“Mario Abdo Benítez persiguió a todo el movimiento Honor Colorado y se alió a la opo­sición para que caiga la Aso­ciación Nacional Republicana en el 2023″, afirmó el secre­tario general de la Junta de Gobierno de la agrupación tradicional, Eduardo Gonzá­lez, tras tumbar la imagen de perseguido político que busca instalar el exmandatario en su vuelta a la política.

“Claro que hablará de perse­cución política porque se le está viniendo la noche”, mani­festó al diario La Nación/Nación Media tras hacer refe­rencia a las irregularidades detectadas por la Contralo­ría en los estados financieros de las empresas de asfalto de Abdo Benítez que podrían ocultar varios ilícitos, desde evasión de impuestos hasta lavado de dinero.

Recordó además de las denuncias por casos de corrupción que salpicaron al gobierno de Abdo durante la pandemia del covid-19. “Abdo Benítez es un cara­dura, sinvergüenza y ladrón, que no venga a dar cátedras de moral y de buena gestión cuando tuvo casi 20.000 paraguayos muertos sobre su espalda y espero que alguna vez se haga respon­sable”, indicó.

González indicó que uno de los puntos del informe de la Contraloría que salta a la vista es que las firmas Almacenamiento y Distri­bución de Asfalto S.A. (Aldia S.A.) y Creando Tecnología S.A. (Createc S.A.) experi­mentaron un millonario cre­cimiento en sus ganancias entre los años 2018 y 2023, precisamente el período en el que su accionista mayori­tario se desempeñaba como presidente de la República.

Agregó que Abdo sí fue capaz de usar el aparato estatal para perseguir a sus enemi­gos, “creando informes falsos que fueron enviados al norte para buscar las san­ciones contra el expresi­dente Horacio Cartes. Esos informes fueron elaborados con sus ministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández y Emilio Fuster, todos de la oposición, quie­nes militaban en el Partido Democrático Progresista. A toda persona que tenía olor a Honor Colorado sacó de la función pública, sin importar la antigüedad, sus familias”, sostuvo González.

“Mario Abdo Benítez persiguió a todo el movimiento Honor Colorado y se alió a la oposición para que caiga la Asociación Nacional Republicana en el 2023″, afirmó el secretario general de la Junta de Gobierno de la agrupación tradicional, Eduardo González, tras tumbar la imagen de perseguido político que busca instalar el exmandatario en su vuelta a la política.

“Claro que hablará de persecución política porque se le está viniendo la noche”, manifestó en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media tras hacer referencia a las irregularidades detectadas por la Contraloría en los estados financieros de las empresas de asfalto de Abdo Benítez que podrían ocultar varios ilícitos, desde evasión de impuestos hasta lavado de dinero.

Recordó además las denuncias por casos de corrupción que salpicaron al gobierno de Abdo durante la pandemia del covid-19. “Abdo Benítez es un caradura, sinvergüenza y ladrón, que no venga a dar cátedras de moral y de buena gestión cuando tuvo casi 20.000 paraguayos muertos sobre su espalda y espero que alguna vez se haga responsable”, indicó.

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Hay que señalar que uno de los puntos del informe de la Contraloría que salta a la vista es que las firmas Almace­namiento y Distribución de Asfalto S.A. (Aldia S.A.) y Creando Tecnología S.A. (Createc S.A.) experimentaron un millonario crecimiento en sus ganancias entre los años 2018 y 2023, precisamente el período en el que su accio­nista mayoritario se desem­peñaba como presidente de la República.

“Abdo sí fue capaz de usar el aparato estatal para perseguir a sus enemigos, creando informes falsos que fueron enviados al norte para buscar las sanciones contra el expresidente Horacio Cartes. Esos informes fueron elaborados con sus ministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández y Emilio Fuster, todos de la oposición, quienes militaban en el Partido Democrático Progresista. A toda persona que tenía olor a Honor Colorado sacó de la función pública, sin importar la antigüedad, sus familias”, sostuvo González a La Nación.

El también director de gabinete de la presidencia del Partido Colorado se refirió al cuestionamiento realizado por Abdo Benítez contra el gobierno de Santiago Peña al sostener que el mandatario solo se dedica a inaugurar las obras que fueron impulsadas por su administración.

“El se pasó inaugurando en su gobierno las obras de Horacio Cartes. Ellos no dejaron proyectos, es un cínico, llenó sus bolsillos en la pandemia con su gavilla con la venta de asfalto. Su empresa fue la única que creció durante su gobierno con la venta de asfalto”, sentenció.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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De un total de 40 licitaciones que se realizaron con los fondos del fideicomiso, se auditaron de modo aleatorio apenas dos, cuyo resultado expone una diferencia de G. 1.690 millones, monto que hasta el momento no se puede justificar.

• “La caja negra”

Una auditoría interna del Instituto de Pre­visión Social (IPS) expone una descomunal y criminal corrupción durante la gestión de Vicente Bata­glia (era Mario Abdo Bení­tez) con los millonarios fon­dos que eran administrados a través de un fideicomiso con una entidad bancaria. El lapi­dario informe, producto de la fiscalización aleatoria de dos de las 40 licitaciones ejecu­tadas con estos fondos, con­cluye que los trabajos que se pagaron y supuestamente se hicieron, en realidad no existen.

Alicia Olazar, directora de auditoría del IPS, brindó mayores detalles de la audito­ría hecha a los fondos de fidei­comiso que fueron desviados durante la administración de Mario Abdo Benítez y que for­maban parte de un contrato de fideicomiso con el banco. Estos fondos, de acuerdo con el contrato entre la previsio­nal y la entidad financiera, debían destinarse a obras de cuatro hospitales, pero algu­nos ni se hicieron (como el Hospital Hemato-Oncoló­gico). Las anteriores autori­dades optaron por desviar el dinero a supuestas obras en centros de salud del interior, sin embargo, fueron trabajos ficticios que no se ejecutaron.

De 40 licitaciones que se reali­zaron con los fondos del fidei­comiso, recién se auditaron 2 como muestras aleatorias, cuyo resultado alarmante­mente expone una diferencia de G. 1.690 millones, monto que hasta el momento no se pueden justificar, de acuerdo con la responsable de la audi­toría. Además, el análisis de una tercera licitación está en curso en estos momentos.

El informe, que será puesto a disposición del Ministerio Público una vez que el Con­sejo de Administración de la Previsional así lo autorice, abarca verificaciones hechas sobre la ejecución de las obras licitadas, pero que exponen el millonario faltante entre lo pagado y lo que realmente se hizo.

“Verificamos ítems certifica­dos y pagados, pero in situ no se encontraban estas obras o no correspondían en cuanto a las dimensiones o iniciaron, pero están incompletas, pese a que se pagaron en su totalidad. Otras observaciones fueron sobre el deterioro importante de la infraestructura”, detalló la interviniente.

Los responsables del periodo anterior tuvieron el plazo para dar su descargo sobre las falencias detectadas. Sin embargo, en palabras de Ola­zar, estos no lograron presen­tar sus justificaciones y por lo tanto no pudieron desmentir los graves hallazgos.

Otro aspecto relevante de la auditoría es que, mediante el análisis de las rendiciones de viáticos de los fiscales de obras y sus marcaciones de entrada laboral, quedó en evi­dencia que estos funcionarios del IPS estaban en Asunción cuando supuestamente fue­ron a verificar in situ las obras para certificar los trabajos que se hacían en los centros de salud en el interior del país. Es decir, marcaban su entrada en la capital, pero hacían figu­rar en los papeles que iban a verificar las obras en Encar­nación, por ejemplo.

La directora adelantó que van a investigar también quiénes son responsables de haber desvirtuado el objeto del con­trato de fideicomiso. “Estoy a la espera de conversar con el fiscal Néstor Coronel para solicitar la ayuda por medio de un oficio para solicitar infor­mes a otros organismos, para cerrar esto”, mencionó.

De acuerdo con el contrato de fideicomiso, el banco encar­gado de la administración del contrato de fideicomiso era responsable de la verificación documental y de certificar el buen uso y destino del dinero generado a través del fideico­miso como fuente de finan­ciamiento para obras del IPS. En ese sentido, el banco en cuestión no puede apartarse de la buena administración de los bienes del fideicomiso porque justamente su obli­gación principal radica en hacer cumplir todos los pun­tos del contrato.

“Dónde están las anteriores autoridades del IPS para dar la cara en este acto criminal”, cuestionó el senador Leite.

El senador Gustavo Leite requirió al Ministerio Público celeridad en sus investigaciones para some­ter ante la justicia a los res­ponsables de la rapiña de G. 828.000 millones mediante un contrato de fideicomiso del Instituto de Previsión Social (IPS) en el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Dónde están las anteriores autoridades del IPS para dar la cara en este acto crimi­nal. Alguien o muchos tie­nen que ir presos, esa es la verdad. El fideicomiso fue constituido con una muy buena intención y desvirtuarlo tiene que tener sus responsabilidades. Espero que en este caso la Fiscalía investigue y no tarde siete años como en la causa de Cabeza Branca”, indicó.

La millonaria suma debió ser empleada exclusiva­mente para obras: la termi­nación de Hospital Ingavi, construcción de Policlí­nica, construcción de Hos­pital Día y construcción de Hospital Hemato-Oncoló­gico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

“Los responsables tienen que pagar porque caso con­trario los perros se segui­rán animando a desfon­dar al Estado. El IPS tiene 900.000 cotizantes más o menos y más de 100.000 jubilados, entonces le jodieron la vida a 1.000.000 de personas más sus fami­liares. Esto debe ser cas­tigado con todo el peso de la ley”, sostuvo en el pro­grama “La caja negra” emi­tido por Unicanal.

Leite no descarta que los G. 828.000 millones hayan sido utilizados por el abdismo para costear sus campañas políticas. “Yo voy a decir lo que hicieron, le dieron plata a los perros en campaña, sobrefactura­ron e hicieron obras fan­tasmas. Esto es típico de Marito o acaso no le cono­cemos a la bestia”, dijo el parlamentario.