Los rosarios de cuestionamientos que arrastran varios dirigentes que administran grandes corporaciones de ONGs, han impulsado, gracias a la atención que pusieron algunos parlamentarios, un proyecto de Ley de Transparencia que fue promulgado en estos días y que obligará a operar a cara descubierta después de años de oscurantismo en el financiamiento como del real interés que persiguen.

La contaminación que sufrieron las ONGs, principalmente las que reciben multimillonarios fondos tanto local como internacional han opacado la esencia de estas organizaciones perjudicando a aquellas cuyos fines siguen siendo el bienestar social. La nueva normativa dará luz sobre la existencia de estos grupos con la información que deberán disponer para la ciudadanía.

Rossana Escobar M. (rossana.escobar@nacionmedia.com)

La Ley número 7.363/2024, que promulgó el presidente de la República, Santiago Peña, la semana pasada y “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, conocidas como ONGs, pondrá luz al oscurantismo en el que se manejan varias ONGs, principalmente aquellas que reciben fondos multimillonarios y giran en torno a programas o actividades públicos. Esto significa un sinceramiento de las acciones de estos grupos con la ciudadanía a la que siempre invocan como beneficiaria de sus diferentes proyectos.

El intento de satanización mediante campañas de desinformación, típica herramienta utilizada por los conocidos oenegeros, muy particularmente de las grandes empresas ONGs que supieron incentivar a sus aliados mediáticos, periodistas de élite quedó totalmente desmoronado ante el proyecto de Transparencia y los monumentales fondos que en nombre de la ciudadanía fueron distribuidos en los bolsillos de grupos reducidos. Una oposición oportunista, aferrada al desfazado discurso de la organización para la representación civil con varios de sus operadores colgados del dinero que se mueve en el negocio oenegero, también quedó al descubierto y al arbitrio de la población.

Rendición de cuentas, es la frase que engloba la recientemente promulgada Ley y que generó urticaria a varios oenegeros y políticos vinculados a sus campañas que, a toda costa quisieron plantar la idea de que es un garrote para desalentar la organización civil. Una mentira feroz, en el artículo primero se garantiza el derecho a libre asociación para los fines que se propongan toda vez que sean lícitas.

La normativa, entre otros, establece que todas las asociaciones, fundaciones, ONGs, y otras entidades similares que manejen fondos públicos o privados, tanto nacionales como internacionales, se registren en el Registro Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta medida abarca a cualquier entidad que reciba o administre fondos relacionados con actividades de competencia del Estado, gobernaciones, municipalidades y otros entes autónomos.

Las OSFL deberán incluir en sus estatutos la identidad de sus fundadores, su objetivo, fuentes de financiamiento y llevar un registro detallado de los fondos recibidos, con sus respectivas facturas y documentos respaldatorios. Además, deberán mantener una lista detallada de todos los profesionales y personal contratado, ya sea nacional o extranjero, relacionado con el uso de los fondos. Los primeros informes que llegó a recabar la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso (CBI), puso en evidencia que recursos dispuestos en beneficio de la ciudadanía básicamente se tradujeron en facturaciones para mismos oenegeros, sus clanes familiares y consultores amigos.

No hay que olvidar que la mencionada Ley es producto de un largo proceso de debate durante el cual salieron a la luz manejos discrecionales, denuncias de corrupción, nepotismo por parte de directores, administradores de ONGs que reciben fondos del Estado y de otros organismos mediante donaciones a Paraguay sin mayores impactos en favor de la ciudadanía.

Un claro ejemplo de cómo se ha bastardeado el rol de algunas ONGs es el esquema con fondos millonarios recibidos que involucra a dupla de excandidatos de la Concertación, Soledad Núñez y Bruno Defelippe. Empezaron como voluntarios, pero rápidamente construyeron una red de negocios bajo la apariencia de ONGs, articulada a través de la empresa de Defelippe. Esta red mueve miles de dólares provenientes de organismos multilaterales y contrapartidas estatales, destinando fondos a consultorías y emprendimientos que benefician a un selecto grupo de amigos.

Otro sonado de corrupción con ONG es el que involucra al presidente del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CRID), Agustín Carrizosa que en plena crisis económica por el Covid – 19 se aprovechó de un convenio con el Estado y con plata de los contribuyentes repartió sueldos a su hija Paola Carrizosa Bradshaw, a su pareja María Berta Rojas Aveiro, a su cuñada Marta María Rojas Aveiro, al hijo de su coordinador anticorrupción, Carlos Francisco Alcaraz. Así también hizo festín con dinero proveniente de donación a Paraguay con repartija de honorarios a su clan, periodistas, oenegeros amigos.

Este sábado 16 de noviembre se cumplen 23 años del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, quien fue tomada en el interior del parque Ñu Guasu y su liberación se registró 64 días después. En aquel año la palabra secuestro marcaba la agenda del país y las autoridades del Gobierno de entonces no pensaron que este hecho marcaría el comienzo del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

María Edith, quien para sus amigas era Nika, iba normalmente a realizar caminata en horas de la mañana en el parque Ñu Guasu y ese día no fue la excepción. En su recorrido diario pasó a buscar a su amiga Elizabeth Gunther de Niedhammer. Ambas no se imaginaban que la camioneta en la que estaban circulando era seguida por un grupo de delincuentes que perpetrarían el secuestro.

Luego de realizar la caminata correspondiente por el parque, María Edith y su amiga iban con normalidad hasta el estacionamiento, eran las 9:15 aproximadamente cuando de forma repentina y abrupta fueron sorprendidas por tres personas fuertemente armadas que de forma muy violenta hicieron subir a María Edith a su propia camioneta, mientras que la amiga fue separada de ella y los secuestradores se dieron a la fuga.

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Ante lo sucedido Elizabeth Gunther, amiga de María Edith, llamó de inmediato al esposo de la secuestrada, el ingeniero Antonio Debernardi, a comunicarle lo sucedido. El esposo de María Edith denunció el hecho y las autoridades iniciaron la investigación correspondiente.

Pasaron horas del secuestro y la fiscal de Luque Rosa Noguera realizó 20 allanamientos y la Policía Nacional realizaba sobrevuelos en helicóptero en las inmediaciones de Ñu Guasu. A las 11:00 del mismo día la Policía Nacional halló la camioneta de la víctima en cercanías del Club Internacional de Tenis, pero nada se sabía de la misma y sus secuestradores.

Pasaron 64 días y los secuestradores habían entregado las pruebas de vida a la familia que fueron dos fotos. Tras ese hecho se llevó a cabo el primer pago de USD 400.000 que se realizó el 14 de enero de 2002, mientras que el segundo para completar el dinero solicitado fue el 18 de enero del mismo año. El 19 de enero de 2002 Antonio Debernardi recibió la llamada esperada donde se le comunicaba que su esposa sería liberada.

Los secuestradores de María Edith hicieron que la mujer se vista con ropas de hombre. Le taparon los oídos con algodón y los ojos con curitas, le pusieron un kepis, lentes oscuros y la alzaron a un vehículo en marcha.

Posteriormente los secuestradores dejaron a la víctima sobre las calles Coronel Cabrera y Santa Teresa de Asunción, donde se encontró con su familia. María Edith pudo reconocer a Carmen Villalba y Alcides Oviedo, líderes del EPP, como los responsables del secuestro. Igualmente saltaron otros nombres que fueron procesados por el mismo hecho.

José Tomás Rosa, su esposa Nidia Espínola y De los Santos Saldívar fueron los primeros condenados por el caso. Rosa fue asesinado en enero del 2011. Por su parte, Alcides Osmar Oviedo Brítez, Carmen María Villalba Ayala y Aldo Damián Meza Martínez fueron condenados a 18 años de prisión. Sin embargo, siguen prófugos Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, quienes actualmente están refugiados en Finlandia.

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“Estoy muy tranquilo, hay muchos paraguayos productores contentos con el Gobierno y con nuestra acción de llegar junto a ellos y acompañarles”, manifestó el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, en respuesta a las críticas provenientes de algunos miembros de la Federación Nacional Campesina (FNC) hacia su gestión.

El sector calificó al alto funcionario de Estado como “autoritario y soberbio” y anunció próximas movilizaciones en su contra en Asunción y algunas ciudades del interior, alegando un abandono de la institución a los productores de alimentos.

“Están apareciendo los mismos actores de siempre, personas que acostumbran a hacer show, apretar a las instituciones generando caos, yo no creo que podamos avanzar así como país”, dijo este viernes el ministro al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Giménez acotó: “Aparecen los mismos sinvergüenzas que llevaron dinero del Estado por años y que nunca lograron salir de la pobreza. Algo está pasando, no saben administrar, no saben ser productores o no son luego productores, pero sí son buenos para hacer los shows, pero yo soy una persona que habla con la verdad”.

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El titular del MAG detalló que al asumir el cargo corroboró mediante informes que la FNC fue uno de los sectores que recibió “grandes volúmenes de dinero” por parte del Estado, pero no fueron invertidos a favor de los productores más necesitados.

“Llegaban las mismas personas, llevaban maquinarias, insumos y no las hacían trabajar. Yo les llamaba a preguntar qué se hizo con el dinero, se fueron los técnicos del MAG a revisar finca por finca mediante un sistema que tenemos para corroborar fehacientemente cuánto superficie de área de producción tiene cada persona”, remarcó.

Giménez señaló que el principal enojo por parte de algunos integrantes de la federación obedece a que se negó a entregar un tractor bajo el nombre de una sola persona. “Nosotros le dijimos que no habría ningún problema, pero le dijimos que entregaríamos a la federación y se negaron”, dijo.

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“Si uno entierra a su hijo, ahí termina el calvario. Yo, por ejemplo, cuando entierre a mi hijo sabré dónde está, podré ir a visitar esa tumba, y estaré en paz, pero nosotros hasta hoy nunca podemos hacer algo así, porque hasta ahora no sabemos dónde están los restos de mi hijo, o si está vivo o muerto”, reflexiona dolida la madre de Edelio Morínigo, doña Obdulia Florenciano, en conversación con La Nación / Nación Media.

Esa es la realidad que ella vive, una realidad dolorosa. Su indignación es entendible porque un día como hoy, hace dos años, Carmen Villalba, la mujer considerada miembro clave del grupo criminal autodenominado como Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), tuvo el privilegio de dar el último adiós a su hermano Osvaldo Villalba, líder del EPP. Recordemos que este grupo criminal es el responsable de varios secuestros en nuestro país, de los cuales, de tres víctimas no se sabe nada: Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis.

Osvaldo Villalba, junto con Luciano Argüello y un hombre indígena con el alias de Simón, fue abatido por la Fuerza de Tarea Conjunta en el marco de un operativo que se realizó el domingo 23 de octubre del 2022, en Cerro Guazú, departamento de Amambay. Tras la autopsia correspondiente, el cuerpo fue entregado a los familiares y ese 25 de octubre de 2023, el féretro llegó hasta la intersección de las avenidas Mariscal López y Choferes del Chaco, paralizando no solo tránsito asunceno sino la tarde paraguaya.

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Tras la negativa de las autoridades de que la reclusa Carmen Villalba pueda salir para participar de la inhumación de su hermano, por ser considerada presa peligrosa, comenzó el trabajo de los abogados para que el féretro pueda ingresar a la penitenciaría. Los abogados como de la familia Villalba comenzaron a presionar para que se diera el ingreso de los restos del líder del EPP a la cárcel del Buen para que Carmen pueda despedirse de su hermano.

El ingreso inmediato se vio truncado y empezó el ir y venir de manera casi circense del féretro que se “paseó” entre el cementerio de la Recoleta hasta el portón de ingreso del centro de reclusión, en más de una ocasión, en medio de gritos de familiares y bocinazos.

A la confusión ciudadana por el cierre de las arterias, las altas temperaturas, los gritos de familiares, se sumó una amenaza de motín por parte de algunas reclusas. Tras esto se activaron las alarmas de las autoridades del Ministerio de Justicia y autorizaron el rápido despliegue de seguridad, que terminó por completar el escenario de esta atípica jornada de la historia nacional.

Si bien inicialmente las autoridades del Ministerio de Justicia se negaron y parecían que mantendrían la negativa para evitar el acceso del féretro, posteriormente, y tras la presión, decidieron doblegarse y acceder a la petición de Carmen Villalba y los abogados de la familia. Así, permitieron que el féretro acceda por varios minutos al penal del Buen Pastor, para posteriormente dirigirse en medio de una breve caravana hasta el cementerio de la Recoleta.

El hecho generó una indignación generalizada debido al poder que demostraron seguir ejerciendo los Villalba sobre las autoridades en ese momento. El EPP hasta el día de hoy tiene en su poder a tres secuestrados: al oficial Edelio Morínigo, al exvicepresidente Óscar Denis y al ganadero Félix Urbieta, además de cargar con la muerte de varias personas.

Los comentarios en redes sociales fueron tajantes en contra de permitir que una reclusa de alta peligrosidad pueda acceder a un privilegio tal, con mínimas medidas de seguridad y casi sin previa preparación. Autoridades de diferentes estamentos se pronunciaron desaprobando la manera en que el gobierno de Mario Abdo Benítez actuó en ese momento.

Nada fue más doloroso como ver el rostro de desconcierto de los familiares de quienes aún no han regresado a sus hogares por ser víctimas del EPP y que siguen esperando dar un abrazo, o quizás, una despedida a su ser querido.

“Hoy murió la razón, cuánto dolor me causas, mi querido Paraguay; en estos casos vale la pena que nuestro mensaje llegue fuerte y claro a aquellas mentes abiertas y empáticas que puedan sentir nuestro dolor y nuestra desazón. Les pedimos que escuchen nuestro mensaje, hoy murió la razón, el sentido común, el deseo de hacer bien las cosas y de buscar la paz”, era parte del mensaje que daba una desconsolada Lilian Urbieta, a quien se la veía sola en una mesa clamando por un poco de empatía.

Durante este discurso, miles de paraguayos vieron a una hija que sigue esperando a un padre que le fue arrebatado, una mujer que clamaba por Justicia, por una respuesta, una joven paraguaya que, al igual que muchos, era víctima. Y ese día sintió que no estaba al mismo nivel que una mujer condenada por crímenes graves en contra de sus propios compatriotas, quien sí tuvo el privilegio de decir adiós a su familia.

Con la noche de por medio y ya luego de las decisiones políticas, como la destitución de quienes permitieron el acceso del féretro de Osvaldo Villalba al penal del Buen Pastor, las hijas del expresidente Oscar Denis brindaron una declaración pública, no menos dolorosa que la de cualquier otro familiar, víctima de un grupo armado que mantiene en zozobra a familias inocentes y, aún así, continúan actuando a su voluntad.

“El golpe de ayer para nosotros fue muy duro, nos dieron una bofetada más y bastante fuerte. Hoy nos levantamos de nuevo porque esa es la lucha, en cada caída volver a levantarse, en cada golpe volver a luchar, resistir. Hoy nuevamente de pie y con más fuerza aún para exigir al Gobierno resultados, que es que vuelvan los tres”, indicó Beatriz Denis.

Hoy, a dos años de aquel suceso que marcó la historia de los secuestros en nuestro país, la búsqueda de estas tres personas continúa activa por parte del gobierno. Actualmente existe una recompensa millonaria aprobada por el presidente Santiago Peña por información certera que permita localizar a los integrantes del citado grupo criminal.

Recientemente, las hermanas Carmen y Laura Villalba fueron trasladadas de penitenciaría y guardan reclusión bajo el régimen de máxima seguridad en la cárcel de Minga Guazu, donde reciben apenas dos horas al día de receso vigilado y a solas fuera de celda.

• Osvaldo Villalba fue abatido por la Fuerza de Tarea Conjunta durante un operativo en Cerro Guazú, el domingo 23 de octubre del 2022.
• El martes 25 llegó su féretro hasta el Buen Pastor para que su hermana Carmen Villalba, recluida en el lugar, pueda darle el último adiós.
• La intención clara tanto de los abogados como de la familia Villalba era que se diera el ingreso de los restos del líder del EPP de manera inmediata, pero esto no pasó.
• Tras varios minutos de resistencia por parte de las autoridades, y tras una amenaza de motín, finalmente ingresó el féretro al Buen Pastor, causando una oleada de indignación ciudadana y el dolor inconmensurable de los familiares de víctimas de secuestro que aún no volvieron.

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