El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, arremetió contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y lo calificó como el peor presidente de la era democrática. El mismo sostuvo que su gobierno fue responsable de la mayor deuda del país en todas las administraciones de colorados.

“Yo fui y soy detractor del gobierno de Mario Abdo Benítez, para mí es el peor gobierno colorado en su momento, es el gobierno que duplicó nuestra deuda externa de prácticamente tres presidentes, y siempre critiqué”, dijo en una entrevista para la 1020 AM.

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Agregó que, incurrió en varios hechos irregulares durante su periodo de mandato. “Creo que en la era democrática fue el peor. Es de mi partido, por más que siga activando en la política hay que ver los números, que se violó la ley de responsabilidad fiscal, la cantidad de funcionarios que entró, y de las obras que dejó”, apuntó.

Núñez también aseguró que se debió llevar adelante el juicio político en contra de Mario Abdo en su momento, y refirió que el error con ese primer intento de juicio político fue anunciar la postura de la bancada de Honor Colorado de apoyo a esta iniciativa.

“El error fue anunciar un día antes, ahí se le dio tiempo de reacciones y a la noche se compran voluntades, se alquilan voluntades, se tuercen voluntades y eso pasó. Nosotros le dimos esa ventaja de toda la noche y ahí ellos reaccionaron. En aquel entonces yo estaba convencido de que se tenía que hacerle ese juicio político”, aseguró.

Por otra parte, sostuvo que a pesar de que Mario Abdo sea del Partido Colorado, se mantiene firme en su postura de crítica y que de eso la ciudadanía debe tener conocimiento. “Creo también que nosotros, independientemente que sea colorado o no, no callarnos, si Juan Pérez fue presidente de la República y tuvo un mal gobierno, entonces yo tengo que criticar, y el ciudadano ya sabe que igual si es del partido va a ser criticado por su correligionario, y eso no aprendieron los colegas de la oposición”, sentenció.

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• Por Juan Carlos Lezcano

El senador opositor Rafael Filizzola fue uno de los rostros de la supuesta marcha contra la impunidad y las injusticias que se inició el fin de semana en Caacupé. El legislador lleva más de una década sin responder ante la justicia por los hechos de corrupción por los que fue acusado.

Rafael Filizzola, exsenador y exministro del Interior de Paraguay, fue una de las figuras públicas que participó el lunes en una marcha contra la impunidad y la injusticia que se prevé continuar en distintos puntos del país. Las movilizaciones se iniciaron el fin de semana en Caacupé con un confuso objetivo si es por el acceso a la justicia o una medida de presión para el retorno de la expulsada Kattya González al Senado.

A simple vista, esta acción podría parecer un compromiso genuino con la causa ciudadana de exigir transparencia y rendición de cuentas en un país donde la corrupción y la falta de justicia son problemas estructurales. Sin embargo, la participación de Filizzola en este evento resulta, cuando menos, irónica, considerando las circunstancias que rodean su historial judicial y las estrategias que ha empleado en sus procesos legales.

Filizzola enfrentó varias causas judiciales relacionadas con su gestión como ministro del Interior entre 2008 y 2012. Entre las más destacadas, figura el caso conocido como las “Comisarías de Oro”, donde se lo acusa de lesión de confianza por la adjudicación irregular de un contrato de más de G. 1.100 millones para la construcción y reparación de celdas en comisarías. Según los fiscales, estas obras no fueron concluidas, se realizaron pagos anticipados indebidos y se generó un perjuicio de más de G. 400 millones al Estado.

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A esto se suma el caso de la compra de helicópteros, en el que se lo acusa de irregularidades administrativas durante el proceso de adquisición. Aunque los detalles específicos de esta causa no son tan ampliamente conocidos como los del caso de las comisarías, ambos procesos han estado plagados de retrasos, apelaciones y controversias legales.

Lo que más llama la atención en las causas de Filizzola no son solo las acusaciones en su contra, sino las maniobras legales que han prolongado los procesos por más de una década. El uso de chicanas judiciales —estrategias legales destinadas a dilatar el avance de los casos— ha sido una constante. Incluso, en 2022, un juez declaró la prescripción del caso de las comisarías y sobreseyó definitivamente al exsenador. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema revirtió esta decisión en 2023, indicando que la causa no había prescrito y ordenando que se continúe con el proceso penal.

Además, en abril de 2024, la restitución de sus fueros por parte de la Cámara de Senadores generó indignación en amplios sectores de la sociedad. Esto permitió a Filizzola evitar ser llamado a juicio, al menos temporalmente, y provocó que el fiscal general del Estado presentara una acción de inconstitucionalidad contra dicha decisión.

En setiembre de 2024, las causas judiciales contra Filizzola han superado los diez años sin una resolución definitiva, y se encuentran pendientes de decisiones judiciales y posibles acciones legales adicionales

La participación de Filizzola en una marcha contra la impunidad no solo resulta contradictoria, sino también un ejemplo del doble discurso que tanto daño hace al sistema político y judicial de Paraguay. Mientras que públicamente se posiciona como un defensor de la justicia, en la práctica ha utilizado todos los recursos a su alcance para evitar enfrentarla plenamente.

La lucha contra la impunidad y la injusticia requiere de un compromiso real y coherente, no solo en palabras o apariciones públicas, sino también en los actos individuales. Resulta cuestionable cómo alguien que ha utilizado chicanas para prolongar procesos judiciales y que ha sido beneficiado por decisiones políticas que obstaculizan la justicia puede erigirse como un referente en una causa tan noble.

La participación de Rafael Filizzola en esta marcha pone en evidencia una desconexión entre el discurso público y la realidad de quienes deberían rendir cuentas ante la justicia. Esto no solo socava la credibilidad de quienes lideran estas causas, sino que también afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la posibilidad de construir un Paraguay verdaderamente justo.

Si Filizzola realmente desea luchar contra la impunidad, debería comenzar por dar el ejemplo, enfrentando de manera transparente y sin obstrucciones los procesos judiciales en su contra. Solo entonces, su participación en marchas como esta tendría el peso moral y ético que la causa exige.

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La defensa del exmi­nistro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien debe estar sentado en el banquillo de los acusados como cualquier procesado, recurre al mismo modus ope­randi presentando chicanas al igual que el caso filtración de información de Seprelad para evitar ser juzgado por el hecho punible de cohecho pasivo agravado por mante­ner vínculos con el presunto narcotraficante detenido en Brasil Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

Esta vez el acusado Arnaldo Giuzzio designó como nuevo abogado defensor a Emi­lio Fúster y pidió al tribu­nal de sentencia la suspen­sión del inicio del juicio oral atendiendo a que nece­sita tiempo para poder pre­parar la defensa del proce­sado. Este tipo de chicanas, que es similar a la del caso filtración de información, es una muestra más que el exministro de Mario Abdo Benítez no quiere someterse a la Justicia y recurrirá a los actos dilatorios para evitar ser juzgado.

Giuzzio anteriormente estuvo siendo representado por el defensor público Fran­cisco Acevedo, quien ahora deja de ser defensor del acu­sado y asume Fúster, quien es abogado del exsecretario de Estado en el proceso penal que enfrenta por siete delitos por el caso conocido como fil­tración y producción de infor­mación falsa de Seprelad.

El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar el pre­sente caso está integrado por los jueces Adriana Pla­nas, Yolanda Morel y Karina Cáceres, quienes ya fijaron para el 3 de marzo de 2025 el inicio del juicio oral y público de Giuzzio. Esta es la cuarta suspensión del jui­cio oral de Giuzzio.

También la fiscala Veró­nica Valdez pidió la sus­pensión de la audiencia oral fijada para este lunes 18 de noviembre. La represen­tante del Ministerio Público argumentó que está interi­nando otras unidades fisca­les y será difícil poder asis­tir al juicio oral.

El 16 de agosto de 2023, los agentes del Ministerio Público Jorge Arce y Diego Arzamendia presentaron acusación contra Giuzzio por la supuesta comisión del ilícito de cohecho pasivo agravado y solicitaron juicio oral y público.

El exministro ocupó la titularidad del Ministerio del Interior hasta el 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por el presi­dente Mario Abdo Benítez, luego de trascender prue­bas del trato que mante­nía con el presunto narco brasileño Marcus Vini­cius Espíndola Marqués de Padua, hoy procesado en Brasil.

Se había comprobado cómo Giuzzio viajó en el vehículo prestado del capo narco brasileño para ir al Brasil en plan de vacacio­nes. Esto sin mencionar que Espíndola pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, cuando Giuzzio seguía al frente de la cartera.

• LA CAJA NEGRA

Los abogados presen­taron hasta la fecha una docena de inci­dentes ante la Justicia, dise­ñadas meramente para dila­tar el proceso legal en lugar de abordar las acusaciones de manera directa. Estas manio­bras impiden que avance el caso que investiga las filtraciones de datos confidenciales.

El expresidente Mario Abdo Benítez y varios de sus cola­boradores están procesados por la filtración de informes confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) entre 2021 y 2022. Durante ese período, según la Fisca­lía, estos informes se habrían utilizado para afectar políti­camente a rivales internos del Partido Colorado, específica­mente a figuras como Horacio Cartes y Santiago Peña. Entre los cargos se encuentran reve­lación de secretos de servicio, denuncia falsa y asociación cri­minal, entre otros delitos.

Tras la imputación inicial en marzo de 2024, los abogados defensores presentaron múltiples acciones judiciales para detener el avance de la causa, señalando que se trataba de una persecución política y cuestionando la validez de las pruebas, pero sin sustentar estas declaraciones.

Entre las medidas adoptadas están las solicitudes de nuli­dad de imputación, recursos ante tribunales superiores, exclusión de varias pruebas, y recusaciones contra los inter­vinientes, que lograron pospo­ner las diligencias judiciales en varias ocasiones.

Ni bien se presentó la impu­tación del Ministerio Público, comenzó el concurso de los abogados chicaneros con estrategias legales para ralen­tizar y obstaculizar el proceso judicial. El 28 de octubre de 2024, el abogado Emilio Fus­ter, defensor del exministro Arnaldo Giuzzio, recusó a la jueza Cynthia Lovera por haber admitido la imputación formulada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes luego fueron aparta­dos de la investigación.

Le siguieron las defensas de los otros procesados con más chicanas. Los abogados Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; Jorge Rolón Luna, quien ejerce la defensa de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene; y Enrique Kro­naweter, defensor de Daniel Alberto Farías, plantearon una reposición y apelación en sub­sidio contra la determinación adoptada por la jueza Lovera. Misma acción efectuaron los letrados Felino Amarilla y Emi­lio Fúster.

Otro incidente planteado por la gavilla de Abdo Benítez guarda relación con el cuadernillo de extracción de datos de la Sepre­lad. Al respecto, los involucra­dos solicitaron que esta prueba no sea aceptada en la causa.

Así también el abogado Kro­naweter apeló la resolución de la jueza de turno Clara Ruiz Díaz, quien había hecho lugar en el mes de enero a la autoriza­ción judicial para la extracción de datos como acto investiga­tivo, mediante la cual la Fiscalía tuvo elementos de convicción para sostener su imputación. Con esta medida, la defensa busca obtener la nulidad del acta de imputación.

El 1 de abril, el abogado Felino Amarilla, en representación del extitular de Seprelad Car­los Arregui, presentó una recusación contra los cama­ristas que debían confirmar a la jueza recusada inicialmente por Fuster, elevando la causa a la Sala Penal de la Corte. El 21 de agosto, la Cámara de Apela­ción, integrada por los cama­ristas María Belén Agüero, Digno Arnaldo Fleitas y Gus­tavo Aguade, confirmó la com­petencia de la magistrada Cyn­thia Lovera tras estar casi cinco meses trabado el proceso penal. Sin embargo, el 2 de setiem­bre, el abogado Emilio Fúster, defensor de Arnaldo Giuzzio, volvió a paralizar el proceso, al presentar una apelación gene­ral contra la resolución del Tri­bunal de Apelación que con­firmó a la jueza Lovera.

El 6 de noviembre, la Sala Penal de la Corte declaró inadmisible la apelación y confirmó la com­petencia de la jueza en el pro­ceso penal. No obstante, para evitar que el proceso pueda seguir su curso, la defensa del imputado Daniel Alberto Farías solicitó la nulidad de la resolu­ción del Tribunal de Apelación que hizo lugar al pedido de pró­rroga de la Fiscalía para que pueda investigar hasta el 11 de marzo de 2025. Ahora los inte­grantes de la máxima instancia judicial tendrán que resolver la nueva chicana para que luego pueda bajar el expediente judi­cial al Juzgado Penal de Garan­tías, que deberá fijar la fecha de audiencia de imposición de medidas y a su vez estudiar la decena de chicanas que siguen pendientes de resolución.