El exfiscal general del Estado y abogado Óscar Germán Latorre manifestó que el rechazado juicio político contra las máximas autoridades del Poder Ejecutivo fue en verdad una farsa y maquinación contra el Partido Colorado con la finalidad de hacerle responsable de los errores y actos de corrupción que salpican al gobierno de turno. Exigió a la vez castigar a los terroristas que atracaron la sede partidaria de la ANR.

Al respecto, Latorre dijo que “el pedido de juicio político fue una farsa. Los que lo apoyaron sabían perfectamente que no era el momento oportuno para presentarlo y que no contaban con los votos necesarios para que la acusación sea formulada ante la Cámara de Senadores. La maquinación estaba dirigida exclusivamente contra el Partido Colorado, para hacerlo responsable de los errores y actos de corrupción que se endilgan al actual gobierno”.

El abogado reconoció que la gestión de la administración del presidente Mario Abdo Benítez ante la crisis sanitaria “ha sido sumamente deficiente y carente de transparencia. Como consecuencia de esa ineptitud, hoy estamos sometidos a una incertidumbre absoluta con relación a la llegada de las vacunas, mientras los demás países del área ya llevan un proceso de vacunación bastante acelerado”.

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Señaló también que es preciso recordar a la ciudadanía que la “calamitosa gestión administrativa” en el sistema sanitario fue “responsabilidad” de Julio Mazzoleni, exministro de Salud Pública. “Él no es colorado al igual que un buen número de altos funcionarios del Gobierno. El resultado de esa sesión de Diputados estaba cantado de antemano y también era evidente que el plan de atacar la sede de la Junta de Gobierno estaba previsto como el acto final de esa parodia”, sentenció.

Latorre cuestionó también la inacción en materia de seguridad que se vio reflejada el pasado miércoles tras el rechazo del juicio político en Diputados, apuntando en contra del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.

“La actuación policial de ese día le costó el cargo a un excelente oficial como el comisario Francisco Resquín (excomandante de la Policía), quien fue sacrificado para disimular la responsabilidad del ministro del Interior que tampoco es colorado. Para que esos vándalos y terroristas pudiesen actuar libremente, la Junta de Gobierno –y solo en ese día– no contaba con protección policial. Dejaron libre el camino para que quemaran el edificio sin importar que existieran personas adentro, peor aún, con capacidades disminuidas que pudieron ser víctimas fatales”, sostuvo.

Añadió que el atraco a la sede del Partido Colorado no debe quedar impune, razón por la cual instó al Ministerio Público a ejercer la acción penal pública con el fin de procesar y castigar a los “verdaderos terroristas”.

“Si los colorados no comprendemos lo que realmente ocurrió, es de esperar que el futuro político esté cargado de interminables situaciones como las vividas en esa triste jornada, que se extenderá a los domicilios de los dirigentes y afiliados a quienes se reclamará por la ineptitud y los actos de corrupción de un gobierno que lejos está de ser colorado. Ese atraco criminal no debe quedar impune y es de esperar que el Ministerio Público, al menos esta vez, cumpla su deber de ejercer la acción penal pública para procesar y castigar a unos verdaderos terroristas”, dijo el letrado.

Por otra parte, cuestionó que la atención se centre solo en el policía que custodiaba la sede partidaria y no profundizar en las personas que corrieron peligro en el lugar, así como el uso de las bombas molotov para provocar el incendio.

“Hoy pretenden someter a juzgamiento a un policía que disparó su arma al aire para repeler a la turba enardecida, drogada y alcoholizada, que se acercaba a su objetivo. No hablan de las dos personas cuyas vidas corrieron peligro ni de las bombas molotov que utilizaron. Para colmo, un agente fiscal calificó el hecho solo de perturbación de la paz pública, como también se hizo cuando unos terroristas atracaron y quemaron la sede del Congreso Nacional”, indicó.

Finalmente comentó que probablemente la violencia ejercida por los vándalos no será castigada y quedará totalmente justificada. “Posiblemente nadie terminará condenado, la acción criminal quedará mediáticamente justificada y se instalará la falsa idea de que quemar un edificio público o privado constituye un acto patriótico cuando, en realidad, es un acto de terrorismo”, finalizó.

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