La jueza penal de Garan­tías Cynthia Lovera resolvió rechazar los recursos de reposición plan­teados por los exministros de Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios, acusados por asociación criminal, usurpa­ción de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal cono­cido como filtración de infor­mación de Seprelad (Secreta­ría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).

Los abogados de los exminis­tros de Abdo habían presentado una nueva reposición y apelación en subsidio con­tra la providencia de la jueza Cynthia Lovera, que fijó la realización de una audien­cia donde se tenía que deci­dir si la magistrada se ratifi­caba en su resolución inicial de marzo de 2024 donde admitió la imputación con­tra los excolaboradores del expresidente de la República, incidentes que ahora fueron rechazados por Lovera.

Además de esta decisión, se agrega a la resolución judicial que se impone las costas de estos incidentes que han sido rechazados a cada uno de los acusados con relación a este proceso, informó desde judi­ciales el periodista de Nación Media Aldo Insfrán.

Tras el rechazo de estos incidentes formulados por los abogados Emilio Fus­ter, Osvaldo Granada, Jorge Rolón Luna y otros, el expe­diente tendrá que subir a la Cámara de Apelación, donde se tendrá que resolver la reso­lución firmada por la jueza Cynthia Lovera.

En su resolución la magistrada sostiene que “la presentación hecha por los acusados carece de soporte fáctico y jurídico”, teniendo en cuenta que aún no se han tratado los recursos iniciales pendientes de reso­lución. “En ese contexto, se puede observar que la providencia de fecha 27 de marzo no adolece de irregularidad alguna y a su vez la citada providencia tuvo por objeto reencauzar el presente pro­ceso estudiando las presen­taciones iniciales del proceso penal mencionado”, señala.

Los fiscales Silvio Corbeta y Elena Fiore pidieron al Juzgado de Garantías blanquear al exministro del Interior de Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, denunciado en su momento por supuesto enri­quecimiento ilícito y declaración falsa, cuyas expectativas de penas superan los 10 años de cárcel.

Ahora, el Juzgado de Garan­tías deberá decidir si hace lugar a dejar impune el caso o da trá­mite de oposición para que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, pueda decidir si la investigación seguirá o se concretará la impunidad para Giuzzio.

El presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Raúl Latorre, fue contundente al expresar su postura sobre el futuro del ciberespacio de Paraguay. En ese sentido, instó al Gobierno a invertir y fortalecer la infraestructura en ciberseguridad, a fin de proteger la información de las instituciones del Estado y la imagen país.

El legislador se refirió a las publicaciones de un esquema de acciones de inteligencia del gobierno de Brasil, contra el Estado paraguayo, respecto a las negociaciones en torno al Anexo C del Tratado de Itaipú. Al respecto, remarcó que la ciberseguridad ya no es una necesidad del futuro, sino que es una necesidad del presente.

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“Cuestiones muy sensibles de seguridad nacional, información sensible, inherente a la subsistencia de un Estado, se manejan en el ciberespacio. Veo una reacción firme por parte del Gobierno, la suspensión de las negociaciones con Brasil sobre el Anexo C, hasta que esto sea esclarecido, es el paso correcto”, remarcó.

Latorre reiteró que Paraguay es vulnerable en términos de ciberseguridad, por lo que es urgente corregir esa vulnerabilidad estructural y recordó que nuestro país cuenta con aliados estratégicos que podrían brindar una mano en cuestiones de tecnología.

“Tenemos que ocuparnos de eso, es una cuestión costosa y compleja, sí, pero tenemos aliados estratégicos que tienen claras condiciones de ayudarnos a que esto deje de ser una debilidad y se convierta en una fortaleza. Tenemos aliados con condiciones que pueden darnos soporte en términos de tecnologías, términos informáticos y de inteligencia”, refirió.

Asimismo, agregó que debe haber una respuesta formal y seria por parte de los canales diplomáticos pertinentes. No obstante, aclaró que eso no significa que no se tomen medidas inmediatas, y una investigación.

“El gobierno brasileño está obligado a dar las explicaciones pertinentes, para recuperar la confianza. Esta cuestión que planteó Brasil, de que fue el Gobierno pasado, francamente me parece que no es la respuesta que un Estado debe dar a otro Estado”, expresó.

Agregó que Brasil es el principal socio comercial de nuestro país “compartimos Itaipú Binacional y hay demasiados intereses geopolíticos. Pero, la construcción de esta amistad debe estar cimentada en la confianza”, puntualizó. También mencionó que es fundamental mantener una relación de confianza y solidez con todos los países de la región, que debe trascender el modelo de los 5 años, independientemente a quién esté en el poder.

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El diputado Rodrigo Gamarra emitió su opinión respecto al discurso que sostienen varios referentes del sector opositor, quienes constantemente buscan instalar la versión de que en Paraguay rige la “dictadura”, sin embargo, este afirmación solo es sostenida cuando algo no les gusta o no les favorece, pero guardan silencio cuando ellos son los protagonistas de los atropellos.

“Ya no sé a qué le llaman dictadura y a qué democracia, cada vez que que ocurre una situación que a ellos no les gusta o no les favorece, ya sea desde una elección democrática a través de las urnas, una elección de los pares en ambas Cámaras para ocupar cargos legislativos y extrapoder, para ellos es dictadura y copamiento, ahora si ellos son elegidos, es democracia”, señaló.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el parlamentario colorado se refirió a los hechos que tuvieron lugar días atrás, donde varios integrantes del sector opositor lideraron una violenta movilización que derivó en una posterior denuncia por parte de la Policía Nacional por perturbación a la paz pública.

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“Lo que ocurrió en el Palacio de Justicia es un caso sin precedentes, la Policía Nacional, que tiene la atribución constitucional de reprimir en casos de atropellos a las instituciones públicas, de disturbios, tal y como ocurre en los estadios de fútbol cuando las personas desubicadas ponen en peligro la vida de la gente. Este no era un caso distinto”, aseveró.

Medios de prensa, videos y fotos que se publicaron en redes fueron testigos de que legisladores opositores, protagonizaron un “atropello”, según indicó Gamarra, a las fuerzas del orden. Para el diputado es claro que los mismos violentaron a los agentes de la Policía, en modo de provocación y tratando de generar una reacción de los mismos.

“Hay una foto en la que el senador Rafael Filizzola le está escupiendo prácticamente a un policía, gritando de manera violenta, empujándole para que el policía reaccione, pero los policías dieron un ejemplo de civismo yendo a presentar una denuncia, por eso me parece digno de felicitar, porque incluso les da la oportunidad a que esa gente se defienda y diga por qué se fueron a atropellar ese lugar”, indicó.

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A esto añadió, “pero eso no les vuelve a gustar y dicen que es dictadura, acaso los policías no tienen derecho civiles y no pueden denunciar si son agredidos”. El diputado cuestionó que los opositores hablen de dictadura cuando a menudo sus actuaciones recaen en atropellos a instituciones y autoridades , pero no haya autocrítica para reconocer esos hechos que representan un atropello a la democracia.

“En dictadura no hubiesen podido movilizarse, no hubiesen podido lanzar acusaciones temerarias contra el presidente, hacia miembros del Congreso y otras autoridades, ellos violentan derechos de terceros, pero alegan que hay dictadura, es ilógico e irracional lo que plantean. Paraguay goza de extremas libertades, incluso es reconocido por colegas diputados y senadores de otros países, la libertad que gozamos es plena y no existe ningún indicio de dictadura en ningún aspecto”, concluyó.

El senador Gustavo Leite se refirió al desafuero de Mario Abdo Benítez, que finalmente no se trató el pasado miérco­les en la sesión del Senado, a pesar del pedido del pro­pio exmandatario, pero que siguió blindado por legisla­dores de la oposición. El par­lamentario señaló que existe “una falsedad” en la supuesta intención del senador vitali­cio de someterse a la Justi­cia en el caso de filtración de Seprelad (Secretaría Nacio­nal de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), cuya imputación fue informada por la Fiscalía en marzo de 2024, mientras la causa viene soportando decenas de chi­canas.

“Evidentemente, hay un dis­curso que nos deja un poco perplejos, porque si Gustavo Leite pide ser desaforado y luego los que responden a Gustavo Leite, o los allega­dos o los concertados con Gustavo Leite, no piden que le saque el fuero a Gustavo Leite, quiere decir que hay una falsedad en el proceso”, dijo el senador al programa “Así son las cosas”, de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Un día después de que la Fis­calía formuló una contun­dente acusación contra siete exfuncionarios leales del gobierno de Abdo, el exman­datario se vio presionado a anunciar, a través de un video publicado en redes sociales el pasado 12 de marzo, que exi­giría el despeje de sus fueros legislativos para responder ante la Justicia por la persecu­ción política durante su man­dato. Sin embargo, sus aliados de la oposición pusieron tra­bas a la voluntad manifestada, pidieron que el caso se derive a comisiones asesoras y que Abdo acuda al Congreso para explicar su pedido, pese a que sus abogados ya habían acu­dido el año pasado para rea­lizar esta misma maniobra.

El pedido de desafuero, que ya se encuentra hace un año en la Cámara Alta, será tra­tado la próxima semana, informó el senador Basi­lio Núñez. Mientras tanto, Leite señaló: “Se trata el día que haya votos, pero tam­bién él (Abdo) queda des­gastándose como una per­sona mentirosa o poco fiable, ya sabíamos que es poco fia­ble, es la propia víctima de su victimización, porque el único que se quiere victimi­zar es él y nadie lo está victi­mizando”.

Por otra parte, el senador comentó que existe un pro­ceso de acusación que irá a un juicio oral y público, contra los exfuncionarios y excolaboradores de Mario Abdo en su gobierno, y ese proceso se debe llevar ade­lante hasta aclarar estos hechos. “La gente va a poder saber si es que levantaron o no los cargos en su contra, si lo levantan son inocentes y si no lo levantan terminarán presos, así funciona”, refirió.