Pese a las grandes deficiencias que pudiera tener el Ministerio Público en cuanto a la infraestructura y el escaso presupuesto, esta institución mantiene una estrecha colaboración con instituciones nacionales e internacionales, en el seguimiento de delitos transnacionales como es el caso del narcotráfico.

El decomiso de un importante cargamento de cocaína en Europa procedente de Paraguay y la inmediata reacción del Ministerio Público para dar con los responsables del cargamento generaron una respuesta muy alentadora por parte del encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Joe Salazar.

Al respecto, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, invitada en el programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN, manifestó que ese mensaje es un aliciente importante y una señal de que desde el Ministerio Público “se está haciendo lo correcto”.

“Nosotros realmente trabajamos de forma coordinada y creo que es muy claro el mensaje al invocar a la institución que da las repuestas inmediatas a nivel local, atendiendo a que los organismos internacionales estaban solicitando la inmediata participación de la autoridad titular de la acción penal de la República del Paraguay”, mencionó.

Aseguró que el trabajo de investigación respecto al decomiso de las 23 toneladas de cocaína que cayeron en Europa, procedentes de Paraguay, continúa y son operaciones muy complejas y deben ser llevadas adelante en forma sigilosa.

“El trabajo sigue, es muy complejo y debe ser un trabajo bien sigiloso, coordinado con otras autoridades porque un pequeño error hace que se frustre todo el procedimiento y hay veces que nos critican por callarnos demasiado, pero nosotros queremos demostrar a los compatriotas que estamos trabajando. A veces no podemos hacer los ruidos que la gente pide, pero este tipo de hechos, el narcotráfico y el crimen trasnacional, es un crimen muy complejo, ponen en riesgo a todos los intervinientes”, sostuvo.

La alta funcionaria reconoció que con todas las precariedades que muchas veces tienen siguen trabajando y haciendo un seguimiento al crimen organizado y transnacional. Mencionó que no siempre se puede estar pregonando cada paso que van dando.

“Difícilmente con la precariedad que existe en los órganos de seguridad, en los diferentes puntos de control, se pueda abarcar todo, es muy difícil”, comentó. Por ello, remarcó la gran necesidad de inversión en tecnología para hacer detectable dentro del territorio nacional el tránsito del narcotráfico.

Por otra parte, Quiñónez se refirió a los constantes planteamientos de juicio político en su contra impulsados principalmente por legisladores del sector opositor. Al respecto, aseguró que los fiscales son autónomos en las investigaciones que realizan.

“Yo siempre digo que es parte de la función que realizo, hay gente que le gusta o que no le gusta el trabajo que estamos realizando. Realmente el ser titular de la acción penal pública conlleva a procesar de repente a legisladores, gobernadores, intendentes, a muchas personas que no estarán de acuerdo con el trabajo que realizamos”, dijo.

Agregó que: “Entonces, apuntan directamente a la cabeza porque dicen que ella habrá dado la orden y no piensan que el fiscal es autónomo, el fiscal es quien toma el expediente, analiza y toma la decisión. Yo no voy a ir a ponerle un arma y decir ‘sabés qué, tenés que imputarle o tenés que acusar’, ellos hacen su investigación”, sentenció.

Añadió que se deben cumplir las leyes y afirmó que cuando existe un llamado realizado por un juez se debe acudir indefectiblemente, refiriéndose al caso del titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, imputado por la producción y uso de documentos falsos para rendir cuentas de los gastos de campaña de las elecciones presidenciales del 2018 ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

“Acá no hay por ser el señor Efraín, por ser la señora Quiñónez. Acá es el cumplimiento de la ley y cuando hay desacato es claro. Al llamado del juez hay que acudir indefectiblemente y eso lo sabe y creo que su abogado en un momento lo dijo, como jurista lo sabe muy bien”, mencionó la fiscal.

Se refirió también al grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al que calificó de terrorista. Agregó que existe cooperación por parte de organismos internacionales con el fin de rescatar a los secuestrados.

“Yo soy categórica al respecto, son terroristas, sus actos son terroristas, no hay que opinar de dar un estatus a criminales. Tenemos familias enlutadas. Realmente estar en el campo de interacción es muy difícil porque existe una vida y en ese momento lo más importante es la vida del exvicepresidente Óscar Denis. Entonces decir vamos a entrar, se corre el riesgo de casi el 90% de que ellos al instante lo ejecuten. Nadie quiere cargar con esa situación, tamaño dolor, la familia suplicando”, afirmó.

Respecto a la injerencia política en las instituciones de selección y juzgamiento, Quiñónez, coincidiendo con el extitular de la Corte Suprema de Justicia Alberto Martínez Simón, se mostró a favor de eliminar la representación de dicho sector en los mencionados organismos argumentando que “daría mayor tranquilidad” en torno a las decisiones que se puedan tomar.

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En lo que refiere a la violencia intrafamiliar, reconoció que también es otra de las situaciones complejas a la cual la Fiscalía debe enfrentar, porque cuando sucede un hecho en el seno familiar, a las pocas horas o días se produce una reconciliación y se deja pasar el hecho.

No obstante, envió un mensaje a todas las mujeres diciendo que no tengan miedo de denunciar e incluso se ofreció personalmente a acompañar si eso les brinda mayor confianza para continuar con las denuncias. “Es muy difícil el tema de violencia familiar porque a veces se trata del padre, del hermano y por las secuelas que pueda dejar en la familia”, insistió.

Respecto a los hechos de violencia en los que se ven involucradas personas que ya contaban con órdenes de captura y que no fueron ejecutados por la Policía Nacional, así como la situación de hacinamiento en las cárceles, con prisioneros sin condenas, Quiñónez señaló que en cada caso el Ministerio Público tiene que ser bien objetivo para saber qué sucedió y el grado de peligrosidad de fuga del sospechoso del delito o crimen.

“Realmente es muy difícil, porque hay delitos que es claro que se pueden dar medidas alternativas a la prisión. Pero pasa también que las propias autoridades, fiscales y jueces pasan por cierto temor ante la crítica de la ciudadanía o la prensa por no tomar una decisión”, precisó.

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