En una imprevista y súbita conferencia de prensa desde el Palacio de López, Juan Ernesto Villamayor salió a defender su actuar y la del gobierno frente a un acuerdo que este lunes pasado destacó el periódico estadounidense The Washington Post y que, por una parte busca negociar la deuda de Paraguay, contraída en provisiones de combustibles de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), en 2008 y 2009; y pagar al gobierno interino de Venezuela, encabezado por el diputado Juan Guaidó, opositor a Nicolás Maduro.
Esto dentro de la campaña oficial de “recuperación de activos” impulsada por Guaidó, actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y parcialmente reconocido como presidente encargado de Venezuela. Durante la conferencia, Villamayor aclaró y repitió varias veces que “no se puede garantizar que el pago efectuado tenga fuerza cancelatoria”.
El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia alegó que el motivo por el cual no se prosiguió ni se informó de las tratativas fue porque no existe la garantía de cancelación de deuda, es decir, el reconocimiento legítimo del pago del pasivo a Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), gestionada de facto por el mandatario venezolano Nicolás Maduro, cuyo gobierno no es reconocido por el paraguayo Mario Abdo Benítez. Y de manera específica, del reconocimiento del laudo arbitral de la Cámara Arbitral Internacional de París, donde Paraguay sostiene se encuentra indebidamente sometido por no pagar su deuda, que Venezuela calcula en US$ 290 millones.
Villamayor evade nuevamente
El negociador representante de Paraguay, Juan Ernesto Villamayor, dijo que hoy se enteró que Sebastián Vidal era abogado de PDVSA desde el 2011, él creía que era parte de la petrolera hace tan solo un par de años. Villamayor dice que tras reunirse Guaidó con Abdo, en marzo de 2019, el primero envió una nota firmada al presidente paraguayo al que le indica al abogado Javier Troconis como “Comisionado Presidencial para Gestión y Recuperación de Activos”. Esto específicamente en la campaña de recuperación de activos venezolanos.
La reunión entre Troconis, Vidal y Villamayor fue el 11 de noviembre de 2019, a las 10:00, en el Palacio de Gobierno, en el despacho del jefe de Gabinete de Abdo Benítez, indicó.
Beneficios pero sin garantías
De acuerdo a lo citado por el Washington Post como “contrato prospectivo” con una comisión de US$ 26 millones a pagar a terceros, que incluso “generó alertas dentro del propio equipo legal de Juan Guaidó”, Villamayor las minimizó, fiel a su estilo. Sin embargo, no pudo eludir que el presidente estaba al tanto de las tratativas, que tenían pleno conocimiento de la falta de legitimidad activa precisada y que no se puede desconocer el contrato.
Entre los beneficios del “acuerdo paralelo”, Villamayor los citó: primero que todos los gastos causídicos que correspondan a los trabajos profesionales serían íntegramente pagados por PDVSA; que no se contemplarán en el acuerdo el pago de intereses porque Paraguay los desconoce, además de una quita (remisión o liberación que de la deuda o parte de ella hace el acreedor al deudor) de un 50% de la deuda.
Sin fuerza cancelatoria
Y por sobre todo, el objeto, es dar por concluido el distracto, es decir, el aniquilamiento o disolución de las obligaciones por el acuerdo de las partes al respecto de la deuda. Y que las partes, por mutuo consentimiento extingan las obligaciones creadas por el contratos y retiraren los derechos reales que se hubiesen transferido.
Con ese acuerdo, pero sin garantías de cumplirlos, ni de legitimidad activa, extraoficialmente reduciría la deuda legítima de US$ 265 por compra de combustibles a unos US$ 130 millones en el marco de recuperación de activos de Venezuela por parte de Guaidó. Esto no prosperó, aparentemente, porque Paraguay, según Villamayor, considera que no se puede garantizar que el pago efectuado tenga fuerza cancelatoria, porque existe un diferendo entre la autoridad de Guaidó y el ejercicio territorial de Maduro.