La situación generada luego de la publicación del supuesto negociado entre el jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, y funcionarios del gobierno interino de Venezuela, llevó a algunos políticos, como el senador del Frente Guasu Jorge Querey, a solicitar que senadores del movimiento Honor Colorado impulsen el juicio político a Mario Abdo Benítez. El escándalo que salió a luz involucra a representantes del venezolano Juan Guaidó y a nivel nacional a Villamayor, por la supuesta negociación para el pago de la deuda que Paraguay mantiene con la empresa Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

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Querey desafió en su cuenta de Twitter, en particular al senador Sergio Godoy, a que impulse el juicio político al presidente Mario Abdo Benitez por los hechos públicamente conocidos. “La vez anterior, la traición a la patria con el acta secreta, ustedes le salvaron e hicieron acuerdos de conveniencia”, expresó Querey en una parte de su mensaje.

Varios usuarios de la misma red social reclamaron a Querey que forma parte de los 23 senadores que blindaron a su imputado colega Rodolfo Friedmann, acusado de hechos de corrupción en el caso conocido como “merienda escolar”.

El diputado colorado Walter Harms respondió el mensaje publicado por Querey, instando al senador opositor a que leyera más la Constitución Nacional. “¿Desde cuando un senador impulsa un juicio político? Lea la CN señor”, publicó textualmente Harms.

Según el artículo 255 de la Constitución Nacional del Paraguay, la acusación que da inicio a un juicio político debe hacerse en la Cámara de Diputados y se necesitan de dos tercios de los votos para que pueda ser aprobada y enviada a la Cámara de Senadores, quienes son los que deciden el caso.

La Carta Magna dice en su artículo 225: Del procedimiento del juicio político: las autoridades que serán removidas por juicio político son las siguientes: El presidente de la República, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Estado, el defensor del Pueblo, el contralor general de la República, el subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

El mismo artículo aclara que las personas que ocupan los cargos citados solo podrán ser sometidas a juicio político por mal desempeño en sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores es la encargada de juzgar, en un juicio público, a los acusados por la Cámara de Diputados. En caso de declararlas culpables por mayoría absoluta de dos tercios, podrán ser separadas de sus cargos.

“En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria”, concluye el artículo de la Constitución Nacional que reglamente la figura del juicio político.

Siempre dentro del mismo caso surgido a partir de la publicación del diario Washington Post, la bancada del Partido Hagamos en la Cámara de Senadores solicitó a los miembros de la Comisión Permanente, encabezado por el diputado colorado Raúl Latorre, que convoque al jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, a fin de informar sobre su participación en las negociaciones con la empresa petrolera PDVSA.

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