Las jornadas de protesta contra el Gobierno Nacional, que arrancaron con gran presencia de ciudadanos indignados el 4 de marzo pasado en Asunción y otras localidades del interior del país, dieron lugar a hechos vandálicos generalizados, provocados por un sector del grupo de manifestantes.

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Desde un primer momento, estos hechos violentos fueron atribuidos por las autoridades de seguridad del país a militantes radicalizados pertenecientes a partidos políticos opositores, presuntos activistas extranjeros arribados al país días antes del inicio de las protestas, miembros de barras bravas de clubes de fútbol y personas que residen en sectores ubicados en la parte baja del centro de Asunción.

Fuentes de servicios de inteligencia se encuentran investigando un posible intento por escalar estas acciones violentas, tras descubrirse contactos entre personas vinculadas a los hechos violentos sucedidos en la capital del país y miembros del clan Rotela, uno de los grupos criminales más influyente y que maneja un amplio sistema de “distribuidores” de drogas en la zona del Bañado Sur, en los alrededores de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde se encuentran recluidos.

El plan buscaría generar un aumento de la violencia en las calles, aprovechando la legítima movilización cívica de los ciudadanos y en el mismo estarían involucrados miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), quienes al igual que los “soldados” del clan, también se encuentran recluidos en la mencionada penitenciaría.

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Los investigadores creen que al menos por ahora, al grupo criminal vinculado al negocio del microtráfico de estupefacientes no le convendría vincularse al plan de desestabilización que mueven a la parte violenta de las protestas.

Al no formar parte de una lucha ideológica sino criminal, los miembros del clan Rotela podrían ver amenazados sus propios intereses en el interior de la penitenciaría, más aún en momentos en que algunos grupos que les eran leales (“La jungla”) comienzan a alejarse del liderazgo principal del clan, tras el sangriento motín carcelario ocurrido semanas atrás, preocupados por posibles traslados o trabas en sus respectivos procesos legales.

Cualquier alejamiento de algún grupo interno implica pérdidas económicas para todos los demás integrantes, a dejar de percibir ingresos por la venta de drogas o alquiler de las privadas, entre otros negocios que se realizan en el interior del penal.

En principio, mencionan las fuentes, los miembros del clan Rotela fueron contactados para amotinarse nuevamente para reforzar la situación de caos y violencia vivida desde el inicio de las protestas. Esta situación, el descabezamiento del Poder Ejecutivo, bien puede ser aprovechada por cualquiera que tenga intereses en que esto ocurra y no necesariamente son gente vinculada a movimientos radicales de izquierda ni al propio EPP, aseguran.

El motín carcelario únicamente fortaleció a Rotela ante la opinión pública, pero en realidad le generó un importante quiebre al interior de su clan, pues sus integrantes tienen otro tipo de prioridades que nada tienen que ver con alguna lucha política, además de fracasar en la adjudicación de las víctimas fatales del amotinamiento al Primer Comando Capital (PCC), el grupo rival del clan Rotela, quienes no reaccionaron a la provocación.

Los intereses que manejan los integrantes del clan Rotela pasan más bien por la distribución y el consumo de drogas en el interior de la penitenciaría y en sectores del Bañado Sur.

Sin embargo, el peligro continúa latente, pues nadie duda que Rotela influiría en su grupo para sumarse a los hechos violentos en los próximos días desde la penitenciaría de Tacumbú, en caso de ser más “convincente” la oferta recibida por gente interesada en generar más violencia a partir de los reclamos ciudadanos.

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