Los diputados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) anunciaron que impulsarán el juicio político contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente Hugo Velázquez. El principal argumento tiene relación con las denuncias de corrupción que han surgido desde el inicio de la crisis sanitaria por el COVID-19.
“Llegamos al consenso de impulsar el juicio político al presidente y al vicepresidente y a la par se designó responsable para la estructuración del libelo acusatorio y fueron nominados los diputados Rodrigo Blanco, Jorge Ávalos Mariño y Celeste Amarilla. Esto será también en coordinación con las demás bancadas de otros partidos políticos, con quienes se estará trabajando para la presentación del libelo y finalmente para la estructuración de la mayoría requerida para conseguir el objetivo y responder al reclamo ciudadano”, sostuvo el vocero del encuentro, el legislador Celso Kennedy.
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La multibancada liberal actualmente cuenta con 29 votos y buscará establecer acuerdos con los otros sectores políticos dentro del estamento para conseguir el total de 53 votos necesarios para llevar adelante el proceso acusatorio.
“Tenemos la responsabilidad histórica como representantes del PLRA. En primer lugar, queremos establecer un trabajo con responsabilidad, con seriedad y sobre todo en el marco de la Constitución Nacional. En segundo lugar, tenemos la necesidad de poder satisfacer las necesidades ciudadanas que hoy claman que hay carencias en distintos servicios del Estado paraguayo, fundamentalmente en los hospitales públicos, en los términos de medicamentos para la atención sanitaria y también dentro del tema más ágil y eficiente en la compra de las vacunas”, manifestó.
Principal causal, la corrupción
El legislador señaló que la principal causal se centra en las diferentes denuncias sobre los hechos de corrupción que salpicaron a la administración de Abdo Benítez, ya desde el comienzo de la crisis sanitaria por el letal virus que incluso generó la renuncia de ex colaboradores del mandatario, tras verse acorralados.
“Unas de las causales que nosotros consideramos, y por eso impulsamos el juicio político, es el tema de la corrupción. Queremos hacer un seguimiento y control eficiente y tratar de ofrecer todas las condiciones para que se disminuya el flagelo en la administración pública, que es la principal causa de la carencia en los servicios públicos”, refirió.
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Anexo C: Diputados conforma comisión unicameral para iniciar acompañamiento de negociaciones
El proyecto de resolución “que propone la creación de una Comisión Especial Unicameral para el Estudio y Acompañamiento de las Negociaciones para la Revisión del Anexo C de Itaipú Binacional, entre los Gobiernos de la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil”, fue aprobado en la Cámara de Diputados en la sesión ordinaria del pasado martes. La iniciativa fue presentada por los diputados Rocío Abed y Hugo Meza.
Si bien el objetivo fue la creación de una Comisión Bicameral que integre a miembros de la Cámara de Senadores y Diputados, la iniciativa no avanzó por una falta de acuerdo para la presidencia, lo que llevó a los diputados a abandonar la sesión y solo se conformó, primeramente, una comisión unicameral en Senadores y ahora en Diputados.
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Ahora, desde Diputados el análisis y acompañamiento de estas negociaciones se realizará de manera unicameral. El diputado Hugo Meza explicó a La Nación/Nación Media que no se llegó a un acuerdo entre ambas Cámaras por una falta de madurez política.
“Es lamentable. Lastimosamente no pudimos llegar a un acuerdo. Creo que faltó madurez política, ni siquiera de nuestra parte, nosotros simplemente hemos defendido la institucionalidad de la Cámara de Diputados, atendiendo que es norma que las bicamerales siempre se han rotado, tanto en Senadores como en Diputados”, indicó.
El legislador sostuvo que es necesario que estas negociaciones, que se encuentran paradas de momento por el esquema de hackeo de Brasil al Gobierno de Paraguay, admitido por el mismo gobierno de Inacio Lula Da Silva, sean acompañadas por el Legislativo.
“No creo que se pierda fuerza (al ser una comisión unicameral), más bien es una duplicación de los trabajos, pero creo que en este caso lo que abunda no daña, lo que más necesitamos es sentarnos con los representantes del Poder Ejecutivo, Cancillería nacional, Itaipú Binacional, para saber los avances y en qué estadio hoy estamos, en qué parte de la historia hoy estamos con relación a esta negociación importante”, apuntó.
Instalación de la Comisión
La instalación de esta comisión especial se estaría dando a la vuelta de Semana Santa, cuando se deberá conformar la mesa directiva y empezar con el trabajo. “Vamos a estar convocando a las autoridades, a los que están llevando adelante esta renegociación desde el Ejecutivo, y eventualmente, también nosotros querríamos preparar algunas acciones, algunos pareceres, desde una mirada más plural, ya que están varios diputados de otros partidos y otros espacios”, adelantó.
Agregó que el objetivo es generar propuestas concretas, aunque el papel de la comisión es más bien de análisis y seguimiento, pero también es importante que se conozcan todos los detalles, ya que una vez que se firme el acuerdo debe pasar por ambas Cámaras del Congreso para su aprobación.
“Es muy importante que estemos en la previa de la negociación. Lo que se decida firmar por los Gobiernos de Paraguay y Brasil, va a tener que pasar por ambas Cámaras del Congreso para aprobar o rechazar. Entonces, sería importante que desde el vamos sepamos cómo están trabajando estos representantes de la negociación”, sentenció.
Miembros de la Comisión Especial:
Titulares: Rocío Abed; Christian Brunaga; Avelino Dávalos; Cristina Villalba; Hugo Meza; Mauricio Espínola; Jorge Ávalos Mariño; Carlos Pereira; y Raúl Benítez.
Suplentes: Miguel Del Puerto; Bettina Aguilera; Esteban Samaniego; Luís Federico Franco; y Walter García.
Diputados representantes ante el Parlamento del Parlasur: Rodrigo Gamarra; Virina Villanueva; y Pastor Vera.
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Exponen informe de Ostfield que confirma alianza con Abdo y mentiras contra Cartes
Un documento filtrado, enviado por el exembajador de EE. UU. en Paraguay Marc Ostfield al Departamento de Estado, revela la férrea alianza del diplomático con Mario Abdo Benítez, con el fin de perseguir al expresidente.
Una filtración de un documento enviado por el exembajador de Estados Unidos en Paraguay Marc Ostfield al Departamento de Estado da cuenta de que el diplomático tenía una férrea alianza con el presidente Mario Abdo Benítez (2018- 2023). Esta sociedad confirma la estrecha cercanía y colaboración con el gobierno anterior para desatar una perversa persecución al expresidente Horacio Cartes.
A través de los programas “Así son las cosas” y “Arriba hoy”, emitidos por el canal GEN y Universo 970 AM/ Nación Media, se describió el documento que fue filtrado por la organización Distributed Denial of Secrets, que es una especie de Wikileaks, y que fue divulgado a través de distintos medios de prensa como Diario de las Américas o el periódico Clarín de la Argentina.
En el citado documento, Ostfield hacía una encendida defensa de la cabeza del gobierno anterior, a quien consideraba un “aliado” de la Embajada y del gobierno de Estados Unidos de entonces. Tal fue la defensa que el diplomático obvió referirse a las exponenciales ganancias de las empresas de Abdo Benítez y las trató como una persecución de parte de los medios vinculados al cartismo.
En el relatorio filtrado, Ostfield hace referencia al desprendimiento de las acciones de Cartes en Tabacalera del Este (Tabesa) así como la solicitud de esta empresa para operar en el sistema financiero estadounidense.
DEFENSA DE NEGOCIADO DEL ASFALTO
Ostfield, que abandonó el país luego de ser echado por la administración de Donald Trump, que asumió el 20 de enero, hace alusión a los medios que responden al expresidente Cartes. “Es dueño de canales de televisión, radios y diarios donde atacan a sus adversarios políticos, y especialmente al Gobierno de USA y a este embajador. En estos medios hace unas semanas empezaron una campaña fuerte en contra de nuestro aliado, el expresidente Abdo, sobre supuesta venta de asfalto durante su gobierno. Al respecto, aclaro que todas las ventas de la empresa del señor Abdo fueron a empresas privadas y no al Gobierno”, señala el informe.
Ostfield elude referirse a que esta información fue divulgada por la Contraloría General de la República, que detalla cómo las empresas del expresidente experimentaron su mayor prosperidad en plena crisis sanitaria. Datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) revelan que Aldia SA, una de las empresas de Abdo, pasó de declarar utilidades por G. 1.492 millones en 2014 a registrar ingresos brutos de G. 408.082 millones y utilidades de G. 92.647 millones en 2021. De esta denuncia se hicieron eco medios no afines al cartismo.
Atentado a la soberanía nacional
El parlamentario resaltó que estas filtraciones de documentos enviados por Ostfield solamente reafirman la posición que siempre mantuvo el comando de Honor Colorado y, a la vez, van saltando pruebas de que todo fue una politización y manipulación del exembajador norteamericano.
“Repudiamos su accionar y valoramos el cambio de rumbo con su salida. Con esperanza, aguardamos que se haga justicia. Paraguay es libre y se respeta”, remarcó.
Asimismo, Maidana remarcó que esta filtración de documentos del exembajador debería propiciar una investigación a fondo y acelerar todos los procesos investigativos que se están dando al respecto.
“Esto no es diplomacia, es intervención”
“La soberanía no se negocia y la traición tiene consecuencias”. El diputado Gamarra sostuvo que esto confirma la persecución política que por años viene realizando al movimiento Honor Colorado.
“Existió una alianza perversa entre el embajador y el expresidente Mario Abdo Benítez para operar políticamente en nuestro país, desatando una persecución abierta contra el expresidente Horacio Cartes. Este informe, publicado por organizaciones como Distributed Denial of Secrets y replicado por medios internacionales, deja al descubierto una injerencia diplomática sin precedentes”, afirmó el legislador. “Esto no es diplomacia, es intervención, es conspiración y es delito. El artículo 143 de nuestra Constitución Nacional prohíbe todo acto o tratado que viole nuestra soberanía”, precisó.
FBI y otras agencias pueden investigar acciones de Ostfield
“Este era un embajador que estaba haciendo las cosas por fuera de un marco de restricciones por parte de su propio gobierno”, señaló el periodista Daniel Castropé.
El periodista del Diario Las Américas (Miami), Daniel Castropé, opinó sobre las acciones del exembajador de los Estados Unidos en Paraguay Marc Ostfield, afirmando que incurrió en una clara injerencia en cuestiones internas, saliendo del marco diplomático al que se debe limitar cumplir.
“Lo que observamos es la clásica injerencia de un embajador en los asuntos internos de un país, hablar de corrupción, hablar de falta de transparencia, mencionar a una famosa tabacalera, en toda la gestión que estaba realizando ese embajador es una acción que se sale de su marco de trabajo, de su marco diplomático”, sostuvo en entrevista a la 650 AM.
Las acciones del exembajador de Estados Unidos Marc Ostfield podrían generar la apertura de una investigación por parte de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y otras agencias, debido a que es necesario aclarar cuáles fueron las motivaciones del diplomático para realizar una injerencia interna en los asuntos de Paraguay.
“Las autoridades de Estados Unidos, las del FBI, hay otras también que investigan este tipo de comportamientos, deben intervenir en este caso”, aseveró el periodista de “Diario Las Américas” de Miami, quien añadió lo siguiente: “Se debe llegar hasta las últimas para aclarar qué es lo que ha sucedido, por qué actuó de esa manera buscando ese rol protagónico, a quién quería impresionar, a quién quería ayudar”.
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Enriquecimiento de Abdo: lo que Ostfield ignoró para proteger a su “aliado”
En el mensaje filtrado del exembajador de EE. UU. en Paraguay, Marc Ostfield, se destaca el trato de gran “aliado” que tenía Mario Abdo Benítez y denunciaba cómo el expresidente paraguayo era objeto de una “persecución mediática” por la venta de asfalto. El diplomático pasó por alto las ganancias exponenciales de Marito, además del “apriete” que las empresas privadas soportaban para comprar el asfalto de Aldia y Createc.
En el mensaje que filtraron varios medios de prensa como Clarín, a través del Distributed Denial of Secrets, Ostfield denunciaba ante el Departamento de Estado a Horacio Cartes y defendía a enérgicamente a Abdo Benítez, de quien señalaban que era una suerte de “perseguido”.
“Es importante mencionar que el grupo empresarial del señor Cartes, es dueño de canales de televisión, radios y diarios donde atacan a sus adversarios políticos, y especialmente al gobierno de USA y a este embajador. En estos medios hace unas semanas empezaron una campaña fuerte en contra de nuestro aliado, el expresidente Abdo, sobre supuesta venta de asfalto durante su gobierno. Al respecto, aclaro que todas las ventas de la empresa del señor Abdo fueron a empresas privadas y no al gobierno”.
Lo que el diplomático obvió en su férrea defensa a “su aliado” es que la denuncia provino de organismos estatales (como la Contraloría General de la República y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios). Varios medios en nuestro país se hicieron eco de la misma, pero vale refrescar la memoria a algunos incautos.
La Nación publicaba en septiembre del 2023, en base a documentos del Ministerio de Economía y Finanzas que la distribuidora de asfalto en la que el expresidente tiene el 87,50 % de las acciones registraba exorbitantes ganancias anuales en los tiempos que este ejercía el cargo, comparadas a las utilidades consignadas en las actas de asamblea de los años que se iniciaba como legislador.
Según los documentos, de una utilidad neta de la firma Aldia S.A. que rondaba los G. 1.800 millones al año, que incluso se redujo a G. 1.492 millones en el 2014, se llegó a disparar a G. 92.647 millones en el 2021. Si hacemos la diferencia entre las ganancias netas que obtuvo la empresa del expresidente durante su gobierno y su periodo de senador, hay un incremento de 800 % ya que las utilidades netas del 2013 al 2017 sumaban G. 19.480 millones, mientras que las del 2018 al 2021 ascienden a G. 175.268 millones.
Lo que Ostfield no señala en su encendida defensa del anterior gobernante era por qué estas cifras millonarias no aparecían en su declaración jurada de bienes al dejar la silla presidencial, sino el cobro mensual de dividendos sin especificar y cabe recordar que, ante incompatibilidades constitucionales con la función, el exmandatario puso a su hijo mayor Mario Abdo Díaz Benza como representante legal en la empresa.
Pero el expresidente tiene además otra empresa que se dedica al mismo rubro de la lucrativa venta de asfalto. Las actas de asamblea de la empresa Createc SA, en la que Abdo Benítez tiene el 47,50 % de las acciones, también tuvieron importantes incrementos de ganancias netas anuales, que se dispararon hasta 750 % durante su mandato.
Las millonarias utilidades netas tampoco figuran en su declaración jurada al darse de baja del cargo. Actas evidencian que se aseguraron contratos con grandes constructoras viales y un sugestivo acaparamiento, ya que “se obtuvo un aumento muy significativo en la cartera de clientes”, que en 2019 se incrementaba en un 237 %, mientras su gobierno se jactaba de kilómetros de pavimentos construidos.
De G. 2.377 millones de lucro neto en 2016 fue aumentando exponencialmente hasta marcar diferencias que llegan a un aumento ganancial de hasta 750 % en el periodo de pandemia 2021, que fue dorado para su compañía con el monto de G. 22.546 millones. Mientras tanto, la población en general sufría las carencias en salud y la economía afrontaba una fuerte crisis ocasionando la suspensión de actividades de varias empresas y el desempleo en general.
En Createc, Abdo Benítez registra el 47,50 % de las acciones y durante los años de su presidencia, específicamente entre 2018 y 2021, esta empresa registró ganancias netas anuales que suman G. 52.908 millones equivalentes a un incremento de 602 % en relación con el lucro acumulado cuando se iniciaba en cargos electivos, y que entre 2015 y 2017 llegó a G. 7.529 millones.
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Inconsistencias
Las empresas Aldia S.A. y Createc están en la mira de Contraloría, de Ingresos Tributarios y de la Fiscalía, por las serias irregularidades detectadas. Se habla de unos USD 44 millones entre el 2018 y el 2023 destinados a reservas operativas. Un informe remitido por la DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) a la Fiscalía advierte sobre irregularidades detectadas en un análisis a las empresas Aldia SA y Createc y habla de la necesidad de un control que involucre a Seprelad y al Ministerio Público.
La Contraloría General de la República sostiene que se analizaron las declaraciones juradas de Abdo Benítez al asumir y al salir de la función pública. A partir de ahí, se solicitaron informes a diferentes instituciones y se hicieron las verificaciones.
Lo que llamó la atención fue que las utilidades generadas en el 2018 al 2023, por las empresas donde el expresidente es accionista mayoritario, llevó prácticamente el 90 % de las utilidades a reservas operativas. El 90 % del dinero se destinó a reservas de utilidades. Entre el 2018 y el 2023 suman 44 millones de dólares (329.000 millones de guaraníes).
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Emergencia en el Chaco: sesión de Diputados quedó sin quorum
La Cámara de Diputados quedó sin quorum en su sesión extraordinaria realizada este jueves en el momento del tratamiento del proyecto de ley que busca declarar en situación de emergencia los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay tras las intensas precipitaciones que han golpeado la región Occidental.
La iniciativa ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Senadores y requería del aval de la Cámara Baja para ser sancionada y remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. La sesión de este jueves fue convocada teniendo en cuenta la Semana Santa y no se realizará la sesión ordinaria del martes próximo.
La iniciativa que se encontraba en el punto tres del orden del día tuvo el acompañamiento de una mayoría de los diputados y contaba con el dictamen de aprobación de las comisiones asesoras de Diputados. Sin embargo, al momento de la votación no se contó con la cantidad suficiente de legisladores para seguir con la sesión, por lo que el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, levantó la sesión.
Por otra parte, se trató el proyecto de ley “que declara interés social y expropia a favor del Estado paraguayo – Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), varias fincas del distrito de Ypané, departamento Central, que sirven de asiento al asentamiento 1° de Marzo”, lo que fue rechazado y vuelve al Senado.
En tanto, que quedó sancionado y se remite al Poder Ejecutivo el proyecto de ley “que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Capiatá a transferir a título oneroso a favor del Club 29 de setiembre” de esta ciudad.