Unas 13 micro, pequeñas y medianas empresas nacionales recibieron el reconocimiento de Sello Integridad, un programa impulsado por el Ministerio de Industria y Comercio y la Contraloría General de la República (CGR) con el objetivo de promover la cultura de la integridad en el sector empresarial y sensibilizar a las empresas sobre la importancia de prevenir la corrupción y el fraude.

El MIC dio a conocer la lista de las empresas que recibieron el reconocimiento Sello Integridad en la primera edición que abarca desde el 2022 al 2024. Estas son las empresas que se postularon en la categoría Mipymes y recibieron la distinción : MRV Indumentaria Textil, Delibebé & Kids, Prana Desarrollo Inmobiliario, Startup E.A.S, Estudio GR, D&D, Tecno-Chaco SRL, La Plataforma S.A, San Francisco Lavandería Sustentable, Freelancers del Paraguay S.A, A2B Constructora S.R.L., MERGE Relocation & Outsourcing y VALE Emprendimientos.

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En el marco de esta nueva edición, el próximo viernes 7 de febrero se llevará adelante el «Encuentro con empresas MiPymes». Esto será en el edificio CEDEFO de la Contraloría General de la República de 9:00 a 12:00. En este evento las Mipymes tendrán la oportunidad de interactuar con entrenadores de Alliance for Integrity y expertos en cumplimiento normativo.

El Sello Integridad forma parte del Proyecto de Cooperación Trilateral entre Paraguay, Brasil y Alemania, denominado “Cultura de integridad como pilar para el desarrollo sostenible en el sector empresarial y las nuevas generaciones en Paraguay”. Es impulsado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), y la Contraloría General de la República (CGR).

La iniciativa busca fortalecer el sector empresarial local con los más altos estándares de ética y transparencia para que refuerce la confianza de los clientes y colaboradores.

El comité encargado de otorgar este reconocimiento estuvo conformado por 10 representantes: tres del sector privado, tres de organizaciones de la sociedad civil y academia, tres del sector público y un representante de organismos internacionales.

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• Fuente: Agencia AFP

El exsenador demócrata de origen cubano Bob Menéndez, uno de los políticos que gozó de más poder en Washington, fue condenado este miércoles a 11 años de cárcel por corrupción, fraude y trabajar como agente para el gobierno de Egipto, informaron medios estadounidenses.

El excongresista de 71 años, en cuya vivienda se encontraron fajos de dólares y lingotes de oro, había sido declarado culpable por un jurado en julio de 16 cargos por soborno, fraude, extorsión, obstrucción a la justicia y recibir pagos para favorecer al gobierno egipcio y ayudar a un fondo de Catar. “En algún punto del camino... perdiste el rumbo”, dijo el juez Sidney Stein al anunciar la sentencia. “Trabajar por el bien público se convirtió en trabajar por tu bien”.

La fiscalía había pedido al menos 15 años de prisión para el exsenador por el estado de Nueva Jersey, quien renunció a la todopoderosa presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores cuando estalló el caso en octubre de 2023. La defensa, por su parte, había solicitado solo 27 meses con “al menos dos años de servicio riguroso a la comunidad”.

“Voy a pedirles clemencia, no por mí, sino por Anthony”, dijo Menéndez llorando al conocer la decisión, refiriéndose a su hijo autista, informó The New York Times.

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La policía halló en 2022 durante un allanamiento del domicilio familiar de Menéndez y su esposa, Nadine Arslanian, más de 480.000 dólares en efectivo escondidos entre ropa y zapatos y en una caja fuerte, así como 13 lingotes de oro valorados en 150.000 dólares y un auto descapotable Mercedes Benz.

Según la fiscalía, este hijo de cubanos que llegaron a Estados Unidos en la década de 1950, antes de la revolución cubana, utilizó su poder e influencia entre 2018 y 2022 para ayudar, junto a su pareja, a los empresarios Wael Hana, Fred Daibes y José Uribe, a conseguir favores a cambio de sobornos.

Hana y Daibes, egipcios-estadounidenses y coacusados en este mismo caso, fueron también condenados por soborno. El primero recibió 8 años de cárcel y 1,3 millones de dólares de multa y Daibes, 7 años de prisión y una sanción de 1,75 millones. Está previsto que la esposa de Menéndez también se siente en el banquillo a partir del 18 de marzo, ya que por problemas de salud no lo pudo hacer con el resto de los acusados.

Excluido de las filas demócratas, el político había anunciado que se presentaría a las elecciones de noviembre como independiente. Senador desde 2006 y antes miembro de la Cámara de Representantes durante 14 años, Menéndez fue un feroz opositor a la normalización de las relaciones con Cuba, un acérrimo enemigo de Venezuela y China y un firme defensor de Israel.

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El senador Javier Zacarías Irún arremetió con dureza contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, tras las declaraciones de este último acerca de una supuesta deuda millonaria de la Caja Municipal de Jubilaciones, que según Prieto habría sido heredada de la administración del “clan Zacarías”.

Prieto afirmó que su gestión logró reducir una deuda de G. 32.000 millones a G. 26.000 millones y que firmó un acuerdo para pagarla en un plazo de ocho a nueve años. Sin embargo, Zacarías no solo desmintió tales afirmaciones, sino que calificó al jefe comunal de “mentiroso” y “Pinocho”, asegurando que dicha deuda no corresponde a su gestión ni a la de Sandra McLeod.

En un tono irónico, el senador destacó que las declaraciones de Prieto son parte de una narrativa inventada para desviar la atención de su administración. “Pinocho, buscá otra cosa, cambiá tu repertorio porque ya se te agotó la mentira de que todo es culpa de los Zacarías”, afirmó Zacarías, quien además presentó documentos y declaraciones para respaldar su postura.

Según Zacarías, el propio presidente de la Caja Municipal de Jubilaciones, Bernabé Gutiérrez, aclaró públicamente que la deuda corresponde a los años 1999 y 2000, antes de que Javier asumiera como intendente en 2001, y por lo tanto no puede ser atribuida ni a él ni a Sandra McLeod.

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Zacarías también refutó los señalamientos sobre un supuesto mal manejo financiero durante la administración de McLeod. Señaló que cuando esta entregó la municipalidad a la interventora Carolina Llanes en 2019, había más de G. 50.000 millones distribuidos en 13 cuentas bancarias. “Era una municipalidad floreciente, con finanzas ordenadas, activos superiores a G. 70.000 millones y toda la documentación correspondiente, lo cual está respaldado por la interventora misma”, aseguró el senador. Además, enumeró los nombres de los bancos y las cifras depositadas en cada cuenta, para demostrar la solvencia económica de la gestión de McLeod al dejar el cargo.

El senador aprovechó para criticar el enfoque de Prieto en gobernar, instándolo a dejar de recurrir a acusaciones infundadas y a trabajar por las verdaderas necesidades de Ciudad del Este. “Preocupate por los barrios, por las escuelas, por los empedrados, por los dispensarios médicos y por la generación de fuentes de empleo”, reclamó Zacarías, al tiempo que acusó al intendente de usar las redes sociales como una herramienta para confundir a la ciudadanía.

En su intervención, Zacarías no escatimó en sarcasmo, repitiendo en varias ocasiones que Prieto merece el apodo de “Pinocho” por sus constantes mentiras. “Su nariz ya creció 14 tallas”, afirmó irónicamente, haciendo referencia a lo que considera una estrategia habitual del intendente para eludir responsabilidades. Según Zacarías, las acusaciones contra él y Sandra McLeod no tienen sustento y son una forma de distraer la atención pública de los problemas actuales que enfrenta la ciudad bajo la gestión de Prieto.

Zacarías también cuestionó por qué Prieto no utilizó el dinero disponible en las cuentas bancarias de la municipalidad para saldar la deuda en efectivo cuando asumió como intendente, si es que realmente tenía la intención de resolver el problema de la Caja Municipal. “Él mismo reconoció que negoció esta deuda, pero no es de nuestra gestión. Si tenía los fondos, ¿por qué no pagó de inmediato? Está claro que solo busca fabricar enemigos imaginarios para tapar su ineficiencia”, agregó.

En una intervención cargada de críticas, Zacarías reiteró que las acusaciones de Prieto están basadas en mentiras y en una narrativa conveniente para él, pero que no resiste análisis alguno. “Las pruebas hablan por sí solas. Los documentos, los testimonios y las cifras están ahí. No lo digo yo, lo dicen las evidencias”, afirmó el senador.

Por último, Zacarías insistió en que Prieto debe asumir las responsabilidades de su gestión y enfocarse en trabajar por la ciudad. “Sé un administrador real, no un intendente mentiroso, delincuente y ladrón que se dedica únicamente a engañar a través de las redes sociales”, sentenció Zacarías. Con esto, el senador cerró su intervención, dejando en claro que seguirá desmintiendo lo que considera una campaña de desinformación orquestada por el intendente Miguel Prieto.

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La fiscal Sonia Sanguinés solicitó 12 años de prisión para el exministro del Interior, Walter Bower, por su implicancia en las presuntas torturas a dos policías en el contexto de un supuesto intento de golpe de Estado en el año 2000. Las víctimas, quienes fueron detenidas y sometidas a malos tratos durante los interrogatorios, eran sospechosas de estar vinculadas a esta tentativa de golpe contra el gobierno del entonces presidente Luis Ángel González Macchi.

El juicio por este caso se lleva adelante después de más de dos décadas de que los hechos ocurrieran, lo que ha generado una considerable discusión sobre la impunidad y el tiempo transcurrido antes de que se alcanzara una resolución judicial. Además de Bower, la Fiscalía también solicitó penas para los otros dos acusados en el caso: los policías Osvaldo Vera, y Merardo Palacios, quienes enfrentan solicitudes de 14 y 7 años de prisión, respectivamente.

El 2000 fue un año crítico para Paraguay, marcado por la tensión política y las crisis institucionales. En medio de un clima de desconfianza hacia el gobierno de González Macchi, varios sectores dentro de las fuerzas de seguridad fueron acusados de conspirar contra el gobierno. La detención de los supuestos implicados en el golpe de Estado se vio acompañada de denuncias sobre torturas durante los interrogatorios, hechos que luego fueron elevados a juicio.

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La acusación principal recayó sobre Bower, quien en su rol de ministro del Interior habría sido responsable directo de las operaciones de detención e interrogatorio de los implicados. Durante el juicio, se presentó evidencia de que las torturas fueron sistemáticas y tenían como objetivo obtener información que confirmara las supuestas conspiraciones.

El juicio, que finalmente comenzó varios años después de los hechos, ha sido un proceso largo y plagado de obstáculos. En varias ocasiones, el Tribunal de Sentencia tuvo que suspender las audiencias debido a recusaciones de los jueces y otras complicaciones procesales. Sin embargo, en la actualidad, el caso parece estar llegando a su fin, y la fiscalía ha solicitado una condena firme para Bower, Vera y Palacios.

La gravedad de los hechos no solo radica en las torturas, sino en el contexto político y social de la época, que creó un ambiente propenso para que actos de esta naturaleza fueran aceptados como parte de la lucha por el control político.

La justicia paraguaya, sin embargo, está tomando medidas para dar un cierre a este oscuro capítulo de su historia. En este sentido, el caso de Walter Bower se ha convertido en un símbolo de las luchas por la justicia y la reparación.

La solicitud de 12 años de prisión es un recordatorio de que, aunque el tiempo haya pasado, los crímenes cometidos bajo el amparo del poder político no pueden quedar impunes. Este caso refleja además una transición en la política y la justicia en Paraguay, que busca sanar heridas del pasado y fortalecer el estado de derecho.

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