Desde la Asesoría Jurídica de la Contraloría General de la República (CGR), encabezada por Dario Ortega, sostienen que el Ministerio Público evadió profundizar sobre los reportes de indicios de hechos punibles que fueron detectados en la gestión del expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia. El caso judicial guarda relación con el supuesto daño patrimonial de G. 1.630.414.082.023 a la previsional.

“El panorama no está completo. Hay hechos de relevancia penal que no fueron investigados por la Fiscalía, entonces como consecuencia no se puede concluir en la desestimación de la causa. Existe un montón de circunstancias que pueden derivar a otros hechos punibles que no solamente sea un daño patrimonial”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las afirmaciones de Ortega surgen tras cuestionar el pedido de desestimación de la denuncia contra Bataglia y sus exconsejeros Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Claudina Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina investigados por lesión de confianza y estafa.

El pedido de desestimación al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos fue realizado por el equipo de agentes fiscales conformado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez.

Leé también: “Hugo Fleitas se arriesga a ir preso”, dice Jaeggli acusándolo de la crisis financiera del PLRA

Ortega indicó que la conclusión final del Ministerio Público se limita solo en las investigaciones sobre el préstamo relacionado a los fondos obtenidos por la Ley 7037 que establece el financiamiento del programa de enfermedad y maternidad del IPS.

“Varias de las observaciones de la Contraloría versaban sobre lo que se obtuvo como préstamo en virtud de la ley 7037, pero nuestra auditoría financiera y cumplimiento no se basó solo en estos fondos, sino que era más general. Hago esta aclaración porque cuando concluyen los fiscales pareciera ser que ellos pensaron que esta auditoría solo se refería a los fondos obtenidos en virtud a esta ley consistente para cubrir los gastos del programa de maternidad y enfermedad, es decir, para pagar a los proveedores”, mencionó.

El director jurídico de la Contraloría detalló además que si se toma por concluida la investigación, los fiscales solo se limitaron a indagar sobre un préstamo de G. 350.000 millones.

“Si asumimos como completo el trabajo de la Fiscalía en esta conclusión de desestimación, entonces quiere decir que solamente los fiscales pudieron verificar los pagos realizados por 350.000 millones, sin embargo, la deuda según el propio IPS era de 1 billón. La Fiscalía dejó de averiguar más o menos alrededor de USD 80 a 90 millones sin tener documentación a quién, por qué, cuánto se le debe. Esto representa no solo un riesgo, sino un peligro eminente de un daño que se le puede causar al ente”, lamentó.

Ortega acotó: “Ya hemos escuchado las declaraciones de los representantes de la Fiscalía que no le dan la relevancia e importancia al trabajo de la Contraloría. Los fiscales dejaron de averiguar exactamente por qué el Instituto de Previsión Social no tenía a la fecha que la Contraloría le requirió los documentos respaldatorios de esta deuda”.

Te puede interesar: Patria Querida moviliza a su dirigencia de Itapúa con miras a las municipales del 2026

Una comitiva fiscal, acompañada por efectivos policiales del Departamento Antitrata de Personas y Delitos Conexos, allanó un local ubicado en el barrio San Vicente de la ciudad de Asunción, luego de recibir varias denuncias por coacción y explotación.

Según el reporte presentado por las autoridades, en el lugar no se encontraba ninguna persona en el momento de la intervención, pero no obstante, ya con la orden de allanamiento, se procedió al ingreso, encontrando una importante cantidad de evidencia relacionada con el caso investigado.

“Cuando llegamos al lugar no se encontraba nadie y estaba cerrado, el encargado del taller mecánico que se encuentra al lado nos comentó que el sitio permanecía cerrado ese día porque el propietario estaría enfermo; no obstante, cumplimos con la orden de allanamiento y efectivamente encontramos varios elementos que indican que el sitio funcionaba como un prostíbulo y se habla de una situación de explotación sexual”, indicó la fiscala Carina Sánchez en conversación con C9N.

El senador Gustavo Leite, integrante de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre hechos de lavado de dinero, manifestó ante La Nación/Nación Media que quedan aclaraciones pendientes, tras el último encuentro mantenido con representantes de investigada entidad bancaria.

“Creo que la comparecencia de los representantes de la entidad bancaria nos deja aún algunos interrogantes. En este caso, intervenimos porque hay una carpeta abierta sobre Cabeza Branca; la fiscal Lorena Ledesma advierte que, a través de bancos de plaza, se había lavado dinero del narcotráfico”, expuso el congresista.

Leite remarcó que el caso también se relaciona con Gilberto Suárez, presunto testaferro del conocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”. Suárez había sacado uno de los créditos de la mencionada entidad bancaria y, al respecto, llamó la atención a la CBI que el banco investigado no elaboró la debida diligencia.

“Ellos aducen haber mirado los flujos de caja y los flujos proyectados de un negocio ganadero, pero el codeudor, Gilberto Suárez, aparentemente no fue investigado y el banco no sabía quién era. Le dieron USD 4 millones, que con los intereses llegaba a USD 6 millones y medio”, explicó el parlamentario.

Lea más: Titular de CBI cuestiona falta de claridad sobre operaciones financieras

Otro punto tratado por la CBI es el movimiento de depósitos superiores a USD 5 millones por parte de Nicolás Leoz, expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), durante un período en 2013. Presuntamente los fondos habrían sido utilizados para establecer un fideicomiso en la citada entidad bancaria.

“Nos llamó la atención que los representantes del banco no pudieron contestar la denuncia que hace la Conmebol. Quedamos en que le elaboraríamos un memo de los temas pendientes al respecto”, señaló Leite, agregando que también se analizó el tema de fideicomiso con el Instituto de Previsión Social (IPS).

El congresista indicó que los representantes de la entidad bancaria han reconocido el pago de obras, a pedido del director de mantenimiento del IPS, lo cual no estaba explícito en el contrato. “La Fiscalía está investigando los tres casos, pero lo que queremos es que la justicia se expida más rápido, para imputar o desestimar”, sentenció.

Lea también: Jaime Bestard es designado como presidente del TSJE

El abogado Tarek Tuma, defensor del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, reafirmó que el caso Metrobús no puede atribuirse a su cliente, ya que la paralización de las obras se dio durante la administración de Mario Abdo Benítez y el entonces ministro de Obras, Arnoldo Wiens.

Tuma destacó que las obras del proyecto estaban respaldadas por el BID durante la administración de su cliente y que todos los actos del ministro Ramón Jiménez Gaona (su cliente) contaron con el aval de los organismos supervisores. “La decisión de detener y desmantelar la obra fue unilateral y carece de fundamento. Jiménez Gaona entregó el proyecto en un avance del 18 % sin objeciones, y bajo su gestión todo estuvo convalidado por el BID y otros entes competentes”, afirmó.

El abogado José González Maldonado, director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS) lamentó que la fiscalía haya pedido desestimar la denuncia contra Vicente Bataglia, expresidente de la previsional. El mismo fue denunciado por la Contraloría General por un supuesto desfalco de más de un billón de guaraníes entre 2022 y 2023.

González Maldonado explicó que el IPS contrató un equipo auditor que puso a la luz hallazgos importantes que fueron puestos a conocimiento de los fiscales que investigan la causa. “Esas auditorías los pusimos a disposición del Ministerio Público, pero que evidentemente no tuvieron en cuenta”, lamentó el abogado.

Para este viernes, la Dirección de Meteorología prevé una jornada con mucha humedad, cálida, con cielo mayormente nublado, vientos variables. Es alta la posibilidad de que se presenten lluvias con ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

En algunas áreas como en el Chaco, el cielo estará nublado y existe alta probabilidad de tormentas y lluvias. Se anuncian temperaturas máximas de entre 28 °C y 32 °C, dependiendo de la región. El sábado será un día cálido a caluroso, persistirá el clima inestable en gran parte del país, con posibilidad de lluvias con tormentas eléctricas.

El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) contra el lavado de activos, posteo un tuit en la red social X, donde manifiesta que la presentación ayer de los abogados del Banco Atlas no despejó dudas. El legislador sostiene que los representantes de la entidad bancaria no aclararon algunos puntos importantes sobre las operaciones financieras que se le cuestionan.

Según Amarilla, los representantes legales del banco no lograron demostrar de manera contundente las diligencias realizadas para verificar la solvencia de Gilberto Suárez, presunto testaferro del conocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”. Suárez figura como firmante de un importante crédito en representación de BionBras Brasil, situación que, para la CBI, requiere una justificación detallada sobre las acciones emprendidas por el banco para evaluar la legitimidad de la operación.

Racing Club de Argentina clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2024 al imponerse al Corinthians brasileño por 2-1, en el partido desquite de las semifinales que se jugó anoche en el estadio Presidente Perón en Buenos Aires.

En un partido vibrante, Yuri Alberto (6) puso en ventaja al conjunto paulista, pero el colombiano Juan Fernando Quintero (35, de penal, y 39), figura de la noche, dio vuelta la cuenta para el equipo argentino. El paraguayo Ángel Romero disputó el lance desde los 68′ en filas del elenco paulista. En la final a jugarse el 23 de noviembre en el estadio la Nueva Olla de Cerro Porteño, en Asunción.