La República Argentina lanzó una licitación para operar en la hidrovía Paraná-Paraguay el tramo de Santa Fe-Océano. Desde la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) advirtieron que esto podría tener repercusiones para los buques de nuestro país, puesto que se estima que el costo podría ser mayor.

“Puede tener influencia y la experiencia nos indica que cuando está en manos privadas, siempre el costo es un poco o mucho mayor. No quiero arriesgar una opinión porque desconozco los detalles, pero sí existe un riesgo, nos va a afectar que sean mayores los peajes, aunque sean mínimos porque siempre representa un costo más”, expresó Julio César Vera, presidente de la ANNP.

El titular de la institución explicó al programa “Así son las cosas”, emitido por Universo 970-AM-GEN/Nación Media, que por más de 30 años el mencionado tramo se ha licitado y estuvo en manos del sector privado. El último contrato feneció durante el gobierno de Alberto Fernández, quien una vez finalizado el contrato con la empresa, decidió que la explotación quede en manos del Estado.

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“Ahora, con Javier Milei se derogó el decreto e hizo desaparecer el Consejo que administraba ese tramo y retomó nuevamente la alianza público privada, por lo que se vuelve a licitar. Ignoro cuál va ser el resultado de esta licitación, pero eso no es nuevo, siempre ellos cobraron peaje en ese tramo hasta donde llegan los buques de ultramar, en el tramo Confluencia ya no llegan esos buques”, detalló.

Asimismo, en cuanto al tramo Confluencia-Santa Fe, recordó que actualmente existe un acuerdo en torno a la tarifa, la cual se fijó en USD 1,20 por tonelada neta registro de carga, el que rige desde el pasado 1 de septiembre y tendrá vigencia hasta el 28 de febrero del 2025. Vera mencionó que está pendiente una reunión de la Comisión Técnica, de modo a volver a revisar dicha tasa.

“La Comisión Técnica ya está conformada, pero aún no se han reunido, estamos viendo la experiencia con relación a las nuevas tasas y la tarea que se realiza. Cuando tengamos más datos, se va a analizar y naturalmente la decisión de esa comisión con los representantes del Estado argentino, seguramente van a definir la aplicación de un nuevo costo de peaje a partir del 1 de marzo del 2025, que puede ser mayor o menor incluso”, refirió.

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La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados dictaminó por la aprobación del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que plantea elevar de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses).

Los integrantes del bloque asesor encabezado por Yamil Esgaib durante su tratamiento afirmaron que la propuesta tiene como finalidad modernizar y fortalecer el sistema previsional del país, adecuándose a las necesidades actuales y asegurando su sostenibilidad a largo plazo.

La iniciativa que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal de la previsional se enfoca en adecuar las normativas que regulan las jubilaciones y pensiones con el fin de asegurar la sostenibilidad del sistema y proteger los intereses de los afiliados y jubilados.

La propuesta trabajada conjuntamente entre las autoridades del Ejecutivo y el IPS, también prevé modificaciones en lo que respecta a la jubilación ordinaria y anticipada. Al respecto, para la jubilación ordinaria, se deberá tener al menos 60 años y 25 años de aportes, con un monto jubilatorio equivalente al 100 % del promedio de los últimos 10 años de salario registrados.

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Mientras que para la jubilación anticipada, se requerirá una edad mínima de 55 años y 30 años de aportes, con un monto inicial del 80 % que incrementará gradualmente en función de la edad del asegurado al momento de la solicitud.

El proyecto introduce, igualmente, la opción de jubilación proporcional para aquellos asegurados que, al cumplir 65 años, cuenten con un mínimo de 15 años de aportes. Esta modalidad se calcula en un 60 % del promedio salarial de los últimos 10 años, otorgando flexibilidad a los afiliados con carreras laborales más cortas.

A la vez se contempla el fortalecimiento gradual en el financiamiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad con un aumento en el aporte que alcanzará un 12 % en un plazo de 5 años. Con relación a las jubilaciones por invalidez, en el documento se propone un esquema de cálculo ajustado a la situación particular del asegurado, considerando tanto el promedio salarial de los últimos 10 años como los años adicionales de aporte. En caso de accidentes laborales, establece que los beneficios se calcularán sobre la base de una tabla de incapacidades establecida por la previsional.

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En el marco de la jornada de Gobierno que se desarrolla en la ciudad de Concepción, el presidente de la República Santiago Peña, acompañado de su equipo realizó entregas y acuerdos para el desarrollo del primer departamento del país. En ese sentido, en el ámbito de la salud, el gobierno destacó la creación del Centro Regulador de Ambulancias del Norte (CRANOR) y la mejora de infraestructura sanitaria.

Aprovechando su visita, el jefe de Estado confirmó que el 30 de noviembre se subirá al portal de Contrataciones de la Itaipú Binacional, la licitación para edificar el Gran Hospital de Concepción. Estimó que el contrato se firmará el 28 de febrero, mientras que en marzo se estarían iniciando las tareas de construcción.

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El jefe de Estado, recordó que la mega obra será una realidad gracias a los recursos provenientes de la renegociación de la tarifa energética de Itaipú.

El Hospital tendrá más de 160 camas y todas las especialidades para evitar que los pobladores tengan que trasladarse a Asunción en busca de atención médica. “Con ello, el Gobierno ratifica el compromiso de ampliar la cobertura médica en el primer departamento del país”, sentenció Peña.

Por otra parte, el jefe de Estado acompañó a la ministra de Salud María Teresa Barán en la inauguración de un consultorio odontológico inclusivo y se brindó apoyo a nuevas familias beneficiarias del programa Tekoporã Mbarete. Cada acción refleja el compromiso del Gobierno del Paraguay con el bienestar y progreso de Concepción, afirmaron.

La jornada de Gobierno, también fue propicia para la entrega de becas, dispositivos tecnolólgicos y equipamientos esenciales para las instituciones educativas, destinados a miles de niños y jóvenes que servirá de motivación para su educación.

Igualmente, los microemprendedores fueron beneficiados con la entrega de un gran impulso con capital semilla, créditos productivos y subsidios para pescadores, fomentando el crecimiento y el empleo local.

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El director del Sistema 911, Hernán Escobar, informó que el proceso de licitación para adquirir las tobilleras electrónicas está próximo a concluir y que en los próximas días, ya se definirá al proveedor de este servicio. Se prevé realizar una implementación gradual adquiriendo 20 tobilleras por mes y se estableció un tope de hasta 1.000 dispositivos.

“Hemos pedido una prórroga para poder esperar que la máxima autoridad esté de vuelta. El ministro Enrique Riera está por Buenos Aires y eso significa que el lunes vamos a estar informando cuál es la empresa ganadora de la licitación y una vez con eso, en 30 días empezar con la implementación de las tobilleras”, explicó a la 650 AM.

Asimismo, indicó que la oficina creada por la ley que regula el uso de las tobillera, está integrada por la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa Pública y la Fiscalía y es en este órgano en el que se está definiendo el protocolo de implementación de los dispositivos.

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“La oficina ahora está trabajando en la reglamentación de la implementación y en el protocolo de reacción. Dentro de eso también se van a establecer los perímetros de seguridad, son muchas las aristas y eso se está trabajando en este protocolo, que es el secreto de la tobillera más que el propio equipo”, afirmó.

Escobar indicó que actualmente están en la fase final de evaluación de las empresas que compiten por prestar el servicio. En el marco de la licitación pública nacional se han hecho pruebas de los equipos presentados por los cinco oferentes y se evaluaron cerca de 30 puntos de modo a determinar cuál es el cumple con todas las especificaciones.

“Fuimos marcando qué cumplía y qué no en cada producto, terminada la prueba tenemos un informe y al regreso del ministro ya tendremos una oferta económica y parte del cumplimiento de cada equipo. La propia ley dice quiénes pueden ser beneficiarios de la medida y nosotros queremos apuntar a los hechos de violencia intrafamiliar”, recalcó.

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