Un nuevo escándalo salpica al jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, quien fue acusado de tener injerencia en un caso judicial que su estudio jurídico ganó frente a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y que salvó a una importadora de vehículos de pagar G. 22 mil millones al Estado paraguayo como multa.

Se trata de la empresa CENSU SA, importadora de vehículos en el país, la cual fue sancionada por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) a pagar la cifra de G. 22.596 millones al detectarse posibles irregularidades cometidas durante un proceso de importación. La entidad aduanera decidió sancionar por la figura de defraudación y aplicó dicha sanción en concepto de tributos no ingresados y multas correspondientes.

Sin embargo, la empresa ganó el caso y la DNA tuvo que retirar la multa aplicada tras la intervención del abogado Raúl Daniel Ramírez González, en representación del estudio jurídico de Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete del presidente Mario Abdo Benítez. Esta situación generó una sospecha de fuerte injerencia del alto funcionario del Ejecutivo en el fallo del caso, además del evidente conflicto de intereses que existe en la intervención de sus abogados en litigio contra el Estado, siendo él una figura clave de éste.

En contacto con la 730 AM, Villamayor descartó totalmente este martes que exista un conflicto de intereses y manifestó que no existe ningún impedimento legal para que su estudio jurídico litigue en causas que involucra al Estado paraguayo. Señaló además que la firma afectada ganó el caso por una cuestión jurídica y no por supuesta injerencia.

“La multa no estaba bien aplicada. La DNA es la que cambió de decisión luego de la intermediación del abogado. El abogado Raúl Ramírez es estupendo, a quien recomiendo enfáticamente a cualquiera que tenga un problema contencioso. Todos los clientes contratan abogados para ganar sus casos, nadie contrata abogados para perder. Y si una empresa privada contrata un abogado privado, que no tiene ninguna incompatibilidad, me parece correcto”, aseveró.

Asimismo, afirmó que existen otras figuras políticas que se ubican en otros organismos del Estado, cuyos estudios jurídicos siguen de igual manera litigando y trabajando con total normalidad. “Estudios jurídicos de los representantes del Consejo de la Magistratura siguen trabajando. Entonces, ¿Por qué razón mi estudio no puede trabajar?”, cuestionó

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Por otra parte, afirmó además que una institución pública debe asumir sus responsabilidades de una acción defectuosa que ocasionó daños a un particular. En este caso particular, añadió que inició en el 2018 y que terminó en el 2019. “El abogado Raúl no recibe nada del sector público. No tiene participación ni recibe un centavo hasta más de un año de haber terminado esto”, concluyó.

Este nuevo hecho atribuido al jefe de Gabinete Civil de la Presidencia surge como uno más del cúmulo de actividades sospechosas que lo vinculan, en medio de un intento fallido del Congreso Nacional de aplicarle el voto censura tras su participación en una negociación secreta con relación a la millonaria deuda que mantiene el Estado paraguayo con la petrolera venezolana PDVSA.

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