El abogado constitucionalista Jorge Vasconsellos señaló este martes que no existe una justificación jurídica para no publicar los datos de las personas vacunadas contra el COVID-19, ya que el objetivo es transparentar todo el proceso y evitar hechos ocurridos en otros países.
“He tratado y no logré identificar ningún tipo de norma que justifique el secreto en este caso, ni desde el punto de vista de la intimidad ni desde el punto de vista del secreto médico”, dijo el abogado en comunicación con Universo 970 AM.
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Sostuvo que el artículo 147 del Código Penal puede ser analizado ya que regula la relevación se secreto de carácter privado, pero que la vacunación contra el COVID-19 no reúne las condiciones porque las dosis son adquiridas con dinero de los contribuyentes y el proceso debe ser transparente.
Vasconsellos indicó que el artículo 143 del mismo Código Penal hace referencia a la lesión de la intimidad de las personas, pero que la inmunización, por más que esté vinculada a la salud, no revela la existencia de enfermedades, sino que se trata de un tratamiento preventivo y ante esta situación no hay justificación jurídica para no transparentar el proceso.
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“El dato consiste en la inclusión de nombre y número de documento de identidad en un registro de personas vacunadas, no afecta su intimidad, no afecta su privacidad, sea funcionario público o un particular. De hecho, nuestros nombres se encuentran registrados en muchas instituciones públicas desde el momento mismo de nuestro nacimiento”, agregó el constitucionalista.
El Ministerio de Salud emitió un comunicado días pasados sobre la vacunación contra el COVID-19 y anunció la publicación de la lista de inmunizados, buscando transparentar el proceso. En su momento alegó “confidencialidad” para no dar a conocer los datos de los beneficiados.
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