• Valparaíso, Chile. AFP.

Quince policías y un manifestante resultaron heridos ayer miércoles en varios puntos de Chile, en el marco de protestas de pescadores artesanales que exigen la aprobación de una ley para aumentar la cuota de merluza que pueden capturar, según informaron autoridades. Las manifestaciones, que dejaron ocho detenidos, se llevaron a cabo en el puerto de Valparaíso, en la región de Coquimbo, y también en la zona sur, en la región de Maule.

Durante las movilizaciones se desencadenaron fuertes choques con la policía. Los enfrentamientos más violentos se registraron en Valparaíso, a 120 km de la capital Santiago, donde siete policías y un manifestante sufrieron heridas. Hubo tres detenidos. Uno de los agentes fue hospitalizado luego de que fuera alcanzado en la cabeza por “un objeto contundente”, precisó la general de Carabineros, Patricia Vásquez.

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“Se registraron hechos muy violentos. Tenemos un carabinero que fue ingresado grave al hospital”, señaló Vásquez a la prensa. En esa ciudad, se encuentra el Congreso Nacional, que discute el mencionado proyecto de ley. La policía contuvo a los manifestantes con gases lacrimógenos y carros lanza-agua, según constataron periodistas de la AFP.

Más tarde, en la región del Maule (a unos 280 km al sur de Santiago), estallaron choques que dejaron a otros ocho agentes heridos, cinco detenidos y un carro lanza-aguas quemado, informó Carabineros a través de sus redes sociales. Los manifestantes levantaron barricadas y cortaron por un tiempo la principal carretera de Chile, que une el norte y sur del país. En la región de Coquimbo, 450 km al norte de Santiago, trabajadores del sector artesanal lograron también cortar la ruta Panamericana tras encender una pila de neumáticos.

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Los pescadores exigen que el Congreso dé luz verde a un proyecto de ley que eleva la cuota para la pesca, principalmente de merluza, uno de los más consumidos en Chile. Esperamos que se apruebe “inmediatamente” el proyecto de ley, declaró a la AFP Miguel Ángel Hernández, presidente de la Federación de pescadores artesanales de la región de Valparaíso.

La denominada Ley de Fraccionamiento de la pesca, presentada en septiembre de 2024 por el gobierno del presidente izquierdista Gabriel Boric, fue aprobada ya en la Cámara de Diputados, pero continúa siendo analizada por la comisión de Hacienda del Senado. Según Hernández, el trámite se ha “dilatado” en esa cámara. La normativa busca “una distribución más justa y equitativa de las cuotas (de captura establecidas) entre los sectores pesqueros artesanal e industrial”, reseñó la Subsecretaría de Pesca en un informe sobre la ley.

• Por Juan Marcelo Pereira, juan.pereira@nacionmedia.com.

“Marzo de 1999 constituye un capítulo del pasado que, sin dudas, seguirá en nuestra memoria histórica por muchas generaciones”, manifestó el historiador José Federico Samudio Falcón, al conmemorarse en estos días los 26 años de la crisis política y social marcada por el luto y el despertar del clamor popular en defensa de la democracia paraguaya, que se conoce como el Marzo Paraguayo.

“Por vez primera ocurrieron cosas en distintos ámbitos, que no habían ocurrido hasta entonces. Fue la primera vez que un vicepresidente de la República paraguayo fue asesinado. También, la primera vez que colapsó un gobierno en democracia”, sostuvo al diario La Nación/Nación, haciendo referencia al magnicidio del último caudillo colorado, Luis María Argaña, registrado en la mañana del 23 de marzo, cuando transitaba en la entonces calle Diagonal Molas, de Asunción, en compañía de su chofer y guardia.

Su camioneta Nissan Patrol, de color rojo, que debía transportarlo desde su vivienda en el barrio de Las Carmelitas hasta la sede de la Vicepresidencia, fue acribillado a balazos y se arrojó una granada debajo, que no se detonó; su muerte fue confirmada poco después en el sanatorio Americano.

El ataque contra Argaña dio inicio al evento histórico denominado Marzo Paraguayo, en que se registró una serie de manifestaciones en las plazas y calles aledañas al Congreso Nacional para reclamar la renuncia del mandatario Raúl Cubas Grau, sindicado junto con el general retirado Lino César Oviedo de ser los responsables del magnicidio.

“Fue, además, la primera vez que el pueblo paraguayo pudo comprobar empíricamente, que la supervivencia o el fin de un gobierno podía definirse no solamente mediante golpes militares, como tantas veces ocurrió en nuestra historia, o a través de elecciones. El vigor del clamor popular en las calles, que se descubriría en esos álgidos días entre el 23 y 28 de marzo, también podía jugar un rol definitorio”, indicó Samudio Falcón a La Nación.

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Los lugares en donde se desarrollaron las protestas ciudadanas pasaron a convertirse en territorio de batallas campales, que alcanzaron su máxima tensión el viernes 26 de marzo, con una intensa represión policial, y tiroteos que dejaron como saldo 8 muertos y 769 heridos entre los manifestantes.

La nomina de los fallecidos estuvo conformada por Cristóbal Espínola, Manfred Stark González, Henry Díaz Bernal, Armando Espínola, Víctor Hugo Molas, José Miguel Zarza, Tomás Rojas y Arnaldo Paredes (quien murió un año después como consecuencia de las heridas recibidas durante las manifestaciones).

“Ese marzo con apodo, vive y vivirá en la mente de los paraguayos, como lección de que el sentir de la sociedad paraguaya debe ser tenido en cuenta. No puede ser descartado mediante meros actos de fuerza, trátese de un magnicidio o la salida de tanquetas a la vía pública. Pues, para bien o para mal, cuando la indignación colectiva se siente provocada, sin respuesta a los agravios recibidos y arrastrada a disputas por fuera de la institucionalidad, puede sorprender a propios y extraños con un rugido capaz de hacer temblar las plazas y calles, y con ellas, los cimientos del status quo”, dijo el historiador.

El conflicto cerró por la noche del 28 de marzo, con la renuncia de Cubas, quien permaneció en el poder solo 8 meses para posteriormente partir al exilio en Brasil; y el juramento del senador Luis González Macchi como jefe de Estado. Mientas que Oviedo escapó a Argentina, donde obtuvo asilo político.

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“Estos hechos dejaron bien claro que Oviedo no era tan valiente como presumía, ni tenía el gran respaldo popular del que presumía, sino sólo el de los nostálgicos de la dictadura stronista y los oportunistas de siempre. El marzo paraguayo fue una gesta patriótica de la ciudadanía, cansada de la injerencia de Lino Oviedo en las decisiones del gobierno de Cubas Grau, quien se encontraba constreñido en sus funciones por la fuerte influencia de Oviedo en el Partido Colorado y las FF.AA.”, mencionó el analista político Marcelo Duarte.

“Los gobiernos que se someten a la presión de factores externos opuestos a lo decidido democráticamente por la voluntad popular causan una reacción inversa y directamente proporcional de la ciudadanía contra quienes la provocaron y quienes ceden ante ellas de ahí que Oviedo tuvo que huir del país y refugiarse en el extranjero y el presidente Cubas Grau renunciar”.

Posteriormente, Oviedo retornó al Paraguay, y a prisión, en junio del 2004. En octubre del 2007 fue absuelto de la condena de 10 años fijada en 1997, tras un intento golpista contra el expresidente de la República, Juan Carlos Wasmosy, y en el 2008 en la causa judicial conocida como la Masacre del Marzo Paraguayo. Se postuló, sin éxito, a la presidencia en el 2008 y el 2013. Falleció el 2 de febrero de 2013, en un accidente aéreo.

“El pueblo paraguayo se demora en reaccionar, pero cuando lo hace su fuerza es incontenible, esa es la lección que nos dejó el marzo paraguayo y debe servir de ejemplo a los aprendices de dictadores, sus títeres y a las nuevas generaciones de paraguayos”, sentenció Duarte.

• Estambul, Turquía. AFP.

Las protestas continúan el martes en Turquía, donde más de 1.400 personas han sido detenidas desde que comenzó el miércoles una oleada de manifestaciones por el arresto del alcalde de Estambul Ekrem Imamoglu, principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan. En total, 1.418 personas acusadas de participar en concentraciones ilegales fueron detenidas desde el 19 de marzo, según las autoridades, que se enfrentan a la mayor ola de protestas en el país desde 2013.

En este contexto, un tribunal de Estambul ordenó el martes el encarcelamiento provisional de siete periodistas turcos, entre ellos el fotógrafo de AFP Yasin Akgül, acusados de participar en manifestaciones, prohibidas desde la semana pasada en las tres principales ciudades de Turquía. Akgül alegó durante su detención que se había limitado a cubrir una protesta en Estambul.

El presidente de Agence France-Presse, Fabrice Fries, pidió a la presidencia turca la “rápida liberación” de su fotógrafo. “Yasin Akgül no manifestaba, cubría como periodista una de las muchas concentraciones organizadas en el país desde el miércoles 19 de marzo”, afirmó.

La oenegé Reporteros sin Fronteras condenó por su parte una “decisión escandalosa [que] refleja una situación muy grave en curso en Turquía”. En total, 979 manifestantes se encontraban el martes bajo custodia policial, mientras que 478 personas habían pasado a disposición judicial, según el ministro turco del Interior, Ali Yerlikaya.

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Ante las continuas protestas desencadenadas por la detención de Imamoglu, acusado de “corrupción”, la gobernación de la capital Ankara extendió hasta el 1 de abril la prohibición de manifestaciones. Las autoridades tomaron una decisión similar en Izmir, la tercera ciudad del país y bastión de la oposición, hasta el 29 de marzo. La misma prohibición está en vigor desde hace seis días en Estambul, donde decenas de miles de personas la desafían cada noche delante del ayuntamiento.

El martes por la tarde, una marcha de miles de estudiantes partió de un parque de la zona europea de Estambul, constataron periodistas de AFP. Muchos se habían cubierto el rostro con bufandas o máscaras por miedo a ser identificados por la policía, explicaron.

“Claro que tengo miedo de la policía”, declaró Nisa, una estudiante que no quiso dar su apellido. Özgur Özel, presidente del partido socialdemócrata CHP, al que pertenece Imamoglu, convocó una gran concentración para el sábado. Miles de estudiantes desfilaron también en Ankara, la capital, según imágenes de los medios turcos. La semana pasada, las manifestaciones desencadenadas por la detención del alcalde se extendieron a al menos 55 de las 81 provincias de Turquía.

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Özel, que pidió hacer frente al “fascismo”, acudió el martes a la cárcel de Silivri, donde están recluidos desde el domingo Imamoglu y otros 48 coacusados, entre ellos dos alcaldes de distrito que también son miembros del CHP. “Me encontré con tres leones dentro. Están de pie, con la cabeza alta (...), como leones”, dijo a la prensa al salir de la prisión.

El Consejo de Europa, que debe debatir el martes la situación en Turquía, denunció un “uso desproporcionado de la fuerza” durante las manifestaciones y citó la represión a la prensa. La ONU también expresó su inquietud ante la oleada de detenciones, asegurando que están “muy preocupados”.

El CHP llamó a boicotear 11 marcas afines al gobierno, incluida una famosa cadena de cafés: “Nosotros mismos podemos hacer el café”, expresó Özel. “Dejad de perturbar la paz de nuestros conciudadanos con vuestras provocaciones”, declaró el presidente Erdogan el lunes por la noche, dirigiéndose a la oposición en un discurso televisado.

Desde tempranas horas de este martes 25 de marzo, organizaciones campesinas y sociales iniciaron diversas movilizaciones, entre las cuales sobresalen las concentraciones departamentales previstas la XXXI Marcha Campesina, Indígena y Popular de la Federación Nacional Campesina (FNC), prevista en Asunción, para este miércoles 26 y jueves 27 de marzo, con el lema “Por tierra, producción y contra todas las injusticias”.

La marcha campesina inició sus primeros despliegues desde Santa Rosa, en el departamento de San Pedro, y que se ampliarán durante la tarde del martes. Además de la FNC, otras organizaciones sociales también iniciaron movilizaciones en el microcentro de Asunción, como la asociación de Adultos Mayores, la Redic, y sindicato de funcionarios de la Municipalidad de Asunción, entre otros que se despliegan desde la Plaza Uruguaya hasta la Plaza de Armas, en inmediaciones del Congreso Nacional.

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En Ciudad del Este (Alto Paraná) también se desarrollaron marchas en la zona primaria, ubicada a 100 metros del Puente de la Amistad, donde se registró una larga fila por la manifestación. También se suman a la movilización funcionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este encabezado por el intendente Miguel Prieto, quien ordenó el cierre de la sede municipal.

En el transcurso del día, las organizaciones tanto campesinas como sociales se irán sumando a esta marcha anual, donde se estima una participación de alrededor de 6.000 personas, para ello, la Policía Nacional y otras instituciones del Estado realizaron un plan de contingencia, tanto para la seguridad de los manifestantes como de la sociedad en general en los puntos establecidos para la marcha y movilizaciones. Se previó el despliegue de 12.000 policías para este trabajo de contención y prevención.

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