El gobierno argentino abrió un proceso de licitación para concesionar por 30 años la operatoria de la hidrovía Paraná-Paraguay, un paso estratégico para el comercio exterior del país sudamericano y del cono sur hacia el Atlántico.

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Desde 2021 el dragado, balizamiento y señalización de la hidrovía así como el cobro de peaje está en manos del Estado a través de la Administración General de Puertos, luego de que Buenos Aires resolviera no renovar la concesión a la empresa privada Hidrovía S.A. una sociedad de la marítima belga Jan de Nul y capitales locales.

Según la resolución publicada este miércoles en el boletín oficial, los oferentes, nacionales e internacionales, podrán presentar sus propuestas hasta el 29 de enero próximo.

La Vía Navegable Troncal (VNT), conocida como hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, es una vía fluvial de más de 1.500 kilómetros de extensión, que desemboca en el océano Atlántico, por donde Argentina exporta cerca del 80 % de su producción, principalmente agrícola.

También sirve de canal de exportación para productos de Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay, por lo que constituye una vía estratégica para el comercio exterior de la región.

Según las bases de la licitación, el nuevo contrato establece pautas para la modernización del sistema de señalización, con el objetivo de “mejorar los servicios, reducir los costos operativos y atraer mayores inversiones” que el gobierno aspira aumenten “la competitividad del sector exportador”.

Los pliegos establecen un plan de obras que el nuevo operador deberá cumplir en los primeros cinco años de gestión.

Entre otras medidas se sumarán radares y sistemas satelitales para el seguimiento de buques, a la vez que se aumentarán medidas de control para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, según indicó el gobierno.

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La licitación entregará el control de la hidrovía “comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior”, indica el texto.

Fuente: AFP

La prensa argentina se hace eco de un millonario decomiso de droga procedente de Paraguay. Durante el procedimiento realizado ayer por personal de Aduana en la frontera con nuestro país, se detectó un cargamento de 92 kilogramos de pasta base de cocaína, oculto en un camión semirremolque que tenía como destino Uruguay.

Los datos preliminares refieren que el cargamento está valuado en USD 1.104.000. El control fue realizado por agentes de la Aduana de Clorinda, ubicados en el Puente Internacional San Ignacio de Loyola.

El operativo se inició con el control de una unidad de transporte procedente de Paraguay y con destino final Uruguay. La unidad transportaba un contenedor vacío de 20 pies en un semirremolque y era tripulada por dos ciudadanos paraguayos.

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Según publica el portal MNews, el camión fue interceptado alrededor del mediodía cuando llegaba al puente internacional San Ignacio de Loyola, en la ciudad fronteriza de Clorinda, provincia de Formosa. Un control de rutina con un escáner permitió descubrir el contenido de la carga.

“Según los papeles de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay, con la que entró al país, el acoplado debía estar vacío, pero los funcionarios aduaneros detectaron un compartimiento sospechoso sobre el plato de enganche del semirremolque”. refiere la publicación.

Tras el hallazgo, tanto el conductor como su acompañante terminaron detenidos, luego de que se vieran en las imágenes que entregaba el sistema de escaneo que había objetos que no parecían propios del vehículo.

“Fue entonces que sumaron a la requisa un perro entrenado para detectar la presencia de drogas. El animal, de nombre Zeus, fue determinante para profundizar la sospecha de contrabando. Con estos indicios, el personal de Aduana cortó dos planchas de acero y otras dos de plomo que protegían la bóveda donde estaba escondida la droga. Encontraron 91 ladrillos, que arrojaron un peso total de 92 kilogramos”, añade MNews.

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El Gobierno argentino ha anunciado ayer viernes que va a enviar al Congreso el proyecto de ley de reforma para el fortalecimiento electoral que eliminaría el régimen de primarias abiertas, conocida como PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), y que modificará la ley orgánica de los partidos políticos para revisar el sistema de financiamiento de los mismos.

“Desde su creación, las PASO han funcionado como una encuesta millonaria al servicio sólo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”, ha afirmado el portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, desde la Casa Rosada, sede de la Presidencia de Argentina.

Adorni ha detallado que, solo en 2023, las PASO “tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos (unos 45,5 millones de dólares), a valores, por supuesto, históricos”, que, ha agregado, “obligaron a los argentinos a tener que ir a votar el año pasado tres veces”.

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“Desde su introducción en 2011, “hubo sólo diez agrupaciones políticas que dirimieron internas para las elecciones presidenciales, de las cuales el 40 % no logró siquiera alcanzar el umbral de 1,5 % para poder después participar de las elecciones generales”, ha explicado.

Asimismo, ha aseverado que el Gobierno modificará la ley orgánica de los partidos políticos “con el objetivo de mejorar su representatividad y evitar los famosos sellos de goma (partidos políticos que, en la práctica, no tienen una estructura ni actividad real), “cuyo único objetivo es el recaudatorio”.

“La modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos busca reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos”, ha indicado la Casa Rosada, al subrayar que “la sociedad argentina prácticamente vive en una constante campaña electoral”.

Por otra parte, Adorni ha anunciado la eliminación de impuestos para compras en el exterior, una medida que “va a entrar en vigencia a partir de diciembre y tiene por objetivo que los argentinos puedan importar más productos a un mejor precio, especialmente aquellos ligados al sector tecnológico y textil, como sucede en los países normales”, incluso “cuando no tengan el dinero para comprar un pasaje y viajar al exterior”.

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“Todo esto tiene como fin que Argentina sea un país más libre, en contraposición con el que se encontró el gobierno el 10 de diciembre último, cuando la Argentina era el tercer país más cerrado del mundo, detrás de Sudán y de Etiopía”, ha concluido.

Fuente: Europa Press

Este sábado 16 de noviembre se cumplen 23 años del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, quien fue tomada en el interior del parque Ñu Guasu y su liberación se registró 64 días después. En aquel año la palabra secuestro marcaba la agenda del país y las autoridades del Gobierno de entonces no pensaron que este hecho marcaría el comienzo del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

María Edith, quien para sus amigas era Nika, iba normalmente a realizar caminata en horas de la mañana en el parque Ñu Guasu y ese día no fue la excepción. En su recorrido diario pasó a buscar a su amiga Elizabeth Gunther de Niedhammer. Ambas no se imaginaban que la camioneta en la que estaban circulando era seguida por un grupo de delincuentes que perpetrarían el secuestro.

Luego de realizar la caminata correspondiente por el parque, María Edith y su amiga iban con normalidad hasta el estacionamiento, eran las 9:15 aproximadamente cuando de forma repentina y abrupta fueron sorprendidas por tres personas fuertemente armadas que de forma muy violenta hicieron subir a María Edith a su propia camioneta, mientras que la amiga fue separada de ella y los secuestradores se dieron a la fuga.

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Ante lo sucedido Elizabeth Gunther, amiga de María Edith, llamó de inmediato al esposo de la secuestrada, el ingeniero Antonio Debernardi, a comunicarle lo sucedido. El esposo de María Edith denunció el hecho y las autoridades iniciaron la investigación correspondiente.

Pasaron horas del secuestro y la fiscal de Luque Rosa Noguera realizó 20 allanamientos y la Policía Nacional realizaba sobrevuelos en helicóptero en las inmediaciones de Ñu Guasu. A las 11:00 del mismo día la Policía Nacional halló la camioneta de la víctima en cercanías del Club Internacional de Tenis, pero nada se sabía de la misma y sus secuestradores.

Pasaron 64 días y los secuestradores habían entregado las pruebas de vida a la familia que fueron dos fotos. Tras ese hecho se llevó a cabo el primer pago de USD 400.000 que se realizó el 14 de enero de 2002, mientras que el segundo para completar el dinero solicitado fue el 18 de enero del mismo año. El 19 de enero de 2002 Antonio Debernardi recibió la llamada esperada donde se le comunicaba que su esposa sería liberada.

Los secuestradores de María Edith hicieron que la mujer se vista con ropas de hombre. Le taparon los oídos con algodón y los ojos con curitas, le pusieron un kepis, lentes oscuros y la alzaron a un vehículo en marcha.

Posteriormente los secuestradores dejaron a la víctima sobre las calles Coronel Cabrera y Santa Teresa de Asunción, donde se encontró con su familia. María Edith pudo reconocer a Carmen Villalba y Alcides Oviedo, líderes del EPP, como los responsables del secuestro. Igualmente saltaron otros nombres que fueron procesados por el mismo hecho.

José Tomás Rosa, su esposa Nidia Espínola y De los Santos Saldívar fueron los primeros condenados por el caso. Rosa fue asesinado en enero del 2011. Por su parte, Alcides Osmar Oviedo Brítez, Carmen María Villalba Ayala y Aldo Damián Meza Martínez fueron condenados a 18 años de prisión. Sin embargo, siguen prófugos Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, quienes actualmente están refugiados en Finlandia.

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