El vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y representante del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura (CM), Jorge Bogarín, hizo mención acerca de los trabajos que se impulsarán este 2021. Entre los puntos más importantes, Bogarín destacó el trabajo con el presidente del JEM y senador Fernando Silva Facetti, en donde coinciden en la introducción de la tecnología en los procesos y expedientes.
Papel cero y expediente electrónico
En ese sentido, Bogarín sostiene que “vamos a agilizar todo lo que sea posible y vamos a limpiar la cantidad de expedientes”. Esto, en referencia al objetivo final que es llegar al “papel cero” y la implementación del “expediente electrónico”, que sobre la base del modelo de la Corte Suprema dotará de mayor efectividad y eficiencia a la gestión del JEM, encargado de juzgar el desempeño de los magistrados, agentes fiscales y defensores públicos.
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Actuación de oficio
Consultado acerca de si existiría algún cambio respecto a la actuación del Jurado de manera oficiosa en los diversos casos, respondió: “Estamos trabajando en este proyecto”. Indicó que se pretende dejar de lado esa oficiocidad, y si hay alguna denuncia verbal, de la prensa o que llegue a los oídos de los jurados, pueda ser planteado dentro de la sesión del Consejo y que haya mayoría para que el Jurado pueda tomar cartas en el asunto.
“Ahora mismo estamos abocados a lo que es la reestructuración del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, de manera de meter tecnología y poder también buscar la manera de agilizar los expedientes. No podemos tener 800 expedientes. Creo firmemente que a través del presidente del jurado hoy en día vamos a poder agilizar eso”, aseveró Bogarín.
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Exhortan al Poder Judicial y a otros a proteger Ley de Seguridad Fronteriza
La Cámara de Senadores a través de la Declaración Nro 208 (documento que ya llegó a la Corte Suprema de Justicia) exhortó a los Poderes Ejecutivo y Judicial a emitir pronunciamiento e impulsar acciones pertinentes para evitar la violación de la Ley 2532/2005 que establece la zona de Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay a los efectos de impedir que cualquier resolución o acuerdo vulnere el cumplimiento de disposiciones vinculadas con la seguridad nacional.
Asimismo, el Senado exhorto al Poder Ejecutivo vía Procuraduría General de la República a impulsar las acciones para que se respeten las normas que protegen la seguridad fronteriza de nuestro país. Misma recomendación se extiende al Ministerio de Defensa Nacional.
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Proceso penal contra exjueza
Semanas atrás el juez penal de Garantía Yoan Paúl López elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta la exjueza en lo civil y comercial Tania Irún, acusada por prevaricato por entregar presuntamente de forma irregular 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza en el departamento de Alto Paraguay.
La acusación de la fiscala adjunta Soledad Machuca fue contundente en vista de que describe los hechos irregulares que cometió la exmagistrada Irún.
El caso judicial está en el tribunal de apelación, donde los camaristas José Waldir Servín, Agustín Lovera Cañete y Cristóbal Sánchez deben confirmar la resolución del juez López, quien elevó a juicio oral el proceso penal.
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Aumentarían las exigencias para integrar el CM
Para la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de esta semana, se incluyó en el orden del día la iniciativa que busca aumentar las exigencias para integrar el Consejo de la Magistratura. El documento ya fue aprobado por Diputados y tuvo modificaciones en el Senado, por lo que se trata de la tercera vuelta en el tratamiento legislativo.
Se trata del proyecto de ley “que modifica y amplía los artículos 2.° y 7.° de la Ley n.° 296/94 - Que organiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura (de los requisitos, de las designaciones y de los plazos”.
En la versión inicial, de la Cámara Baja, se modificaba solo el artículo 7 para ampliar los requisitos para la designación de los representantes de ambas Cámaras del Congreso Nacional ante el organismo extrapoder. Esto con el objetivo de aumentar la rigurosidad en la selección de los candidatos para los miembros del Consejo.
Ya en el tratamiento de esta iniciativa, en la Cámara de Senadores se introdujeron modificaciones en el artículo 2, en la cual se establece que para ser miembro del CM se deben reunir los requisitos que se exigen en el artículo 263 de la Constitución Nacional, que establece como requisitos ser de nacionalidad paraguaya; haber cumplido treinta y cinco años; y poseer título universitario de abogado.
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En relación de hechos, suplente del CM dará pormenores sobre denuncia en su contra
El abogado Ricardo Sasiain, miembro suplente del Consejo de la Magistratura, invita a la relación de hechos vinculados a los procesos que lo involucran tanto a él como a su esposa María Antonella Galli. La convocatoria está prevista para las 10:00 de este lunes 7 de octubre en salón de eventos Vanité, ubicado en Paseo Carmelitas sobre la calle Teniente Héctor Vera en Asunción.
“Estoy bajo un tipo de amedrentamiento mediático por así decirlo y una acusación totalmente infundada y descabellada, por lo que voy a demostrar con documentos, primero que no correspondía la acusación y segundo voy a anunciar la posible acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para el fiscal Alcides Corvalán”, expresó el abogado Sasiain.
En conversación con La Nación/Nación Media el profesional del derecho indicó que también evalúa presentar una denuncia ante el Ministerio Público por persecución de inocentes. Sasiain aseguró que la denuncia en su contra carece de fundamentos y que este hecho ya data desde hace más de dos años y persiste hasta la fecha.
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El suplente del CM había obtenido el sobreseimiento provisional y el Ministerio Público había establecido la realización de 15 a 18 puntos para la realización de las diligencias respectivas. “Cuando no hay mérito para acusar, pero nuestro sistema es tan perverso que no basta con ser inocente sino tenés que demostrar que sos súper inocente”, relató.
De acuerdo a lo expuesto por el abogado a La Nación, desde el inicio de la causa solicitó que se notifique a las personas que tenían los cheques con su nombre, de modo que quede constancia de que se había devuelto el dinero que se había sustraído supuestamente. “Pude realizar una diligencia en la cual vino un señor que dijo ‘el cheque que tengo yo me lo entregó María Eugenia Acosta’ con esa única diligencia tuvo que haberse extinguido la causa porque se demuestra la devolución del dinero”, indicó.
Para el abogado, este hecho fue suficiente para demostrar que la denuncia en su contra fue “falsa y temeraria”, sin embargo, de todas formas se procedió a la imputación en su contra. “Este fiscal Alcides Corvalán acusa de algo totalmente descabellado y digno de nuestro sistema judicial de apriete”, refirió.
Antecedentes
Este hecho se trata de la denuncia realizada en marzo del 2021 por María Eugenia Acosta Vallejos, gerente general de la firma Bioténica S.R.L. contra Sasiain y su esposa María Antonella Galli, quien se desempañaba como gerente financiera y administrativa de la mencionada empresa. Galli es acusada, entre otras cosas, de haber desviado fondos provenientes de 11 cheques a una cuenta bancaria que pertenecía a su marido.
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Mades y Senad redoblan esfuerzos para proteger áreas silvestres y combatir el narcotráfico
El Gobierno anunció que se redoblarán los esfuerzos para fortalecer el control y prevenir la degradación de los recursos naturales en las áreas silvestres protegidas, causada por los cultivos ilegales de marihuana, mediante acciones combinadas entre varias instituciones.
A tal efecto, el presidente de la República, Santiago Peña, recibió en audiencia este miércoles en Mburuvicha Róga, al ministro del Ambiente, Rolando de Barros Barreto y al titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Jalil Rachid. Ambas autoridades acordaron aunar esfuerzos para fortalecer el control y prevenir la degradación de los recursos naturales en las áreas silvestres.
En comunicación con el diario La Nación/Nación Media, el ministro del Ambiente Rolando de Barros Barreto explicó que desde que inició este gobierno están trabajando en el fortalecimiento de las áreas silvestres protegidas; ya que el principal enemigo de los recursos naturales, de los bosques y recursos naturales, hoy en día son los cultivos ilegales de marihuana, que por cada hectárea de cultivo ilegal, es una hectárea de pérdida de bosque natural.
El ministro enfatizó que esta situación es una gran problemática que se está viviendo no solo a nivel de medioambiente de las áreas protegidas, sino que también a nivel nacional teniendo en cuenta que la principal causa de destrucción de los recursos naturales en el Paraguay, es el crimen organizado y la plantación ilegal de marihuana.
Es por ello que se estableció trabajar de manera coordinada con la Secretaría Nacional Antidrogas, encabezada por el ministro Jalil Rachid, que sus agentes se encarguen de las acciones operativas de control y combate en las diferentes áreas silvestres protegidas privadas y públicas. Indicó que el fin es consolidar la seguridad, fortalecer las áreas y recuperar ciertos lugares que estaban prácticamente en abandono durante el gobierno anterior.
“Nuestro objetivo es aplicar políticas ambientales de conservación de la biodiversidad y protección de las áreas de influencias y de las comunidades que viven en los alrededores, que son los pueblos originarios. Entonces estamos llevando adelante diferentes acciones de intervención, monitoreo y contar con mayor presencia de las diferentes instituciones del Estado en las distintas comunidades afectadas”, explicó el ministro De Barros.
Acciones a la fecha
En otro momento, indicó que al asumir el gobierno, en las primeras acciones se habían detectado 23 pistas de aviación en el Parque Nacional Paso Bravo, ubicado al norte del departamento de Concepción, de las cuales algunas estaban inoperantes y otras estaban operativas, y que después de intervenciones conjuntas ya se anularon 5 pistas.
Mencionó además que ya se realizaron intervenciones conjuntas en Caazapá en el parque San Luis, e informó que se preparan otras nuevas intervenciones, que se llevarán a cabo con el objetivo de reducir la cantidad de plantaciones ilegales.
“Tenemos aproximadamente unas 3.900 hectáreas de plantaciones de marihuana o zonas que fueron utilizadas para el cultivo ilegal, en lo que respecta a las áreas silvestres protegidas públicas. Pero mayor cantidad de áreas privadas, como Campos Morombí y Moisés Bertoni en Mbaracayú”, acotó.
El ministro Rachid destacó además que gracias a estas intervenciones que se realizan de manera conjunta entre la Senad y el Mades en las áreas protegidas, ya se ha logrado reducir significativamente la cantidad de plantaciones ilegales, instalando igualmente el orden y seguridad en dichas áreas. Pero se siguen haciendo intervenciones de manera permanente, ya que el monitoreo es importante en estas áreas que son extensas.
Al respecto, señaló que una de las áreas de parque más afectadas dentro de toda esta problemática de plantaciones ilegales es el Parque Nacional San Rafael, que se ubica entre los departamento de Caazapá e Itapúa, con más de 1.600 hectáreas de cultivo de marihuana.
“Por eso, este tema es una problemática ambiental, de seguridad y que a la vez causa problemas sociales, por lo que también es un área crítica que se está trabajando con las diferentes instituciones del Estado para poder controlar”, concluyó.
En tanto, desde el Gobierno han resaltado que estas acciones demuestran el firme compromiso del Gobierno en la lucha contra el crimen organizado, protegiendo nuestros recursos naturales y garantizando la seguridad de nuestras comunidades, anunciaron desde la Presidencia de la República.
LAS CLAVES
- El principal enemigo de los recursos naturales, de los bosques y recursos naturales, hoy en día son los cultivos ilegales de marihuana.
- Mades y Senad llevan adelante un trabajo conjunto y coordinado en la destrucción y monitoreo de las plantaciones ilegales en las áreas silvestres protegidas.
- Establecieron acciones de intervención, monitoreo y contar con mayor presencia de las diferentes instituciones del Estado.
- Preparan otras nuevas intervenciones, que se llevarán a cabo con el objetivo de reducir la cantidad de plantaciones ilegales.
- Existen unas 3.900 hectáreas de plantaciones de marihuana o zonas que fueron utilizadas para el cultivo ilegal, en lo que respecta a las áreas silvestres protegidas públicas y privadas.