La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González, es acusada por supuesta xenofobia y por instigar a los pobladores de la ciudad de Villa Elisa a la violencia. Los denunciantes son inversionistas extranjeros que aseguran ser víctimas de persecución por parte de la parlamentaria.
La misma, según la denuncia, hace creer a los pobladores del lugar que los extranjeros llegan a Paraguay con el único propósito de robar, cuando la realidad es totalmente lo contrario, sostienen.
“Hace 2 semanas llegó al barrio, habló mal de los extranjeros diciendo que venimos a Paraguay para robarles. Cada rato dice ‘no sé de dónde viene este señor, si es árabe o africano’. Nosotros somos la única arenera que fuimos perjudicados, no hay otros. Ella realizó un hecho de xenofobia. Hace 3 años no nos permite trabajar, ahora se va contra otra empresa alemana que tiene 400 funcionarios. Ella está diciendo que nosotros estamos robando propiedad pública y eso no es cierto, tenemos documentos que lo demuestran”, sostuvo Rauand Rauf Latif, vocero de los empresarios afectados.
Rauf Latif detalló además que en conjunto con otros empresarios europeos llegaron al país en el 2009 con el fin de concretar inversiones en la mencionada ciudad. Empezó a formular un ambicioso proyecto que traería gran progreso a Villa Elisa, lo concretaron pero finalmente no puede seguir operando a raíz del supuesto uso indebido de influencias, ejercida por González, argumentó el inversionista.
“Ella no solo comete racismo, sino que usa indebidamente su poder contra nosotros, contra la empresa y contra los extranjeros, no podemos trabajar debido a que el intendente de Villa Elisa (Ricardo Estigarribia) y los concejales son cómplices, le tienen miedo, ella sabe usar su poder para perjudicar a la gente”, sentenció.
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Denuncia internacional contra el Estado
El empresario denunció también la existencia de una burocracia y manejo de la Justicia, argumentando que presentó una denuncia por uso de influencias contra la legisladora. Sin embargo, de acuerdo a sus declaraciones, la fiscala Natalia Silva, de la Unidad de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, aparentemente solicitó al juez penal de Garantías Rolando Duarte la desestimación de la causa sin hacer una investigación exhaustiva del caso.
”No sé qué poder usó. La fiscala ni siquiera me llamó a declarar como denunciante, no escuchó nuestra versión, yo tenía más documentos que sostienen mi denuncia, hay testigos”, mencionó, razón por la cual actualmente evalúa realizar incluso una denuncia internacional contra el Estado.
“Tengo denuncias en la Contraloría contra el municipio, en la embajada alemana, también en la Cámara de Diputados, en la Fiscalía General, denuncias por todos lados, pero no se está moviendo nada y no podemos trabajar. La denuncia que vamos a realizar contra el Estado sería por perjuicio, porque nosotros tenemos todos los documentos de que sí se puede operar, no estamos pidiendo plata, estamos pidiendo trabajar”, dijo en comunicación con el diario La Nación.
González estaría operando a favor de sus familiares
De acuerdo a sus manifestaciones, la arenera se encuentra pegada a un sitio público que es ocupado por los propios familiares de la legisladora. “Hace dos años ellos comenzaron a amurallar, la playa pública está ocupada por su tío. Dicen que tienen documentos, pero el municipio no está en conocimiento, yo sí tengo título de mi propiedad”, refirió.