La presentación de ofertas para construir la nueva terminal de buses de Villarrica, por un valor estimado en G. 2.260.138.339, cierra mañana martes 19 de enero, a las 8:00. Este proyecto, de acuerdo a las denuncias públicas, sería un negociado en complicidad de concejales que responden a los intereses de los imputados Rodolfo Friedmann Alfaro y Éver Noguera. La UOC (Unidad de Contrataciones) de Villarrica modificó la licitación para simplificar los requisitos de manera a beneficiar a una “empresa constructora”.

Los cambios hechos llaman la atención; por ejemplo, la UOC bajó el nivel del “coeficiente de liquidez” de las constructoras, que mide la capacidad que tiene una empresa para cubrir sus deudas a corto plazo, indicando la estabilidad financiera de la empresa. También se ajustaron los requisitos de experiencia mínima en construcción sobre los metros cuadrados hechos y comprobables de hormigón y mampostería, crucial para la edificación.

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De acuerdo con los trascendidos, la empresa a ser beneficiada sería Itapoty SA, que utiliza como representantes a Benedicto Cáceres G. y Dora Adelaida Cáceres González, quienes son cuñados del caazapeño Noguera. Indican que la empresa está amonestada con una sanción de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por haber proveído datos falsos, como también por causar perjuicios en otra obra que fuera adjudicada donde dejaron de realizar obras quizás para aumentar sus ganancias.

Según publicaciones, la mencionada empresa, con ayuda del municipio, dejó de lado a empresas con años de experiencia y kilómetros de experiencia, y fue adjudicada anteriormente con un contrato de más de G. 1.000 millones para asfaltar las calles y actualmente carecen de calidad, pues denuncian que solo se ha hecho la capa de regularización. Ciudadanos villarriqueños exigen que su municipio no realice ninguna licitación donde se apresten a desangrar los fondos para obras de la mano de empresas que están ligadas a los susodichos.

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