizados para el tratamiento de los síntomas del COVID-19. “Hay una indefensión total de la ciudadanía con respecto a los precios usurarios de los medicamentos”, sostuvo el parlamentario, en declaraciones a la prensa frente a la sede de la Fiscalía.

El legislador manifestó que la ciudadanía se encuentra en situación de indefensión debido a que la entidad intergubernamental, la Comisión Nacional de Medicamentos Esenciales, que debería velar por los precios justos, está integrada por una mayoría del sector privado, quedando un solo lugar para el representante del Estado. Se quejó de que la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) tampoco tomó intervención ante las innumerables denuncias públicas de los pacientes y sus familiares.

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Dijo que si se comparara con los costos de la región, cualquier fármaco ofertado en Paraguay como mínimo cuesta el doble. Comentó que tras haber conversado tanto con la responsable de la Dirección de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), del Ministerio de Salud, así como con directivos del rubro farmacéutico llegó a la conclusión de que “se tiran la pelota”, y que nadie quiere asumir la responsabilidad de los sobrecostos.

En un intento por conocer qué estamento es el encargado de regular los precios, sondeó en todos los ámbitos, desde el sector farmacéutico alegaron dependencia del Ministerio de Salud. “Entonces se pasan la pelota entre los proveedores del Estado y las farmacéuticas, el Ministerio de Salud y, al final, nadie controla nada. Y la pregunta es quién defiende entonces al consumidor y nadie, nadie defiende al consumidor”, expresó.

Finalmente cuestionó que la comisión encargada de verificar el cumplimiento de la Ley N° 1119/97 “De productos para la salud y otros”, esté copada por el sector privado, al mencionar que de los seis miembros, cinco representan a los empresarios y solo uno al Estado a través de la Dinavisa. “Esta ley se hizo en la época del gobierno de Juan Carlos Wasmosy. Ellos ponen un techo súper alto, entonces tienen un margen de maniobrabilidad muy alto de los medicamentos”, significó.

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