La senadora Esperanza Martínez opinó sobre la reglamentación que se dio desde el Poder Ejecutivo a la denominada Ley de Arancel Cero y sostuvo que es inconstitucional. La Coordinadora Estudiantil Universitaria de la Universidad Nacional de Asunción también se opuso a algunas acciones que se dieron a conocer en la normativa.
Anunció que estarán acompañando el reclamo del sector estudiantil. “Hoy empezamos a trabajar con ellos una propuesta de reglamentación vía ley, en el caso de que el presidente Abdo decida no rever esta inconstitucional e ilegítima decisión. ¡La educación es un derecho!”, indicó.
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“El presidente Mario Abdo Benítez exhibe nuevamente su afecto hacia el estronismo, al gobernar por decreto y ejercer funciones de otros poderes del Estado”, expresó la senadora del Frente Guasu en su Facebook.
También considera que con esta posición “se deja en claro que para este gobierno la educación es un privilegio, un beneficio al cual solo algunos pueden acceder y no un derecho constitucional garantizado para todas y todos los ciudadanos por igual. Se entiende, él y los suyos siempre formaron parte del grupo de privilegiados”, añadió.
La reglamentación incluyó algunos puntos que no consideran acertados, como no incluir a quien decida empezar a estudiar después de cinco años de terminar el colegio, que de esta forma no podrá acogerse al arancel cero. Mientras que los intentos para ingresar a una universidad dependerá de la misma. Por último, establece que superar dos años de la duración original de la carrera descalificará al alumno del arancel cero.
Reglamentación
El Poder Ejecutivo reglamentó la Ley de Arancel Cero mediante el Decreto N° 4734 que establece la gratuidad de los cursos de admisión y de grado en todas las universidades públicas del país, en el Instituto Superior de Bellas Artes, Instituto Nacional de Educación Superior, en el Instituto de Formación Docente, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias y en el Instituto Nacional de Salud.
De esta forma, dispone que los estudiantes egresados de la educación media de instituciones educativas del sector oficial y de instituciones educativas subvencionadas del sector privado quedan exentos del pago de todo tipo de aranceles en concepto de matrículas u otros relacionados a los cursos probatorios, de nivelación, preparatorios, de admisión y similares, impartidos por las universidades públicas del país.