La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), rechazó in limine, es decir sin estudio, la acción de inconstitucionalidad planteada por la defensa del criticado presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre. Con esta medida se confirma la imputación que pesa en su contra por producción de documento no auténtico y otros hechos punibles, es decir, el proceso judicial deberá seguir su curso.

El documento fue firmado por el titular de la máxima instancia judicial, César Diesel, sus colegas Eugenio Jiménez Rolón y Antonio Fretes. La acción fue promovida por Guillermo Duarte Cacavelos y Claudio Lovera, abogados de Alegre.

Esta es la segunda acción de inconstitucionalidad presentada por Alegre y que la Sala Constitucional de la CSJ, rechaza sin estudio; la primera fue planteada para que se deje sin efecto las medidas alternativas a la prisión y pueda recuperar su libertad. El liberal se encontraba en ese entonces recluido en la sede de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

El dirigente liberal está siendo investigado por el caso de supuestas facturas falsas que fueron presentadas en la rendición de cuentas de su campaña por la presidencia de la República, en las elecciones del 2018, donde perdió por poco margen contra el actual presidente, Mario Abdo Benítez.

El planteamiento de su defensa tenía como finalidad anular las resoluciones del pasado 26 de junio de 2020, por la cual la jueza Cynthia Lovera admitió la imputación contra el titular del PLRA y lo procesó, además de la resolución del 31 de julio de 2020 de la Cámara que confirmó la decisión de primera instancia.

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Tanto Duarte Cacavelos y Lovera argumentaban que dichas resoluciones violentaban los derechos constitucionales de su cliente, sin embargo los ministros de la máxima instancia judicial no encontraron argumentos suficientes para llevar adelante la acción y la rechazaron sin realizar un estudio previo.

De acuerdo a los ministros de la CSJ, la Fiscalía se encuentra facultada para presentar la imputación ante un eventual hecho punible, siendo este el primer paso para iniciar un proceso de investigación por lo que ese hecho no puede ser tomado como lesión de derecho alguno.

Como otra estrategia ante el proceso que enfrenta, Alegre, quien tiene aspiraciones para ejercer nuevamente la titularidad del PLRA, e intentar una vez más llegar a la presidencia de la República, impulsó una campaña política en la que se considera como un “preso político” y víctima de la mafia, del dinero y del poder de turno, discurso que utiliza constantemente para conseguir adeptos a su gestión considerada por sus propios correligionarios que no simpatizan con su administración poco transparente como “autoritario y llenas de odio”.

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