Rauand Rauf Latif, un ciudadano de nacionalidad alemana de origen kurdo, forma parte de un grupo empresarial que llegó en el 2009 a Paraguay para establecerse y realizar importantes obras.
“Trajimos nuestro capital a este país para generar más mano de obra”, explica Latif en uno de los varios videos preparados para denunciar lo que considera una persecución por parte de las autoridades de la ciudad de Villa Elisa, donde está ubicada una planta arenera, que generaba más de medio millar de puestos laborales.
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La arenera era solo el principio de los varios proyectos que el grupo empresarial tenía pensado montar en nuestro país. También el proyecto del grupo contemplaba un moderno astillero, una importadora de autopartes y vehículos, además de un complejo habitacional, todos estos en la localidad de Villa Elisa.
Puerto y planta de tratamiento del agua
Pero la lista de emprendimientos pensados para generar un cambio en Villa Elisa no culminaban en estos proyectos. También tenían planificada la construcción de un puerto privado, una planta para la distribución de agua potable y una planta de tratamiento de agua servida.
Latif comenta que el grupo eligió instalarse en Villa Elisa por considerarla una ciudad pujante, pero con mucha necesidad de infraestructura. “Nunca vi en Villa Elisa que tengan un proyecto como este para generar mucha fuente de trabajo”, explicó el empresario, quien ya tiene un hijo nacido en Paraguay.
Finalmente, el grupo empresarial daría vida a una Cámara de Comercio Paraguay - Asia occidental, de manera de fortalecer el intercambio comercial con una de las más pobladas regiones del planeta.
Proveedores de la embajada americana
Incluso dentro de la etapa de construcción del complejo, la empresa de Latif obtuvo un contrato con la Embajada de los Estados Unidos para convertirse en proveedor de materiales para obras civiles.
“No cualquier empresa logra tener un contrato con la embajada americana”, explica, indicando que eso les da seriedad y calidad a la empresa que llegó al país a invertir.
Nueve años después de su instalación en el país y con todas las documentaciones en regla expedidas por diferentes organismos, entre ellos ambientales, la irrupción en escena de Kattya González, diputada del Partido Encuentro Nacional, hizo que la situación cambiara radicalmente.
Uso de influencias
Latif denunció que la diputada Kattya González utilizó de manera indebida sus influencias para paralizar todas las operaciones del grupo empresarial.
Durante una sesión en la Cámara de Diputados, la parlamentaria, a los gritos como acostumbra, dijo que la arenera había privatizado de facto un espacio público que pertenecía a todos los ciudadanos.
Sin embargo, el propietario de la empresa acusada por la diputada explicó que eso es una mentira porque ellos tienen el título de la propiedad que avala que es el legítimo dueño.
La verdadera intención de González
Agregó además que la playa pública está siendo amurallada por los propios familiares de la diputada y de allí su interés en este emprendimiento privado, todo esto con la supuesta anuencia de las autoridades municipales de Villa Elisa.
El material audiovisual que explica la situación califica a la diputada del PEN Kattya González como una persona que pregona a favor de los más necesitados, pero que sus acciones hicieron que más 600 personas perdieran su trabajo, a pesar de contar la arenera con todas las documentaciones necesarias para operar en la ciudad.
Diputada racista y xenófoba
Latif cree que el intendente de Villa Elisa cumpliendo órdenes de la diputada hizo cerrar la arenera y posteriormente se detuvieron todos los proyectos que ya habían sido aprobados.
En videos captados se escucha a la diputada tratar de “arenera inmunda” y referirse de manera despectiva al señor Latif como “africano”, durante una reunión con vecinos de la zona. Por estas expresiones, Latif también denunció a Kattya por racismo y xenofobia.
Chantaje municipal
Denunció además que es víctima de chantaje por parte de las autoridades de la municipalidad Villa Elisa, pues estas le exigieron que se encargue de construir caminos alternativos para así evitar utilizar las calles recientemente asfaltadas, ya que no están preparadas para el tránsito de vehículos pesados.
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“Tenemos título de propiedad, patente comercial, impuesto inmobiliario al día, resolución del Mades, una resolución favorable de la Prefectura General, habilitación de la Administración de Navegación y Puertos (ANNP) e incluso tenemos un estudio hidrográfico”, explica Latif.
El empresario no comprende cómo es posible que las autoridades nacionales puedan ceder ante lo que considerara tráfico de influencias, racismo y xenofobia por parte de la diputada Kattya González.
“Echamos a esta arenera inmunda”
“¡Así como resistimos y le echamos a esta arenera inmunda... y si tenemos que echar esta muralla, la primera que va a tener un pico voy a ser yo!”, es parte de lo que se escucha decir a Kattya González, arengando a un grupo de personas en el lugar.
La denuncia por tráfico de influencias presentada por Latif ante el Ministerio Público en contra de la diputada prácticamente no se movió y va camino al comúnmente conocido oparei.
De enemigos a socios
El vínculo que pudiera unir a la diputada González con el intendente Estigarribia comprobaría una vez más que en política casi no existen rencores y todos tienen la facilidad de “perdonar” rápidamente, de acuerdo a las circunstancias.
En abril del 2011, Marcial González, senador en aquel entonces del Partido Patria Querida y su hija Kattya, exconcejal municipal de Villa Elisa respectivamente, atropellaron la sesión de la Junta Municipal de la ciudad y trataron de coimero, inútil, sinvergüenza y autoritario a Ricardo Estigarribia, quien ejercía al igual que ahora la titularidad de la municipalidad.
¿Qué más tenemos que hacer?
“Todos escuchan pero no hay reacción y ya no sé qué más tenemos que hacer para poder invertir y trabajar en Paraguay”, concluyó Rauand Rauf Latif, quien ya no confía en la justicia y solo espera el cambio en las autoridades municipales de Villa Elisa para continuar, tal vez, su gran proyecto.
Esta situación expone al Estado paraguayo a una demanda internacional. Latif expresó que si se realiza una denuncia, sería por perjuicio, porque cuentan con todos los documentos que avalan su decisión de operar en el país.