Las organizaciones campesinas e indígenas nucleadas en la Coordinadora Nacional Campesina e Indígena reclaman un nuevo gobierno de transición para desarrollar un programa de emergencia mientras se llame a elecciones generales para constituir un nuevo gobierno electo por el pueblo.
Convocan a todos los sectores sociales, gremiales, económicos, políticos, culturales e instituciones para una gran unidad patriótica y nacional, para exigir el juicio político o renuncia del presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez.
“La desidia y la falta de gestión del gobierno totalmente inútil no ha logrado conseguir aún vacunas contra el COVID 19, necesarias para la vacunación masiva de nuestro pueblo, permitiendo más contagios, más enfermos y más muertes evitables en la familia paraguaya”, indica el comunicado.
Además, califican al gobierno de Mario Abdo Benítez de “ladrones de los recursos de la patria” y aseguran que no se muestra interés por el sufrimiento del pueblo, recordando la conducta pública sobre la soberanía nacional, con la firma del acta “entreguista de Itaipú”.
Desde la organización denuncian la ausencia de políticas integrales para la agricultura familiar, campesina e indígena, así como la falta de mercado y con deudas imposibles de pagar.
Finalmente, celebran la movilización ciudadana y anuncian que se suman a la movilización nacional en todos los distritos y departamentos del país. “Si la situación exige, iniciaremos la gran marcha del pueblo campesino e indígena por el cambio a Asunción”, aseguran.
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Gobierno distribuyó tierras a través del Indert por USD 400 millones
A través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) el Gobierno ha podido ejecutar “la revolución de entrega de tierras”, apuntando a la regularización de estos inmuebles a favor del sector campesino. Asimismo, recordaron que bajo esta administración, finalmente se dispuso una política a favor de las mujeres.
“Si uno toma estos inmuebles que estaban a los efectos de la reforma agraria con el valor que tenían cuando se compraron, estaban alrededor de G. 10.000 o de G. 300.000 por hectárea, si actualizamos al valor de mercado, estamos hablando de los 7.500 títulos, eso significa USD 400 millones de política pública al valor actual de mercado”, expresó Francisco Ruiz Díaz, titular del Indert.
En el programa “Arriba Hoy”, emitido por GEN/Nación Media, el presidente de la mencionada institución explicó que en lo que va de este periodo se entregaron 7.500 títulos de propiedad, inmuebles que al tasar su valor al precio de mercado, ascienden a USD 400 millones. No obstante, dejó en claro que los títulos no contemplan el precio actual, sino el monto por el cual se adquirió.
“El promedio de entrega anual eran 900 títulos, el presidente cerró los 12 meses de su gestión entregando la misma cantidad de títulos que entregó la administración anterior en los cinco años”, resaltó Ruiz Díaz. Asimismo, recordó que bajo la gestión de Santiago Peña también se redujo a 0 % la tasa de interés a favor de las mujeres para titulación de tierras.
Esto último, teniendo en cuenta que la propia reforma agraria que data de 1917, establece que deben existir políticas que hagan posible que las mujeres tengan la posibilidad de ser propietarias de estas tierras, en igualdad de condiciones que los varones, pero lastimosamente esto no se daba y las mujeres quedaban rezagadas en este aspecto.
“A la mujer se le daba tierras a costos mucho más altos que al varón, entonces eliminamos la tasa de interés, dejamos 4 % para los varones y las mujeres fijamos en 0 %. Hay una política social muy fuerte y lo vamos a seguir haciendo los próximos años”, afirmó.
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En estos 106 años de vigencia de la reforma agraria, el Estado adquirió 4 millones de hectáreas sin embargo. “Por más de un siglo se compraron tierras y no se le entregó a los campesinos”, cuestionó Ruiz Díaz e indicó que solamente se habían entregado el 5 % de estas tierras. “Eso es condenarlos al atraso y principalmente al sector rural”, sentenció.
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Abdismo anticipa campaña en medio de fuerte división
El exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, oficializó ayer su candidatura a la Presidencia de la República en medio de discrepancias dentro del movimiento Fuerza Republicana, liderado por el expresidente Mario Abdo Benítez. “Comunico oficialmente que desde enero de 2025 empiezo a trabajar para la candidatura a presidente de la República (2028-2033). Recuerdo con profunda gratitud y compromiso patriótico la confianza y esperanza que muchos depositaron en mi persona hace dos años”, escribió en un posteo en la red social X.
Pero al parecer Wiens no cuenta con el respaldo del sector de la disidencia, el movimiento Fuerza Republicana. Tras su anuncio el exvicepresidente de la República y excompañero de la chapa presidencial en las pasadas elecciones, Hugo Velázquez, confirmó en un medio de comunicación que Wiens tomó esta decisión solo.
El exvicepresidente estaría apostando fuertemente a la figura del exlegislador Hugo Ramírez para las internas municipales en la capital del país. “Arnoldo Wiens lo que hizo fue hacer pública su intención de candidatarse, como movimiento aún no decidimos nada. Dentro del Partido Colorado hay una disciplina en la cual la madre de las batallas son las internas. Uno actúa conforme a las necesidades y a las expectativas del pueblo”, dijo en entrevista para la 730 AM este miércoles.
Arnoldo Wiens pasó por una cuestionada administración en el Ministerio de Obras Públicas en el gobierno de Mario Abdo Benítez, con múltiples denuncias de sobrefacturación en obras públicas y varios tramos viales quedaron en peor estado del que los había recibido.
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Lanzan el Manual de Procedimientos Jurídicos para los Pueblos Indígenas
El curso Promotores Jurídicos Indígenas celebró su clausura con el lanzamiento del Manual de Procedimientos Jurídicos para los Pueblos Indígenas, el pasado 13 de diciembre en el aula magna de la Universidad Católica. El grupo de cantores mbya guaraní de la comunidad Tarumandymi de Luque abrió el evento con el momento espiritual denominado Tangara.
Este manual será una herramienta vital para la defensa de los derechos de las comunidades originarias, que ha sido elaborado con el fin de guiar a las comunidades y promotores jurídicos indígenas en el conocimiento y la aplicación de los procedimientos legales que competen a los pueblos indígenas, señalaron durante el acto.
El manual es un testimonio de la importancia de fortalecer los conocimientos y habilidades jurídicas, para así poder defender mejor los derechos en los tribunales, en los procedimientos administrativos, y en todos los espacios donde se resuelven cuestiones que afectan a las comunidades indígenas.
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Entrega de certificados
El P. Dr. Enrique Gaska, de la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena (Conapi) de la Conferencia Episcopal Paraguaya, dio las palabras de bienvenida y apertura oficial, seguido por las palabras del representante de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), la vicerrectora de la Universidad Católica, las palabras de una de las docentes. Y luego, las palabras del alumno Napoleón Torales del pueblo aché.
En un ambiente de emoción y gratitud se realizó la entrega de certificados a los estudiantes, que estuvieron acompañados por familiares y referentes de las comunidades. Los certificados son otorgados por la Universidad Nacional de Pilar, conforme a la resolución N.° 104/2018, a través del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de Paraguay (Inecip), con colaboración de Conapi y el apoyo de la Aecid.
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El curso contó con un total de 240 horas para indígenas de diferentes pueblos. Los docentes que acompañaron este proceso fueron los abogados Juan Antonio León, Ilsa Rubi Figueredo, Dahiana Alonso, Ananio Benítez, y el P. Enrique Gaska. Se destacó que el curso surgió por la falta de acceso a la justicia de las comunidades, especialmente en lo que respecta al conocimiento y defensa de nuestros derechos, así como las dificultades administrativas y judiciales, especialmente en temas de tierra y territorio, que son una constante.
Las dificultades que contribuyen a un entorno de violaciones permanentes de los derechos fundamentales, como el acceso a la salud, la educación acorde a las culturas, y la discriminación. Por ello, la capacitación culminada es un paso importante hacia la defensa efectiva de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, con el fin de incidir en las políticas públicas del Estado paraguayo.
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Aseguran que el expresidente busca instalar especulación
“Mario Abdo Benítez debería quedarse callado por dignidad”, aconsejó el senador Gustavo Leite al expresidente de la República y líder del movimiento Fuerza Republicana, quien mediante algunos medios de comunicación que fungen como aliados cuestiona la decisión adoptada por el gobierno de Santiago Peña consistente en redireccionar la cooperación proveída por la Administración de Control de Drogas (DEA) a la Policía Nacional.
En la búsqueda de protagonismo político, Abdo Benítez apunta a instalar la especulación de que la reestructuración entorno a la asistencia internacional tendría motivaciones ocultas, sin exponer pruebas o argumentos valederos, para luego dar cátedras de estrategias en la lucha contra el narcotráfico, siendo que su gobierno posicionó al Paraguay en el cuarto lugar en criminalidad organizada.
A la vez se encargó de convertir a Paraguay en una plataforma para el envío de cocaína a Europa tras impulsar un esquema para el desmonte de los controles en los puertos, teniendo como principal brazo operativo del debilitamiento de los sistemas de seguridad interna al exministro del Interior y extitular de la Senad Arnaldo Guizzio.
“Mario Abdo Benítez tiene la deshonrosa distinción de haber abierto las puertas de par en par al narcotráfico en Paraguay. Los chanchos no pueden hablar de higiene. Ya le llegará la justicia a él también, todo es cuestión de tiempo”, dijo Leite en comunicación con La Nación/Nación Media.
Recuerdan complicidad de exmandatario con el narcotráfico
“No se puede dejar de señalar la contradicción en las declaraciones del expresidente Abdo Benítez”.
El diputado Rodrigo Gamarra resaltó las contradicciones del expresidente Mario Abdo Benítez, quien cuestiona ahora las decisiones del Gobierno en redireccionar la cooperación de la Administración de Control de Drogas (DEA) a la Policía Nacional. El legislador colorado recordó que bajo su gobierno se vio cómo el narcotráfico se fortaleció con total complicidad de las instituciones del Estado que debían realizar los controles y enfrentar al crimen organizado.
En comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, el legislador señaló que este tema es bastante delicado; no obstante, indicó que no puede dejar de señalar la contradicción en las declaraciones del expresidente Abdo Benítez. “Durante su administración, vimos cómo el narcotráfico se fortaleció, en parte por la falta de estrategias claras y eficientes en la lucha contra este flagelo”, afirmó.
Asimismo, recordó el caso de su exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, que antes de asumir este cargo incluso fue titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, y que tras investigaciones fiscales se revelaron sus vínculos directos con organizaciones criminales.
“Es un ejemplo claro del debilitamiento institucional que sufrió el país bajo su liderazgo. Esto generó no solo un vacío en el combate al crimen organizado, sino también una pérdida de confianza en las autoridades encargadas de enfrentar este problema”, mencionó.