La gestión de la doctora Sandra Quiñónez al frente de la Fiscalía General del Estado continúa recibiendo muestras de apoyo, tal como sucediera en el transcurso de la semana, cuando representantes de gremios productores llegaron hasta la capital para reunirse con ella.
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Esta vez fue la Asociación de Abogados de Minga Guazú, en el departamento de Alto Paraná, quien mediante un comunicado hecho público en la fecha expresó su apoyo al trabajo que realiza el Ministerio Público.
En el comunicado emitido por el gremio de abogados altoparanaese también se hace mención al trabajo que desde la Fiscalía vienen realizando los fiscales adjuntos, los agentes fiscales y los funcionarios del Ministerio Público en general, quienes forman parte de los trabajos de investigación.
Hacer frente al crimen organizado
Una parte del comunicado hace mención a los ataques que sufre la fiscala: “Estamos en conocimiento y entendemos las consecuencias que trae aparejada el hacer frente al crimen organizado, que en sus distintas modalidades realizan movimientos de millones de dinero y quienes sienten las pérdidas por la labor y la gestión de la titular del Ministerio Público”.
Los representantes de los abogados en la localidad de Minga Guazú también destacan su valentía por la lucha que ha encarado desde su gestión contra diversos hechos de corrupción y además, sobre todo, a personas que en otras circunstancias u otro escenario serían intocables, expresa una parte del comunicado.
Pedido reiterativo
Para el senador Sergio Godoy, la intención de lograr sacar a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, se viene repitiendo desde el inicio del periodo legislativo y que vuelvan a incluirlo en la agenda política es una cuestión que no le sorprende.
“No es una intención nueva, es reiterada, desde el comienzo del periodo legislativo están planteando la salida de la fiscala. Es parte de una intención que tiene el eje gobernante de parte de Añetete, el efrainismo y a veces el Frente Guasu”, sostuvo.
Los cuestionamientos surgen por la resolución de la jueza Cynthia Lovera, que ordena la prisión a Alegre por incumplimiento de las medidas, lo que genera incoherencias porque desde la Fiscalía aclaran que no pidieron prisión por no cumplir con los procedimientos. Por lo que el hecho de buscar responsabilizar al Ministerio Público no corresponde.
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