El apoderado de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Eduardo González, señaló este viernes que los referentes de la oposición están acostumbrados a desacatar órdenes judiciales, haciendo referencia a la situación del presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre.

“La verdad parece que la República no es lo que ellos quieren y no me sorprende de ellos. Este grupo se erige un superpoder y en decir que ellos no van a cumplir resoluciones judiciales. Estamos llegando a una anarquía total por parte de estas personas y ahí está lo peligroso”, cuestionó el apoderado en comunicación con Universo 970 AM.

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Sostuvo que los referentes de la oposición consideran que solamente es válida la postura de ellos e insistió en que la situación se vuelve peligrosa al no cumplir una resolución judicial. A su criterio, jurídicamente ya hubo mucha benevolencia con el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

González indicó que la jueza Cynthia Lovera, quien ordenó la prisión preventiva, esperó que Efraín Alegre cumpla las disposiciones para no ser remitido a una penitenciaría, pero por decisión propia hizo caso omiso y la magistrada ordenó la prisión preventiva porque el presidente liberal no abonó la fianza e ignoró otros requerimientos.

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“Él mismo generó esta situación, no fue la Justicia, fue muy lenta en favor de él y que no ocurre en otros casos. Yo he visto cómo (Óscar) González Daher, Ulises Quintana y Miguel Cuevas se fueron preso, cumplieron y no hicieron el show. La Justicia es igual para todos y Efraín Alegre desde el primer día dijo que no iba a cumplir”, agregó el apoderado.

La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera ordenó la prisión preventiva de Efraín Alegre por incumplir las medidas alternativas a la prisión impuestas por la magistrada y confirmadas por un Tribunal de Apelación. Debe estar recluido en la cárcel de Tacumbú, pero por cuestiones de protocolos sanitarios finalmente fue llevado a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

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Alegre está imputado por producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. El proceso es por falsificación de una factura por G. 98 millones, presentada en el balance de rendición de cuentas del Directorio PLRA.

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