Las negociaciones que siempre se dieron con Venezuela por la deuda con PDVSA (Petróleos de Venezuela, SA) siempre pretendían sacar diferencias a favor con intermediarios, propuestas que fueron rechazadas en varias oportunidades por el gobierno de Horacio Cartes, señala quien fuera su ministro de Hacienda. El planteamiento oficial era el de no acceder al pago de comisiones extra.
“El negociar es algo tremendamente complicado porque es un acuerdo de partes, porque ahí los paraguayos queremos saber que nuestros negociadores van a negociar lo mejor para Paraguay”, reconoció Santiago Peña, exministro de Hacienda en el gobierno anterior. Pero con el caso que sale a luz en los Estados Unidos, a través del periódico Washington Post, donde funcionarios venezolanos habrían negociado supuestamente con sus pares paraguayos a cambio de pagos de millonarias comisiones.
“Esto que nos enteramos ahora es un bochorno a nivel internacional y esto no solo es cuestión de las personas. Finalmente el jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor, va ser una anécdota; el daño es a la imagen del país, donde involucran al colaborador más cercano que tiene el presidente de la República, en una negociación donde los mismos representantes del gobierno de Juan Guaidó dicen que el planteamiento de Paraguay no se podía aplicar. ¿Quién sabe cuál era el planteamiento?”, lamentó Peña en contacto con La Nación.
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Ni un guaraní de más
Aunque no desconoce sobre planteamientos de este tipo, en el que se imponen intermediarios o se buscan pago de comisiones: “Siempre existieron, pero el gobierno de Cartes siempre se negó, el planteamiento era no acceder a ningún tipo de acuerdo que no sea lo que corresponde, con ningún guaraní de más”, recordó.
La imagen que queda con el descubrimiento del diario The Washington Post es “pésima”, para el exministro. “Le hace un tremendo daño al país y a la imagen del Gobierno”, reiteró. Aunque el caso nuevamente tiene un factor en común, Villamayor, “obviamente este funcionario es cuestionado no solamente por este caso”.
Trayendo a colación de que hace unos días se daba a conocer un acuerdo que obligaría a pagar a Petropar US$ 7 millones a la firma Texos Oil, donde Sergio Coscia, socio en el estudio de Villamayor, se encargó de negociar. Por lo que Peña sostiene: “No me quitan de la cabeza que (Villamayor) estaba al tanto del caso de Texos”. Un caso que se litigó en Argentina, se había ganado y no tenían ni pies ni cabeza los argumentos. “Estuvieron a punto de regalar US$ 7 millones con comisión al intermediario”, remarcó.
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Negociaciones a futuro
La confianza perdida con la firma del acuerdo bilateral de Itaipú, más este último caso con PDVSA dejan al Gobierno a la desdicha. “No ofrece las mínimas condiciones para negociar”, considera Peña.
El camino legítimo que debían de dar y el que debe de seguirse es el de “tratar de acelerar el proceso de arbitraje en la Cámara de Comercio de París”, dijo. Finalmente ahí es donde se definirá si se pagan los US$ 269 millones de forma directa o se aplica el financiamiento que establece el acuerdo de Caracas, firmado en el 2015. Se paga la deuda que establecía a 15 años de plazo, con dos años de gracia y un tasa de interés del 2%.
Pendientes del arbitraje
La deuda con PDVSA viene ya del 2005, cuando se firma un acuerdo en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos con Venezuela, lo que genera un financiamiento y se utiliza los últimos meses del gobierno y gran parte en el del actual senador Fernando Lugo (2008-2012).
Cuando asume Horacio Cartes, el 15 de agosto del 2013, la idea primeramente era recomponer la situación patrimonial de Petropar, empresa estatal deficitaria en ese entonces. Luego empezaron conversaciones con los planteamientos para cancelar la deuda.
El ministro de Hacienda, en ese entonces Santiago Peña, viaja a Venezuela, luego de comunicar oficialmente de la reunión que se tendría con el gobierno venezolano, su ministro de Finanzas y el presidente de PDVSA. El planteamiento era el pago financiado a 15 años, con dos años de gracia y la tasa de interés del 2%.
El acuerdo era conveniente para Paraguay, hasta el enfrentamiento con el régimen de Nicolás Maduro, porque el Gobierno tenía posiciones firmes contra su par. Se exigía la cancelación de la deuda por parte de ellos, pero el gobierno paraguayo pedía un factor de descuento, como el valor presente neto, lo que quedaba en un 50% de la deuda.
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“Ningún arreglo bajo la mesa”
Venezuela se negó a recibir esa cifra, ya que Paraguay no estaba dispuesto a pagar más de lo que correspondía. A partir de allí vinieron planteamientos, incluso de bancos internacionales y de compañías multinacionales que operaban en ese país y no podían acceder a dólares.
Finalmente se decidió ir a la Cámara de Comercio de París, que es el arbitraje definido en el tratado internacional para dirimir las diferencias judiciales. No obstante, se dejó en caja cerca de US$ 100 millones en Petropar para que una vez se resuelva el litigio se pueda pagar la deuda.
“Paraguay nunca desconoció la deuda, pero sí estamos convencidos de que no solo hay que ser, sino parecer honestos y transparentes en el proceso. Éramos muy claros de que no había margen para ninguna comisión, de ningún arreglo bajo la mesa porque se debía de dar cuenta a la ciudadanía”, concluyó Peña.