El Congreso sancionó sin modificaciones el proyecto de ley que plantea cambios a la ley n.° 7.447 que regula el costo del impuesto de la patente vehicular, la cual establece la nueva fórmula por la que deberán regirse las municipalidades. Desde la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) celebraron lo resuelto por el Parlamento y aguardan el visto bueno por parte del Ejecutivo.

“Por fin pudimos culminar el ciclo en el Congreso de este proyecto que habíamos presentado la Opaci, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y Diputados, después de una serie de reuniones para modificar nuevamente la ley n.° 7.447″, manifestó Nelson Peralta, director ejecutivo de la mencionada institución.

Para Peralta, el texto sancionado es mucho más justo, dado que deja atrás el porcentaje que estaba fijado inicialmente que ascendía 0,5% sobre el valor impositivo y que posteriormente fue modificado fijándose en el jornal mínimo diario. El porcentaje del 0,3% sobre el valor imponible que, entraría en vigencia si el presidente Santiago Peña promulga esta ley, permitiría que lo abonado por los contribuyentes se adapte a un monto cercano a lo que ya se venían pagando.

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“Se planteó que para ayudar y bajar el costo y adaptar a lo que se venía cobrando, creímos prudente que el impuesto se calcule sobre el valor impositivo, pero al 0,3%, eso haría que los vehículos más económicos estén pagando entre G. 100.000 y 170.000, pero a eso hay que cargar los costos de las tasas que las respectivas municipalidades vienen cobrando”, explicó Peralta a la 780 AM.

El valor imponible lo determina la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNIT) y será la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial la encargada de recolectar esta información y realizar el cálculo para el costo de las patentes por cada categoría de vehículos, información que a su vez será entregada a las municipalidades una vez que esta ley tenga la promulgación de la Presidencia.

“Hay un nuevo punto importante que dice que el intendente será multado por cada habilitación mal concedida con un jornal mínimo diario por cada habilitación, la responsabilidad es personal porque los jefes comunales son los responsables de lo que ocurre en su oficina”, enfatizó. Uno de los objetivos de estas modificaciones también apuntaba a evitar la fuga de contribuyentes, quienes terminaban acudiendo a otras municipalidades debido a la diferencia abismal entre comunas para el pago de patentes.

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El nuevo ataque del grupo empresarial Zuccolillo a través de sus medios de comunicación hacia licitaciones de empresas supuestamente vinculadas al presidente de la República, Santiago Peña, tendría como trasfondo los intereses del holding comandado por Natalia Zuccolillo.

El diario Abc color realizó publicaciones sobre licitaciones de la empresa itti Saeca, señalándola como una “mimada” del Gobierno, teniendo como referencia una denuncia realizada por el diputado abdista, Mauricio Espínola.

Estas publicaciones tendrían como origen una disputa judicial que involucra al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo. Esta entidad se estaría resistiendo a cumplir con un contrato por el uso de software (core bancario) perteneciente al grupo itti Saeca. Así lo expuso el periodista Jorge Torres en el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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“El abogado César Coll del grupo Zuccolillo planteó una medida cautelar para poder seguir usando el software. Se estima que el banco de los Zuccolillo debe abonar a itti una millonaria deuda. La campaña por parte del grupo de medios de los Zuccolillo contra itti responde a este interés: apretar a la empresa (en todas sus formas) para evitar pagar esa suma de dinero. Saldrán más cosas al respecto”, expuso el periodista.

De los 16 bancos que se encuentran en Paraguay, 10 operan con la empresa itti, entre ellos el banco Atlas, que tiene el core bancario. Se trata de un software con las informaciones bancarias que utilizan las entidades para todas sus operaciones. Sin embargo, el banco perteneciente al grupo empresarial Zuccolillo se niega a cumplir con el pago de este servicio informático.

El banco Atlas se fusionó con el banco Familiar, por lo que se requería de una unificación del core bancario, que también debe ser aprobado por el Banco Central del Paraguay (BCP) para concluir con el proceso. Desde el 2024 en adelante, Atlas fue realizando cambios del software de itti, que de acuerdo al contrato tienen un costo, que no abonó.

La empresa itti viene reclamando el pago de estas actualizaciones, requeridas también para terminar el proceso de fusión entre las entidades. Sin embargo, Atlas recurrió judicialmente para evitar pagar la millonaria deuda requerida por itti y al mismo tiempo arrancó con publicaciones para desprestigiarla.

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El senador Natalicio Chase fue designado este jueves por su colega como presidente de la Comisión Unicameral del Senado sobre Itaipú. Esta comisión fue instalada oficialmente por el titular de la Cámara Alta, el senador Basilio Núñez, en una sesión extraordinaria en que también se designó al senador Dionisio Amarilla como vicepresidente, así como a las senadoras Lizarella Valiente y Noelia Cabrera como relatoras.

Los legisladores aprobaron que esta comisión se reúna los lunes a las 14:00, de forma presencial, en la sala de reuniones de la Presidencia del Senado. Inicialmente, debía ser una Comisión Especial Bicameral que fue creada el año pasado y desde entonces no se logró instalar para la elección de las autoridades debido a la falta de acuerdo entre senadores y diputados, por lo que, se procedió a conformar una comisión unicameral.

De acuerdo a la ley 6401/2019, la Comisión Bicameral debía estar conformada por ocho representantes titulares y ocho suplentes de la Honorable Cámara de Senadores, y en igual cantidad de representantes de la Honorable Cámara de Diputados. Además, debería estar integrada por tres representantes titulares y tres suplentes del Parlamento del Mercosur (Parlasur).

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La designación de los miembros para la bicameral se realizó en setiembre de 2024. Por el Senado se designó a los representantes titulares Arnaldo Samaniego, Javier Zacarías, Natalicio Chase, Hernán Rivas, Óscar Salomón, Colym Soroka, Dionisio Amarilla y Celeste Amarilla, así como a las senadoras Lourdes Cabrera y Yolanda Paredes en representación del Parlamento del Mercosur (Parlasur).

La Cámara de Diputados designó en octubre pasado como miembros titulares a los diputados Christian Brunaga, Avelino Dávalos, Mauricio Espínola, Hugo Meza, Carlos Pereira, Rocío Abed, Jorge Ávalos Mariño y Raúl Benítez. Mientras que los parlasurianos designados son Rodrigo Gamarra, Virina Villa­nueva y Pastor Vera Bejarano, ya para los integrantes suplentes fueron designados Miguel del Puerto, Betina Aguilera, Esteban Samaniego, Luis Federico Franco y Walter García.

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El espionaje informático de Brasil a Paraguay, que se habría iniciado durante los gobiernos de Jair Bolsonaro y Mario Abdo Benítez, no parece tener mucho sentido, de acuerdo al senador Gustavo Leite, ya que, en ese momento, las negociaciones se dieron por imposición de Brasil y Mario Abdo cumplía. El legislador recordó que, luego de 12 años, la tarifa de Itaipú se redujo en el 2022 a USD 16,71 kW/mes, lo que no era una ventaja para Paraguay.

“Tal vez el hackeo fue para ver qué dicen de los golazos que le metíamos todo el tiempo, no nos olvidemos que nosotros bajamos durante el periodo Bolsonaro-Marito de 22,60 a 16, y nadie nunca explicó nada, y acá nadie tampoco reclamó nada”, dijo Leite, este jueves, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

También refirió que probablemente lo que Brasil quería saber, en ese momento fue cuál era el punto mínimo al que Paraguay cerraría las negociaciones. “Yo estoy haciendo mi película de qué puede haber sido el espionaje, no hay un espionaje más allá del número que Paraguay gustaría cerrar”, dijo el senador.

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Ante estos hechos, refirió que está de acuerdo con la instalación de una comisión bicameral de investigación. “Ahí es donde quiero adherirme a una propuesta que hizo ayer el senador Basilio Núñez de considerar seriamente una comisión bicameral que investigue qué es lo que pasó, por qué Marito bajó la tarifa a 16 y después de las negociaciones llevamos devuelta a 19, ¿qué pasó?”, señaló.

El lunes 31 de marzo, el periodista brasileño Aguirre Talento publicó en el portal de noticias UOL que la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) planificó una operación de espionaje durante el gobierno de Bolsonaro, y que la acción se realizó con la autorización del actual director de la Abin de Lula, Luiz Fernando Corrêa. La operación fue autorizada por el gobierno anterior en junio de 2022 y declarada ineficaz por el director interino de la Abin, el 27 de marzo de 2023.

Mientras tanto, Leite señaló que esta revelación de hackeo por medios brasileños, que el gobierno de Luis Inacio Lula Da Silva confirmó que ocurrió en la era Bolsonaro, puede ser parte de una guerra política entre ambos sectores, teniendo en cuenta que existen acusaciones mutuas, y que probablemente tendrá más incidencia en el escenario interno de ese país.

“Ayer hablé también con algunos colegas de Brasil para ver qué veían ellos, por supuesto hablé con gente que no es cercana a Lula, y la gente dice que esto fue en el gobierno de Lula. El tema pasa por qué es lo que ibas a espiar si no hubo negociaciones en el periodo de Marito-Bolsonaro, sí hubo imposiciones brasileñas que Marito graciosamente aceptaba”, sostuvo Leite.

Por otra parte, cuestionó que el gobierno de Da Silva no haya informado a Paraguay sobre este supuesto hackeo, si ya contaba con estas informaciones, destapada por los medios de comunicación, recién esta semana.

“A nosotros nos choca porque somos de buena fe, y lo que más a mí me llamó la atención, primero es la revelación a través de UOL, segundo la confirmación del gobierno de Lula, pero que fue en el gobierno anterior y que se acabó ya en marzo del 2023, ¿por qué no nos avisaron en el 2023?, ¿por qué tiene que filtrarse en el 2025?”, se preguntó Leite.

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