El presidente de la República, Santiago Peña, anunció a través de sus redes sociales la firma del decreto de la ley de pensión universal para adultos mayores. Dicha legislación fue sancionada por el Congreso el pasado agosto y a través de la misma se elimina el mecanismo del censo para el acceso a los beneficios de la pensión.

“Hoy dimos un paso más para proteger y cuidar a quienes nos han dado tanto: promulgué la ley que establece la Pensión Universal para las Personas Adultas Mayores, junto con beneficios de acceso e inclusión. Para mí, asegurar el bienestar de nuestras personas mayores no es solo una responsabilidad, sino un acto de gratitud hacia quienes nos precedieron y trabajaron por el Paraguay que tenemos hoy. Ellos merecen vivir con dignidad y sentir que no están solos en esta etapa de sus vidas”, expresó el mandatario.

Esta ley contempla que ingresarán a la pensión las personas a partir de los 65 años, que no sean cotizantes del seguro social, que no cobren salarios del sector público o privado, alguna jubilación o tengan registrados al menos 30 cabezas de ganado. Asimismo establece que los adultos mayores de los pueblos originarios accederán a los 55 años y los que tengan discapacidad severa a los 60 años.

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El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) será la encargada de administrar los mecanismos de articulación con otras instituciones como el Registro Civil, Identificaciones, el Instituto Nacional del Indígena (Indi), la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), las distintas cajas de jubilaciones, entre otras más, de modo a cruzar los datos e incorporar automáticamente a los beneficiados.

Esta ley también dispone la creación de un fondo universal de pensiones para los adultos mayores, a fin de incluir 30.000 nuevos beneficiarios, a partir del inicio del programa y la inclusión gradual, acorde a la disponibilidad presupuestaria, dando prioridad a aquellas personas de mayor edad que aún no son parte del programa.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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En una reunión de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, realizada este martes, se establecieron los objetivos, prioridades, y cronograma de trabajo para la protección, promoción y vigencia de los derechos humanos en Paraguay, informaron desde el Ministerio de Justicia.

Destacan que el proyecto tiene la colaboración de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), y según las autoridades de esta cartera de Estado, estiman que el nuevo plan estará listo antes de fin de año.

Indicaron que en proyección al 2028, representantes de las instituciones que componen esta Red de DDHH obtuvieron los detalles de los avances de la formulación del IV Plan de Acción de la Red.

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Al respecto, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, destacó el trabajo conjunto de todas las instituciones que componen la Red, al tiempo de agradecer la colaboración internacional mediante las Naciones Unidas.

“Nuestro compromiso es claro, seguir trabajando de manera conjunta con dedicación y responsabilidad, para avanzar en la implementación de políticas públicas que garanticen la protección de los derechos humanos, de acuerdo con nuestras obligaciones internacionales y la realidad de nuestro país. Creemos firmemente que el IV Plan de Acción marcará un nuevo hito en esta labor, consolidando los avances realizados y abriendo nuevas oportunidades de crecimiento”, expresó Nicora.

Mencionó que el objetivo general es desarrollar acciones que favorezcan mejorar los mecanismos de defensa, protección y promoción de los derechos humanos a través de la articulación y coordinación de las políticas, planes y programas de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), que integran la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, precisaron que se proyecta conformar mesas temáticas, que estudien caso por caso las situaciones que se presenten en materia de DDHH, con especial prioridad para aquellas circunstancias que surjan desde grupos en situación de vulnerabilidad.

Autoridades del Ministerio de Justicia, estiman que antes de fin de año se tendrá lista la redacción final del plan, que extendería su vigencia hasta el año 2028, con rigurosas exigencias en el cumplimiento de los preceptos en cuanto a DDHH.

Acompañaron al ministro Nicora, el viceministro de Justicia, Rafael Caballero; la directora General de DDHH de la Vicepresidencia de la República y coordinadora de la Comisión Interinstitucional para el cumplimiento de las Sentencias internacionales, María Peralta; el asesor de la Oficina del Alto Comisionado de las NNUU para los DDHH, José Galeano; la consultora de las NNUU, Nora Lezcano; el director general de Derechos Humanos, Rafael Escobar; la directora de Políticas Públicas en DDHH, Araceli Vargas; y funcionarios de las instituciones involucradas.

Con esta reunión, se dio un paso importante hacia la aprobación final del IV Plan de Acción de la Red de Derechos Humanos, que marcará un nuevo hito en la gestión pública en materia de derechos humanos en Paraguay. El plan será un referente en la región y abrirá nuevas oportunidades para la protección y promoción de los derechos fundamentales en el país.

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El presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa, se refirió sobre el veto parcial del Poder Ejecutivo a la iniciativa “de fomento al consumo de alcohol absoluto y alcohol carburante”. El documento retornó nuevamente para su tratamiento al Congreso Nacional a raíz de presentar problemas de orden técnico y jurídico.

“Los gobernadores de Caazapá, Paraguarí, Caaguazú y Guairá estamos a favor de los cañicultores. Defenderemos y no daremos la espalda a este noble sector que da fuente de empleo a miles de paraguayos en esta zona regional”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Sosa manifestó que los jefes departamentales se encuentran de acuerdo con la objeción de la modificación del artículo 11 del proyecto, que obligaba al Estado a adquirir vehículos livianos y utilitarios con tecnología flex fuel o E85, con el objetivo de transformar al menos el 50 % del parque automotor estatal para el año 2028.

No obstante, Sosa indicó que se encuentran disconformes con el desacuerdo del Ejecutivo a las disposiciones que establecen sanciones por el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el uso del etanol y otros biocombustibles que habían sido incluidas en las modificaciones de la ley.

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“La propuesta fue producto de un acuerdo político y técnico. Esto debe resolverse durante esta semana para que todos los cañicultores estén contentos y tranquilos. Nosotros estamos convencidos de que no hay ley sin sanción. Queremos que esta ley se cumpla y no quede solo en papeles. Esta es la preocupación del sector cañero”, manifestó.

Sin embargo, el mandatario Santiago Peña respaldó otras modificaciones propuestas en el documento, como el aumento del porcentaje mínimo de alcohol de caña de azúcar utilizado para la mezcla con las naftas y el incremento del porcentaje de etanol en los carburantes. Estas medidas buscan fomentar el uso de biocombustibles en el país y contribuir a una mayor sustentabilidad en el sector energético.

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