El gobernador del departamento Central, Ricardo Estigarribia, se refirió a la situación en que se encuentra el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y las próximas elecciones internas para la renovación del Directorio partidario, que se desarrollarán el 17 de agosto. El jefe departamental indicó que desde su sector y otros están trabajando en reconstruir la nucleación política.

“El partido no está bien, el Partido Liberal está desarmado, está destrozado, es cierto, pero nosotros estamos trabajando en reconstruir el Partido Liberal, y a raíz de eso tenemos unas elecciones llamadas por una convención y el TEI del Directorio convocó a unas elecciones”, indicó en entrevista a la 1020 AM.

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Sin embargo, existen otros sectores que no están de acuerdo con realizar estos comicios internos, a lo que Estigarribia apuntó que son los que se encuentran “cómodos” de trabajar con el actual Gobierno.

“Ochenta por ciento de los convencionales definieron irnos a elecciones y desdoblar, y los que no están de acuerdo son los que todos los días están diciendo que el Partido Liberal no se pronuncia, que el Partido Liberal no se mueve, y son esos parlamentarios que le es cómodo trabajar con el Gobierno. Los que no quieren elecciones, los que no quieren la reconstrucción del partido para no respetar una línea política fuerte y volver a aglutinar la oposición”, indicó Estigarribia.

El gobernador sostuvo que la estabilidad del PLRA será fundamental para la oposición con miras a las elecciones presidenciales del 2028. “Nosotros tenemos que reconstruir el partido porque si la oposición no tiene al Partido Liberal fuerte, al Partido Liberal unido, va ser muy difícil que lleguemos a una alternancia y lleguemos al poder en el 2028″, expresó.

También habló de la necesidad de una propuesta creíble desde la oposición si quiere ganar en las presidenciales. “Lo que nosotros creemos de la oposición y estamos trabajando en eso es, hacer un proyecto político creíble que le interese a la ciudadanía, porque en tres periodos no pudimos construir eso con el candidato que tuvimos por a, b, c motivo. Tuvo sus virtudes, pero también sus diferencias”, sentenció.

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El senador colorado Gustavo Leite indicó que con el sobreseimiento provisorio que el juez Humberto Otazú otorgó al exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, sobre el caso Metrobús se demuestra que no hubo irregularidad o dolo en la administración, y que la decisión de suspender fue por puro “capricho de Marito (expresidente Mario Abdo Benítez) y para agradar a ABC”.

En comunicación con el diario La Nación/Nación Media, el parlamentario brindó su parecer ante la disposición del juzgado con relación al exministro de Obras Públicas, que había sido acusado por el hecho punible de lesión de confianza en el caso conocido como Metrobús.

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“Lo que se demuestra es que no hubo ninguna irregularidad y mucho menos dolo, de parte de la administración del entonces ministro Jiménez Gaona. Porque ese Metrobús se suspendió por capricho de Marito, y para agradar a ABC, esa es la realidad”, expresó.

No obstante, el senador Leite indicó que, si uno observa la región, sobre todo Buenos Aires, u otras ciudades, la única solución para el tránsito urbano son este tipo de metrobuses.

“Son soluciones más baratas que los trenes, o los metros, o los trenes elevados y demás opciones, que salen mucho más caros y que obligará a que el Estado gaste más dinero en subsidios”, indicó.

Por tanto, señaló que la solución más económica que le da dignidad a los usuarios de transporte público es el Metrobús con carriles especiales.

“Si uno mira incluso, la avenida 9 de Julio o la avenida Juan B. Justos de Buenos Aires, que yo conozco muy bien, porque me he subido en Metrobús en Buenos Aires, y es muy agradable y muy digno viajar en él. Así que espero que se retome esto, y que muy pronto tengamos un nuevo sistema de transporte público basado en la calidad para todos los pasajeros. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta”, concluyó.

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Los inicios del periodismo paraguayo estuvieron fuertemente influenciados por la militancia política. Desde antes de la fundación de los dos partidos tradicionales –el Centro Democrático (liberal) y el Nacional Republicano (colorado)– había un marcado distanciamiento entre los llamados “legionarios”, paraguayos que habían acompañado al ejército de la Triple Alianza durante la Guerra Grande y los que se declararon abiertamente lopistas y herederos del nacionalismo defendido por Francisco Solano López.

Precisamente ayer, 1 de marzo, se recordó el 155.° aniversario de la inmolación en Cerro Corá del llamado héroe máximo de la patria. Sin embargo, en el momento de la creación de aquellas entidades partidarias hubo legionarios y nacionalistas en ambos bandos. Desde la prensa, los encarnizados debates no admitían términos medios y las adjetivaciones adquirían tonalidades de admirable creatividad o censurable imprecación.

Quizás, el único que mantuvo una elevada jerarquía fue el diario La Prensa, fundado y dirigido por el doctor Blas Garay hasta su desgraciada muerte el 19 de diciembre de 1899. Su lacerante crítica y su integridad ética no admitían concesiones de ninguna laya. Para nadie. Fue implacable con todos por igual, especialmente con los marcados con la mancha indeleble de la corrupción. Fue el azote de los hombres públicos que se habían desviado de la rectitud y las normas morales, de acuerdo con las atinadas observaciones de sus biógrafos.

Ese periodismo militante no estaba atrincherado únicamente entre los partidarios liberales y colorados, sino que, en largos tramos de la historia, existían publicaciones que respondían a sectores internos de ambas instituciones políticas. Hasta que llegamos a 1954, cuando se instala la dictadura del general Alfredo Stroessner, mediante el golpe del 4 de mayo, en que paulatinamente van desapareciendo las voces discordantes, para imponerse la prensa apologética que dispensaba honores al “único líder y sus grandes obras”.

Los medios de comunicación que nacieron bajo el imperio de su régimen, ya con nuevas tecnologías y formatos, siguieron la línea laudatoria al gobierno omnipotente del déspota. No se divulgaban las graves violaciones a los derechos humanos (encarcelamientos, torturas, desapariciones, muertes y exilios). En cambio, era una práctica obligatoria la publicación en tapa de cualquier acto al que asistía el dictador. Ni siquiera denunciaban el cierre de los medios que respondían a la oposición, para cuya inmediata ejecución bastaba la “orden superior”.

Ya en la agonía del régimen, adoptaron una actitud crítica, por disputas comerciales y aspiraciones políticas (presidencialistas, alegan algunos), terminando con la clausura de uno de aquellos medios (Abc Color), cuya cinta inaugural había sido desatada justamente por Stroessner, diecisiete años atrás. Desde el inicio de la transición democrática volvieron con todo a transitar la vieja senda del periodismo militante. De hecho, todo periodismo es militante en tanto asume una causa y una perspectiva particular sobre cuestiones puntuales.

No solo desde la opinión, sino, incluso, desde la interpretación de los hechos, existe una carga ideológica. Lo altamente condenable es que, a razón de intereses partidarios o empresariales, los acontecimientos sean juzgados con una visión sesgada, distorsionada y manipuladora. En el pasado reciente, repetimos, uno de esos medios defendió abiertamente un proyecto autoritario que tenía las mismas características de la anterior dictadura: un líder mesiánico, intolerante y enemigo de la democracia.

Todavía dolidos por la derrota de sus candidatos en las elecciones internas de la Asociación Nacional Republicana del 18 de diciembre de 2022 y en las generales del 30 de abril de 2023, las dos cadenas mediáticas que cogobernaron con Mario Abdo Benítez supuran sus fracasos por medio del odio, el rencor, la mala fe y la deshonestidad intelectual. Son medios y periodistas militantes de las mentiras, de informaciones intencionalmente falseadas, de hechos aviesamente manipulados y de juicios particulares a los que pretenden darles categoría de universalidad.

Condenan el todo por ciertos errores y debilidades de algunas de las partes. Sus catastróficos titulares y sus desesperados chillidos en radio y televisión solo ambicionan socavar el gobierno del presidente Santiago Peña, al tiempo de apuntalar a los candidatos de la oposición interna del Partido Colorado, ya mirando a destiempo las internas de diciembre de 2027. La intención es tan clara que no precisa de decodificadores, puesto que sistemáticamente vienen ocultando o callando los grandes robos perpetrados en la administración anterior (2018-2023). Este periodismo militante no solo carece de rigor, sino, también, de vergüenza y, sobre todo, de honor, pues lo practican sin asumirlo a cara descubierta. Lo perdieron todo, hasta el mínimo pudor.

La campaña emprendida por un medio de comunicación para defender a una de sus empresas tiene todo el sentido del mundo. Es más, puede que esa empresa no tenga responsabilidad en las fechorías del IPS durante la administración del doctor Vicente Battaglia (Gobierno de Abdo) con el famoso contrato de Fideicomiso, cosa que debe determinar el Ministerio Público, pero lo que queda claro es la férrea defensa de ese medio de comunicación (Abc Color) a todo lo que tenga que ver con los hechos de corrupción del gobierno de Mario Abdo Benítez.

Y esta defensa tiene lógica, este medió apañó y fue cómplice de todos los escándalos y robos de la era Abdo a cambio de millonarios beneficios publicitarios, exclusividad de contratos para la transmisión de los juegos Odesur, así como los contratos millonarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para la imprenta Mercurio del mismo grupo empresarial.

Esta campaña de defensa mediática por parte de este grupo empresarial al despilfarro de los G. 828 mil millones del IPS evidencia que los intereses de los jubilados, los asegurados de la previsional o los enfermos oncológicos no forman parte de la agenda: acá lo que importa es la defensa de los negocios y al equipo político que generó beneficios económicos para el grupo empresarial.

En el caso del fideicomiso del IPS, existen hechos objetivos irrefutables, la naturaleza de ese contrato y la herramienta generada para obtener recursos (fondos jubilatorios, devueltos con los fondos de Salud) era la construcción de 4 hospitales. Este proyecto se diseñó en el 2017 y se firmó el contrato ese año durante el gobierno de Cartes. Las 4 obras estaban presupuestadas en el contrato y alcanzaban la totalidad del monto establecido, G. 828 mil millones.

Sin embargo, durante el gobierno de Abdo se degenera la naturaleza del contrato original, se usan los G. 828 mil millones para el mantenimiento de centros de salud del IPS en el interior del país, cuyas obras tampoco fueron terminadas y dejan de hacer los hospitales, solo 1 se terminó, el Ingavi, pero tampoco pagaron la totalidad a los constructores y esas empresas hoy demandan al IPS por cifras millonarias.

Las preguntas que todos nos debemos hacer, sin entrar ni mirar las “campañas mediáticas” de un lado y del otro, es la siguiente: ¿está construido el hospital Hemato-Oncológico? La respuesta es no. La siguiente pregunta, ¿está aún la plata que se había presupuestado y por la que se sigue pagando?. La respuesta es no. Entonces, alguien gastó mal la plata, hecho que evidencia una auditoría del IPS o directamente se la robaron.

Es por eso que urge que la Fiscalía determine el grado de responsabilidad en estas operaciones de perjuicios para los intereses de los jubilados y asegurados del IPS. Este es el punto en cuestión. Acá no se trata de liquidar a tal o cual banco o grupo empresarial, acá el interés es que los responsables de haber impedido que tengamos los asegurados del IPS un Hospital del Cáncer asuman su responsabilidad. ¿O vamos a dejar pasar esta situación por los odios o diferencias políticas? Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.