El diputado Basilio Núñez anunció la presentación de un proyecto de ley para dejar sin efecto los aumentos salariales que se dieron a los funcionarios del Senado. La indignación se dio a conocer con la nómina de personas del entorno del presidente del Congreso Nacional, Óscar Salomón, que recibieron un incremento desde enero.

La propuesta de Núñez con la diputada Rocío Vallejo es reasignar esos fondos para la compra de vacunas contra el COVID-19, que es la primera necesidad del país y beneficiar al personal de salud y los docentes, así como los medicamentos que se reclaman en los hospitales públicos. “Debemos mejorar el gasto público, nuestros compatriotas nos piden”, expresó en su cuenta de Twitter.

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La iniciativa tuvo una gran repercusión mediática de los seguidores porque la decisión de dar un aumento en plena crisis sanitaria motivó a la ciudadanía a organizarse y continuar con las manifestaciones, pero esta vez frente a la casa del senador Salomón.

El argumento expuesto por el titular del Congreso fue que se reasignaron recursos que anteriormente eran destinados a combustibles, viáticos y seguro social. La suma de estos recortes era de G. 23.000 millones, lo que fue para salario de funcionarios alrededor de G. 12.000 millones, supuestamente para aquellos que ganaban menos que el salario mínimo. Pero el beneficio alcanzó a quienes cuentan con un cargo en direcciones de las distintas dependencias de la Cámara de Senadores.

Entre las favorecidas del parlamentario se encuentran Stella Mari Rojas González, que pasó a percibir de un total de G. 7.540.000 a G. 15.700.000, teniendo como aumento G. 8.160.000; otra beneficiada es María José Florentín, que percibe también mediante la generosidad del legislador un salario de G. 15.700.000, cuando en el mes de diciembre del pasado año percibía por sus funciones la suma de G. 7.540.000, teniendo un aumento también de G. 8.160.000.

También aparece la funcionaria María Mercedes Canese Antúnez, del Frente Guasu, quien pasó a recibir G. 14.700.000, cuando en el mes de diciembre tenía un salario de G. 11.800.000, contando con un aumento de G. 2.900.000. La misma en su defensa dijo que no estaba de acuerdo con el aumento, por lo que decidió donar esa suma a una ONG y tampoco se responsabilizó por el aumento.

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