El pasado 18 de marzo, Cecilia Pérez, ministra de Justicia, confirmaba a los medios de prensa el hallazgo de un túnel de importantes dimensiones en el interior de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y cuyo extenso recorrido iba por debajo de la iglesia Nuestra Señora de La Merced.

“Tenemos información de que este túnel era parte de un plan de fuga”, aseguró Pérez en conferencia de prensa.

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El sector donde fue hallado el túnel se encuentra a lo largo de uno de los pabellones que tiempo atrás fue utilizado por los miembros del grupo criminal, conocido como “clan Rotela”.

Sin embargo, quienes conocen la manera de actuar de Armando Javier Rotela, líder del grupo, aseguran que esta obra tuvo que ser ideada por otras personas, pues el trabajo cuenta con características mucho más analíticas y pensantes, más que operativas.

La hipótesis principal que manejan los servicios de inteligencia es que, esta obra podría ser producto del acercamiento entre integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) con el líder del clan Rotela, ya que los primeros no son simples “soldados” del grupo criminal y estarían a las órdenes de Carmen Villalba. Sin embargo a ella se le dificultaría bastante actualmente, planificar un operativo de este tipo desde su lugar de reclusión en la cárcel del Buen Pastor.

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La idea de un apoyo estratégico por parte de los integrantes del EPP a los soldados del clan Rotela para concretar únicamente una fuga, no convence del todo a los investigadores, quienes estiman que el acercamiento entre ambos grupos criminales en el interior del penal de Tacumbú tiene vinculación con un plan de aumento gradual de la violencia de las protestas ciudadanas generadas a partir del 4 de marzo.

Si se colocaran en un tablero los hechos sucedidos durante los últimos meses, nos encontraríamos con varias señales de advertencias que tienen notorios vínculos entre sí, incluso ya se cuenta con materiales que comprobarían estas relaciones, aunque no se pueden dar a conocer aún, para no entorpecer las investigaciones.

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Entre ellos, la presencia de manifestantes del sector campesino, apoyados por políticos de un mismo sector ideológico, quienes a su vez han sido señalados en incontables ocasiones, como brazo político del EPP, días después de la jornada de mayor violencia el miércoles 17 pasado.

También llama la atención de los investigadores la presencia en el país de un grupo de representantes de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina, a quienes se los vincula con Carmen Villalba y su hermana Laura, quienes guardan prisión en la cárcel del Buen Pastor y en Viñas Cué, respectivamente. La presencia de los profesionales en el país es supuestamente para buscar y hallar a una menor de edad desaparecida tras el último enfrentamiento entre la FTC y el EPP, ocurrido en noviembre pasado, en cercanías del Cerro Guazú, en los límites de los departamentos de Amambay de Concepción.

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La presencia de los argentinos, encabezada por el abogado Gustavo Franquet, fue el detonante para producir un quiebre al interior del grupo criminal EPP, pues esto generó la renuncia de la abogada Daisy Irala Toledo, quien tenía a su cargo la defensa de las hermanas Miryam, Laura y Carmen Villalba.

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Todos estos hechos pueden ser vistos de manera inconexas unos con otros, pero los servicios de inteligencia que recogen estas informaciones, aseguran que existirían nexos entre todos estos hechos mencionados.

Se pone énfasis, sobre todo, en la uniformidad del mensaje que transmiten, tanto figuras políticas, militantes y activistas sociales, referentes en redes sociales e incluso integrantes del grupo criminal EPP, como Carmen Villalba, quien desde su lugar de reclusión también pidió “que se vayan todos” e instó a la creación de asambleas populares movilizadas. Esto sería algo similar al gobierno de emergencia nacional, propuesto por actores políticos de la oposición, todo eso tras forzar la salida del presidente y el vicepresidente de la República.

Tras el primer día de las manifestaciones en contra del Gobierno Nacional, que se iniciaron de manera pacífica y culminaron con enfrentamientos contra la Policía Nacional, el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, explicó que tenía conocimiento de personas que llegaron del exterior días antes para organizar estos hechos violentos.

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Según el portal argentino Periodismo y Punto, el día previo a la primera manifestación contra el gobierno de Mario Abdo Benítez, había ingresado al país una comitiva de cinco personas, todas procedentes de la ciudad de Buenos Aires. Se alojaron en el edificio The One.

Entre estas cinco personas llegadas al país el 4 de marzo pasado, se encuentra el exfuncionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Orlando José Montañez Olivares (52), quien fuera expulsado de los Estados Unidos por espiar para el régimen chavista. El ingresó al país junto a otros tres dirigentes venezolanos y el abogado argentino Franco Bindi (36).

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