El Ministerio de Salud ratifica que garantiza el suministro de medicamentos e insumos para los pacientes con atrofia muscular espinal (AME). El viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, José Ortellado asegura que todos los pedidos fueron cubiertos con recursos del Fonares.

“La enfermedad del AME por ley del Fonares está cubierta, entonces el proceso se inicia en el consultorio que el médico especialista evalúa y diagnostica ese cuadro. Una vez diagnosticado ese cuadro en el Hospital Acosta Ñú, centro de referencia de esa patología y donde está el equipo multidisciplinario para la atención de esta enfermedad, se realiza el pedido”, señaló al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El médico explicó que el propio director del Hospital Acosta Ñú es el encargado de habilitar un legajo y solicitar la medicación al Ministerio de Salud Pública. Se acreditan documentos de los pacientes tales como el diagnóstico, atención y una evaluación del servicio social.

“Lo deriva a la secretaría del Fonares y previamente evaluado por la comisión técnica médica que realiza el dictamen. Lo eleva ese documento al Consejo de Fonares formado por cuatro instituciones”, mencionó.

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Siguió refiriendo que una vez que el Consejo reciba ese documento, lo evalúa, autoriza la compra de fármacos, a resultas de los dictámenes previos de la parte médica y del área social.

“Se eleva eso a la parte de gerencia o a la administración y la administración hace el llamado y la compra de esos medicamentos. Una vez que se adjudican esos medicamentos, son entregados directamente al Hospital Acosta Ñu, donde se hace un acta de recepción y se realiza la entrega directa a los pacientes”, manifestó.

Admitió que el proceso es complejo y los pedidos se responden de manera nominal por cada caso, pero está garantizado el suministro. “Aproximadamente en este momento tenemos 80 pacientes con AME en tratamiento. Y ahora tenemos siete nuevas carpetas a ser evaluadas. Están garantizados los tratamientos con un presupuesto aproximado de 150.000 millones de guaraníes”, puntualizó.

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En el marco de la Jornada de Gobierno, se inauguró el Hospital Día Oncológico en Concepción y para el acto, estuvieron presentes el presidente de la República, Santiago Peña, la ministra de Salud, María Teresa Barán y otras autoridades nacionales y departamentales. Además se puso a disposición el primer servicio de mamografía, el cual beneficiará a más de 30.000 mujeres del departamento.

“Este es el claro ejemplo del trabajo en equipo, todos pusieron su grano de arena, todos soñaron con este hospital y hoy es una realidad. Hoy estamos habilitando el décimo hospital día fuera del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), esto va a traer un poco de tranquilidad a las personas oncológicas porque van a estar en su casa”, expresó la titular de la cartera sanitaria.

Por su parte, el mandatario manifestó la determinación de su gobierno por seguir invirtiendo en infraestructura e insumos para el combate al cáncer, puesto que las estadísticas ubican a Paraguay entre los países con peores índices a nivel mundial en muertes por esta enfermedad.

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“Me puse el objetivo, junto con la ministra de Salud y su tremendo de equipo de enfrentar este desafío, para que dentro de estos cinco años demos un cambio abrupto dentro de estas estadísticas que son números fríos, pero en realidad estamos hablando de mujeres, de familias de madres, hermanas, hijas que muchas veces dejan una familia destruida y esto se puede prevenir”, señaló.

Peña habló de la importancia de la detección temprana del cáncer, puesto que en el estadío 1 y 2, los tratamientos son mucho más efectivos y más económicos. En este sentido, indicó que será trascendente para la salud pública lograr que la mayor cantidad posible de casos sean detectados en esta instancia, de modo a asegurar que los de mayor gravedad, tengan garantizados los medicamentos e insumos necesarios.

“Celebro que haya un trabajo coordinado entre la gobernadora, los intendentes, junto con los funcionarios de las distintas instituciones, los ministerios, acercándose a los problemas y trayendo las soluciones”, sostuvo el jefe de Estado.

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Este miércoles, hicieron el lanzamiento oficial del operativo antidengue y fiebre amarilla que busca prevenir estas enfermedades. Durante la final de la Copa Sudamericana, que será el 23 de noviembre, realizarán control de tarjetas de vacunaciones y tendrán disponibles dosis contra la fiebre amarilla para los compatriotas que desean viajar.

Según el doctor Hugo Luis Cousirat, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), sigue muy vigente la exigencia de las dosis contra la fiebre amarilla tanto para ingresar como para salir del país. Instó a los turistas a venir munidos de sus carnet de vacunaciones y porque estarán controlando en los puntos de ingresos al Paraguay.

“Vamos a aplicar fuertes controles a los turistas provenientes de Brasil, Colombia, Perú y Bolivia, es muy importante que vengan vacunados. Se realizarán los controles en los puntos de ingresos terrestres y aéreos”, detalló Cousirat, en entrevista con el programa “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Recordó que una dosis es suficiente y que protege de por vida contra la fiebre amarilla. “Las persona que no tienen antecedentes de estar vacunados deben hacerlo por lo menos dos semanas antes de viajar. Es muy importante tener en cuenta que existe brote de la enfermedad en algunos países de la región”, detalló.

Agregó que también se recibirán a viajeros en cuyos países hay brotes de dengue y que los centros asistenciales estarán abiertos para recibir a turistas con síntomas. “Podemos tener el ingreso de algún cerotipo que no esté circulando en Paraguay. Es muy importante que ante los síntomas de dengue realicen una consulta temprana. En Brasil y Colombia hay circulación de dengue, tenemos que estar en alerta”, apuntó.

Explicó que los controles se realizan a diario y que la Copa Sudamericana será un atractivo para los turistas. “Al ser un evento tan importante vamos a tener un despliegue especial del servicio de salud y profesionales. Todos los hospitales de Asunción y Central estarán en alerta”, puntualizó.

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Los rosarios de cuestionamientos que arrastran varios dirigentes que administran grandes corporaciones de ONGs, han impulsado, gracias a la atención que pusieron algunos parlamentarios, un proyecto de Ley de Transparencia que fue promulgado en estos días y que obligará a operar a cara descubierta después de años de oscurantismo en el financiamiento como del real interés que persiguen.

La contaminación que sufrieron las ONGs, principalmente las que reciben multimillonarios fondos tanto local como internacional han opacado la esencia de estas organizaciones perjudicando a aquellas cuyos fines siguen siendo el bienestar social. La nueva normativa dará luz sobre la existencia de estos grupos con la información que deberán disponer para la ciudadanía.

Rossana Escobar M. (rossana.escobar@nacionmedia.com)

La Ley número 7.363/2024, que promulgó el presidente de la República, Santiago Peña, la semana pasada y “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, conocidas como ONGs, pondrá luz al oscurantismo en el que se manejan varias ONGs, principalmente aquellas que reciben fondos multimillonarios y giran en torno a programas o actividades públicos. Esto significa un sinceramiento de las acciones de estos grupos con la ciudadanía a la que siempre invocan como beneficiaria de sus diferentes proyectos.

El intento de satanización mediante campañas de desinformación, típica herramienta utilizada por los conocidos oenegeros, muy particularmente de las grandes empresas ONGs que supieron incentivar a sus aliados mediáticos, periodistas de élite quedó totalmente desmoronado ante el proyecto de Transparencia y los monumentales fondos que en nombre de la ciudadanía fueron distribuidos en los bolsillos de grupos reducidos. Una oposición oportunista, aferrada al desfazado discurso de la organización para la representación civil con varios de sus operadores colgados del dinero que se mueve en el negocio oenegero, también quedó al descubierto y al arbitrio de la población.

Rendición de cuentas, es la frase que engloba la recientemente promulgada Ley y que generó urticaria a varios oenegeros y políticos vinculados a sus campañas que, a toda costa quisieron plantar la idea de que es un garrote para desalentar la organización civil. Una mentira feroz, en el artículo primero se garantiza el derecho a libre asociación para los fines que se propongan toda vez que sean lícitas.

La normativa, entre otros, establece que todas las asociaciones, fundaciones, ONGs, y otras entidades similares que manejen fondos públicos o privados, tanto nacionales como internacionales, se registren en el Registro Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta medida abarca a cualquier entidad que reciba o administre fondos relacionados con actividades de competencia del Estado, gobernaciones, municipalidades y otros entes autónomos.

Las OSFL deberán incluir en sus estatutos la identidad de sus fundadores, su objetivo, fuentes de financiamiento y llevar un registro detallado de los fondos recibidos, con sus respectivas facturas y documentos respaldatorios. Además, deberán mantener una lista detallada de todos los profesionales y personal contratado, ya sea nacional o extranjero, relacionado con el uso de los fondos. Los primeros informes que llegó a recabar la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso (CBI), puso en evidencia que recursos dispuestos en beneficio de la ciudadanía básicamente se tradujeron en facturaciones para mismos oenegeros, sus clanes familiares y consultores amigos.

No hay que olvidar que la mencionada Ley es producto de un largo proceso de debate durante el cual salieron a la luz manejos discrecionales, denuncias de corrupción, nepotismo por parte de directores, administradores de ONGs que reciben fondos del Estado y de otros organismos mediante donaciones a Paraguay sin mayores impactos en favor de la ciudadanía.

Un claro ejemplo de cómo se ha bastardeado el rol de algunas ONGs es el esquema con fondos millonarios recibidos que involucra a dupla de excandidatos de la Concertación, Soledad Núñez y Bruno Defelippe. Empezaron como voluntarios, pero rápidamente construyeron una red de negocios bajo la apariencia de ONGs, articulada a través de la empresa de Defelippe. Esta red mueve miles de dólares provenientes de organismos multilaterales y contrapartidas estatales, destinando fondos a consultorías y emprendimientos que benefician a un selecto grupo de amigos.

Otro sonado de corrupción con ONG es el que involucra al presidente del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CRID), Agustín Carrizosa que en plena crisis económica por el Covid – 19 se aprovechó de un convenio con el Estado y con plata de los contribuyentes repartió sueldos a su hija Paola Carrizosa Bradshaw, a su pareja María Berta Rojas Aveiro, a su cuñada Marta María Rojas Aveiro, al hijo de su coordinador anticorrupción, Carlos Francisco Alcaraz. Así también hizo festín con dinero proveniente de donación a Paraguay con repartija de honorarios a su clan, periodistas, oenegeros amigos.