El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.

El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.

Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.

Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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Tres iniciativas que pretenden como fin establecer modificaciones al Código Electoral, tienen como proyectistas a legisladores colorados; sobre este punto, el apoderado del Partido Colorado, Wildo Almirón, indicó que espera que la oposición pueda tomar una posición que busque el beneficio ciudadano y no oponerse solo por no ser propuestas que nazcan de su sector.

“A veces la posición política de algunos sectores es contrariar todo lo que hace el Partido Colorado, pero la intención de estos proyectos de ley es mejorar el proceso eleccionario, tanto para los candidatos como para los electores principalmente. Ojalá analicen bien los sectores políticos de la oposición para tomar una posición acorde a lo más beneficioso para la ciudadanía”, expresó.

En contacto con La Nación/Nación Media, Almirón habló respecto a estos proyectos; uno de ellos busca autorizar al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) a hacer un corte técnico administrativo, en los años previos a unas elecciones, al registro cívico permanente de modo que los comicios se desarrollen con una lista más actualizada.

• Por Juan Marcelo Pereira

“Desde el Frente Guasu tenemos una posición crítica cuando la unidad se quiere hacer con la fórmula de juntémonos todos”, manifestó el dirigente político, Hugo Richer, al referirse sobre el preacuerdo firmado por algunos partidos y movimientos de la oposición con la finalidad de buscar un candidato único para la intendencia capitalina.

“Nosotros no fuimos convocados para esa mesa, yo no quiero aventurar ninguna hipótesis sobre las razones, pero desde el Frente Guasu venimos sosteniendo que la unidad de la oposición tiene que fundarse sobre acuerdos políticos concretos”, sostuvo el exsenador en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Richer afirmó que “discutir la metodología de cómo elegir al candidato único es una discusión inútil mientras no existan acuerdos políticos. Se debe debatir con tiempo prudente porque esto es lo que le da seriedad a una alianza o concertación, si no hay esto, la gente no confía”.

Los partidos que se sumaron a la firma del preacuerdo son: Patria Querida, Partido Liberal Radical Auténtico, País Solidario, Participación Ciudadana, Partido Democrático Progresista, Partido de la A, Partido Revolucionario Febrerista, Paraguay Pyahurã, Encuentro Nacional, junto con los partidos en formación Yo Creo y el Partido de la Libertad.

“A veces con la foto se quiere transmitir un mensaje de unidad, pero no se transmite ya que para eso se necesita de ejes políticos que le puedan dar solvencia y proyección. El montón no es suficiente, hay experiencias fracasadas y esperamos que la oposición no siga en esto”, sentenció.

Asimismo, el titular del Partido Con­vergencia Socialista acotó: “Efectivamente, en la oposición existen grupos legítimamente diferentes en cuantos a sus propuestas, esto no quiere decir que no se pueda construir la unidad, pero esto requiere de un debate serio para llegar a acuerdos serios”.

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Por otra parte, Richer comentó que el Frente Guasu, ya se encuentra trabajando arduamente en su reactivación rumbo a los comicios municipales del 2026. Detalló que próximamente el izquierdismo dará a conocer a su candidato para la intendencia de Asunción y los acuerdos alcanzados con otros sectores políticos en el interior del país.

“Ya estamos con esta hoja de ruta que estará más clara después de este encuentro”, expresó al referirse sobre el encuentro popular que desarrollarán este 20 de abril en la localidad de Liberación, departamento de San Pedro.

El evento consistirá en un homenaje al expresidente de la República, Fernando Lugo y se recordará los 17 años de su llegada al Palacio de López, tras imponerse a la Asociación Nacional Republicana (ANR), en el 2008.

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