El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, rechazó que la permanencia de Sandra Quiñónez en el cargo de fiscala general del Estado (FGE) se encuentre vinculada al proceso de la unidad interna dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR), denominada Concordia Colorada, con miras a las elecciones municipales.
“No es así. Para un juicio político los autores importantes de la política nacional se ponen de acuerdo para establecer los números o no los hay, y esto no está establecido dentro del Operativo Cicatriz”, mencionó.
El segundo del Poder Ejecutivo fue contundente al mencionar que no existe un acuerdo “tácito” entre los principales movimientos de la agrupación, Honor Colorado y Colorado Añetete, y como prueba fundamental fue la intención de censurar al jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, quien estuvo salpicado por el polémico negociado entre Petropar y PDVSA, que incluía el pago de millonarias comisiones.
“Esto finalmente es una cuestión de números. La demostración práctica de esto es que el movimiento Honor Colorado buscó la censura al jefe de Gabinete, son cosas que van a ir apareciendo. Lo de Juan Ernesto evidentemente no estaba dentro de la gobernabilidad mínima, nosotros tuvimos que buscar votos fuera del movimiento Honor Colorado para evitar la censura del jefe de Gabinete del presidente”, indicó a la radio 730 AM.
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No prosperó intento de complot de la oposición contra Quiñónez
El proyecto de resolución para conformar una mesa receptora de denuncias ciudadanas, principalmente contra Quiñónez, no prosperó en la Comisión Permanente del Congreso, atendiendo que no se lograron los votos necesarios para la convocatoria a la Cámara de Diputados para tratar la iniciativa de un sector de la oposición.
El planteamiento de crear la mesa de renuncia tiene como principal objetivo impulsar un juicio político contra la fiscala general del Estado. La idea surgió luego de que haya sido decretada la prisión preventiva del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, imputado y recluido por la producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, en el marco de la rendición ante el TSJE de los gastos de campaña durante las elecciones presidenciales del 2018.
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