Bajo la luz de un semáforo, unos árboles recién cortados por campesinos bloquean el acceso vehicular a Sipe Sipe, en Cochabamba, una de las localidades donde arde la protesta de los seguidores del expresidente Evo Morales contra el gobierno de Bolivia. “La renuncia del (mandatario) Luis Arce pedimos. Tiene que convocar a elecciones. ¡Ya no más!”, afirma José Loayza, un productor de trigo de 40 años, mientras mastica un puñado de coca.

Las protestas empezaron el 14 de octubre para exigir el “cese de la persecución judicial” contra el exmandatario de 65 años, ante su probable detención por el presunto abuso de una menor durante su mandato. Entre piedras, palos, llantas y desechos, campesinos arman un corro para expresarse. Han ampliado su repertorio de reclamos y ahora también apuntan contra la gestión económica de Arce, que se disputa con Morales la candidatura presidencial del oficialismo para el 2025.

La mayoría habla quechua. Sospechan de la prensa y casi todos evitan dar su nombre. La policía no está en el lugar. “Estamos saliendo (a protestar) porque el arroz y el fideo está muy caro. En el campo somos familias numerosas. Nuestros productos ya no valen nada”, dice en quechua una agricultora de pollera roja.

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Los cortes de vías incomunican al departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia, donde Morales tiene su base política. “Este bloqueo de caminos nacional no lo levantamos. Vamos a resistir hasta las últimas consecuencias”, advierte Loayza. La tensión escaló el domingo, cuando Morales -que califica la denuncia por “estupro, trata y tráfico de personas” como “otra mentira más” - denunció un atentado con 14 disparos a su vehículo por parte de un grupo “militar y policial”.

El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, desmintió la versión del expresidente. “Podemos defender también a nuestro hermano del campo. ¿Ayer (domingo) cómo han atentado? No vamos a permitir esas situaciones en Cochabamba. Vamos a masificar” los bloqueos a nivel nacional, agrega Loayza.

A 15 kilómetros de Sipe Sipe está Parotani, el punto donde el viernes se desataron los enfrentamientos más intensos entre civiles y policías desde el inicio de la protesta. El saldo fue de 44 detenidos y 14 agentes heridos, uno de ellos de gravedad, según información del Ministerio de Gobierno.

“Queremos que bajen los precios de la canasta familiar (...), que el presidente Arce dé un paso al costado y que entre otro. Nada más”, dice la campesina de pollera roja. Desde el comienzo de las protestas, los puntos de bloqueo pasaron de cuatro a 23 ayer lunes, según la estatal Autoridad Boliviana de Carreteras.

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De mano en mano, una fila de manifestantes se pasa piedras pesadas desde el cauce seco del río Khora, a 10 minutos de Sipe Sipe, para fortalecer el bloqueo sobre el puente de la zona. Se han congregado sobre todo campesinos y transportistas para protestar. En un cartel en la ribera aparece la cara de Arce, que ha sido borroneada con pintura negra.

“Bloqueamos por lo que necesitamos: canasta familiar, combustible, dólares. No hay movimiento económico”, dice Grover Torrico. Este conductor de carga de unos 30 años se sumó a la toma del puente para protestar por la escasez de combustible. “No hay diésel. ¿Con qué voy a viajar?”, agrega.

Bolivia registró en setiembre una inflación de 6,2 % interanual, su cifra más alta desde julio de 2014. Los bloqueos han acentuado aún más el desabastecimiento de combustible. Bolivia redujo la importación del diésel y la gasolina que distribuye a precio subsidiado, a raíz de una caída de sus reservas de divisas. “El país está yendo de peor en peor. Y un gobierno tiene que estar para priorizar, para solucionar. No tiene que esperar a que la gente salga a bloquear las calles”, concluye el transportista.

Fuente: AFP.

El senador Gustavo Leite se mostró partidario al pedido realizado por el sector de los cañicultores, de mantener las sanciones establecidas en la iniciativa de modificación de la ley sobre fomento a los combustibles, en caso de incumplimiento en el uso del 50 % del alcohol elaborado con caña de azúcar en la mezcla con las naftas.

“Tener una ley que no tenga sanciones es condenar a los cañeros. Aquí siempre el pato de la boda han sido los cañeros y esto ya no puede continuar porque vamos a terminar imponiendo pobreza extrema y sacarle su rubro a la gente más vulnerable”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las afirmaciones de Leite surgieron ante el anuncio realizado por los cañicultores quienes desde este jueves comenzarán a realizar cierres intermitentes de ruta en varios puntos del país como medida de protesta contra el veto parcial del Ejecutivo.

“El gobierno no le puede dar la espalda a sus ciudadanos. Estas manifestaciones ahora hacen que el problema sea mucho más evidente e imagino que lo antes posible nosotros atenderemos este tema. A nadie le conviene tener a la gente manifestándose en las calles y a nadie le conviene tener a cañeros condenados a la pobreza extrema por inacción de su propio gobierno”, indicó.

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El legislador recordó que en plena campaña política en el 2022, en la localidad de Ñumí, departamento del Guairá, el mandatario Santiago Peña y el vicepresidente de la República Pedro Alliana mantuvieron un encuentro con un total de 3.000 cañicultores para escuchar sus reclamos y buscar soluciones a las problemáticas del sector.

“El reclamo fue el incumplimiento manifiesto y seguido de la Ley 5444/15 de biocombustibles. Lo que se trató (el proyecto de modificación vetado) fue lo que se pactó con los cañeros, fue la promesa de campaña en el 2022″, refirió.

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“Este proyecto de ley sobre fomento a los combustibles tendrá un impacto social demasiado importante en el interior del Paraguay”, indicó el diputado Alejandro Aguilera, quien urgió a la Cámara de Senadores el tratamiento de urgencia del veto parcial del Ejecutivo a las modificaciones introducidas a la normativa con la finalidad de desactivar las movilizaciones de cañicultores en distintos puntos del país.

“Ellos no están pidiendo subsidio del Estado, solo están pidiendo al Estado políticas públicas para que puedan desarrollar su trabajo y que su materia prima no se pudra en el campo, que es lo que está sucediendo hoy”, comentó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Desde este jueves, el sector de los cañicultores iniciará los cierres intermitentes de ruta en al menos 3 departamentos del país, Guairá, Paraguarí y Caaguazú, para exigir que se mantengan las sanciones establecidas en la iniciativa de modificación en caso de incumplimiento en el uso del 50 % del alcohol elaborado con caña de azúcar en la mezcla con las naftas, así como la obligación de que el Estado aumente su flota de vehículos flex.

“El impacto que tiene este proyecto de ley es muy importante. Acá estamos hablando de miles de familias, de industriales quienes dependen que esto salga o no para continuar con sus inversiones. Hay intereses muy importantes en juego”, comentó.

Asimismo, manifestó que le resultó sorpresivo el veto presidencial a la iniciativa, teniendo en cuenta que la misma fue impulsada de manera consensuada, principalmente entre representantes del Poder Ejecutivo, legisladores y autoridades del Partido Colorado.

“Quiero recordarles a los presidentes de entes, quienes estuvieron en esa reunión, que el Partido Colorado es agrarista por doctrina, que representa a las clases populares y no es un partido que representa a las oligarquías económicas. Tienen que fijarse en lo que representa este proyecto de ley para el campesinado y tienen que defender los intereses populares. Eso nosotros haremos desde el Congreso Nacional. No daremos la espalda al sector popular, al campesinado”, refirió.

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El legislador se refirió al titular de Petropar, Eddie Jara Rojas, y al ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez. “Ellos estuvieron estuvieron en la redacción del texto que nosotros aprobamos en el Congreso Nacional y luego aconsejaron otra cosa al presidente, qué pasó por el camino. Sería demasiado importante que puedan dar la cara porque están generando una crisis”, indicó.

Aguilera rechazó también las publicaciones de algunos medios de comunicación quienes en sus páginas titulan que “grandes cañicultores presionan contra el veto parcial”. “Este es el lobby que están haciendo los grandes oligarcas económicos ¿Quiénes son los grandes cañicultores? Yo invito a todos los medios que quieran venir al Guairá para presentarles a los grandes cañicultores como dicen, para que puedan ver cómo estas personas trabajan en familia, cómo pelan la caña de azúcar con 40 grados de calor, cómo practican la supervivencia y cómo están desprotegidos”, lamentó.

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El presidente argentino, Javier Milei, dijo el martes que la universidad pública “no está en discusión”, pero afirmó que no cederá a los reclamos por más presupuesto cuando se multiplican las protestas estudiantiles en las altas casas de estudios. “Acá no está en discusión la universidad pública ni que sea no arancelada. Eso no se toca”, dijo Milei en una entrevista con el canal de televisión LN+. “Gratuita no es, alguien la está pagando, la pagan los que no van”.

“Yo no voy a ceder”, advirtió el presidente, consultado sobre los reclamos que ponen el eje en los magros salarios de los docentes, que se sitúan bajo la línea de la pobreza y están causando masivas renuncias, según alertaron los rectores de las principales universidades públicas que concentran el 80 % de la matrícula superior. El presidente vetó hace dos semanas una ley que aumentaba fondos para las universidades por considerar que ello ponía en jaque el equilibrio fiscal, pilar de su gobierno, pese a que la oficina de presupuesto del Congreso calculó su impacto en 0,14 % del PIB.

Los estudiantes se pusieron en pie de guerra luego de que el Congreso ratificara el veto presidencial el miércoles pasado pese a masivas marchas para reclamar mayor presupuesto para las universidades. Milei ha centrado su postura en las auditorías a las universidades, al echar un manto de sospecha sobre la adjudicación de los fondos públicos que estas reciben. “Este revuelo es tomar una causa noble, como la universidad y ocultar los curros (delitos) de los delincuentes”, afirmó el presidente. “¿Por qué tanto problema porque las queremos auditar? ¿Quién no quiere ser auditado? El que está sucio”.

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Las universidades cumplen con auditorías internas ordinarias, sin embargo, la Auditoría General de la Nación (AGN) tiene pendiente su plan de revisiones, que incluye a varias universidades. Este plan debe ser aprobado por una comisión parlamentaria cuya conformación no ha sido completada por el propio gobierno. Más tarde el martes, el Ejecutivo permitió que un organismo que depende de la presidencia (SIGEN) audite las universidades. Milei desafió al Congreso a que reasigne las partidas del presupuesto para financiar las demandas universitarias.

“Pueden discutir el presupuesto y poner el número que quieran. Mientras me respeten el déficit cero, no me importa”, dijo el presidente. “Que digan a quién le sacan”, agregó. El gobierno prorrogó para 2024 el presupuesto universitario de 2023 pese a que la inflación, de las más altas del mundo, marcó en septiembre un 209 % interanual. Para 2025, el gobierno presupuestó para las universidades públicas la mitad de los fondos que los rectores manifestaron necesario para garantizar el funcionamiento.

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Fuente: AFP.