El cuestionado titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, emplea una campaña de perseguido político en el marco de la causa que enfrenta por la producción de documento no auténtico, la producción mediata de documento público de contenido falso y el uso de documento público de contenido falso. Estos cargos los enfrenta pues con ellos quiso justificar el derroche del dinero público durante la campaña electoral del 2018, ocasión en que era aspirante al cargo del Poder Ejecutivo.
Dirigentes que simpatizan con su figura política remitieron nada más y nada menos que una nota a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), alegando estar preso por motivos políticos y que sus derechos humanos fueron violados.
A la vez, los efrainistas solicitaron que los representantes de dicho organismo internacional puedan constatar en persona sus afirmaciones. De acuerdo a las declaraciones de diversas autoridades políticas, pertenecientes incluso al Partido Liberal Radical Auténtico, el caso judicial estaría siendo utilizado por Alegre como una campaña política, debido a que el mismo, en su reclusión en la sede de la Agrupación Especializada, confirmó que se lanzará nuevamente como precandidato a la titularidad de la agrupación política, hoy en quiebra y con varios embargos debido a su pésima administración, según las denuncias.
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Desde la Corte Suprema sostienen que la prisión preventiva de Alegre se ordenó por la falta del cumplimiento de las medidas que le fueron impuestas. Al respecto, la jueza Penal de Garantías Nº 3 de la capital, abogada Cynthia Lovera, no tuvo otra alternativa que decretar la prisión preventiva del dirigente liberal y remitir todos los antecedentes de su desacato a la Fiscalía, según explicaron.
La determinación de la magistrada fue en cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, que dispuso la revocación de las medidas impuestas al citado procesado por incumplimiento de estas.