El Poder Ejecutivo emitió este lunes el Decreto N° 4.624, por el cual elimina los espacios o áreas cerrados destinados exclusivamente a fumadores, es decir el uso de los cigarrillos solo estará permitido en los espacios abiertos, la disposición presidencial también tiene relación fuertemente a la crisis sanitaria por el COVID-19.
Los lugares establecidos para fumar, vaporear, vapear o fumar electrónicamente, o mantener encendidos productos de tabaco, incluidos los productos calentados de tabaco, son los lugares o zonas al aire libre donde no haya aglomeración o reunión de personas ni constituyan zonas de paso para no fumadores, vaporeadores, vapeadores o usuarios de dispositivos electrónicos.
Anteriormente estaba establecido la utilización del cigarrillo y otros elementos en espacios cerrados, como restaurantes, discotecas, bares, pubs, casinos, casas de juegos u otros lugares que tengan áreas de fumadores.
Lea también: Adquisición “casi a escondidas” de software genera sospechas, según Richer
Relación entre el uso del cigarrillo y el COVID-19
En ese sentido, cabe resaltar que el conflicto sanitario a causa del coronavirus, declarado como pandemia el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), colocó en relieve a las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, por condicionar un peor pronóstico de la enfermedad en este grupo de pacientes. También se argumenta que fumar en ambientes cerrados predispone a que las personas fumadoras asintomáticas, al exhalar el humo, puedan diseminar el virus en el entorno inmediato.
Por otra parte, el cambio permitirá un mejor cumplimiento del artículo 9° de la mencionada norma respecto a los ambientes libres de humo de tabaco y situará al Paraguay en igualdad de condiciones con los demás países de la región, en cuanto a la protección de la salud de su población.
Dejanos tu comentario
Senado aprueba declarar en emergencia el Chaco paraguayo por inundaciones
A propuesta del senador Orlando Penner, la Cámara de Senadores analizó y aprobó por unanimidad un proyecto de Ley que declara en situación de emergencia los tres departamentos del Chaco: Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay. La iniciativa fue presentada ante la grave situación que están pasando muchas comunidades chaqueñas por las constantes lluvias, que los deja prácticamente aislados.
La propuesta del senador Penner fue analizada sobre tablas, y para el efecto, el plenario se constituyó en comisión para dictaminar y plantear algunas modificaciones al proyecto. Tras un breve debate y la consideración de algunas propuestas para su modificación, el pleno aprobó por unanimidad y el documento, con media sanción, ahora pasa a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración.
El senador Penner explicó ante sus colegas que la zona del Chaco, en toda su extensión, constantemente está dando de qué hablar, ya sea por problemas de extrema sequía, y en otros casos, como se vive actualmente, el problema de las inundaciones a causa de las constantes lluvias que se registran en esta época del año.
“En medio de estas cuestiones climáticos existen muchos problemas de salud que atender con urgencia, también hay problemas en educación, porque los niños y niñas están perdiendo días de clases. Pero, sobre todo, la alimentación y la salud no puede faltar a las comunidades nativas y chaqueñas”, comentó.
Agregó que una declaración de emergencia ayuda a evitar largos procesos burocráticos al Ejecutivo, para que la ayuda pueda llegar a las comunidades chaqueñas que están desesperados por contar con soluciones concretas. La declaración permite al Ejecutivo disponer que los helicópteros de las Fuerzas Aéreas para que lleguen a la zona donde hay mujeres embarazadas, que no tienen salida a un hospital ni centro sanitario.
Designación presupuestaria
A su turno, el senador Natalicio Chase destacó que una declaración de emergencia es la herramienta que facilita al Estado paraguayo hacerse presente en el lugar que le necesite. Pero la forma de llegar más rápida a las comunidades más alegajas es asignarles los recursos necesarios a las gobernaciones del Chaco para que puedan llegar con mayor efectividad a las zonas más necesitadas.
Por ello propuso la inclusión a la propuesta de ley, la asignación presupuestaria por un valor de 5.000 millones de guaraníes a cada una de las tres gobernaciones del Chaco. También sugirió que, cumplido el plazo de tres meses, deberá rendir cuentas ante la institución pertinente sobre el uso de estos fondos.
El titular del Congreso, Basilio Núñez, comentó que está en permanente comunicación con los gobernadores, quiénes les mantiene al tanto de la situación que están atravesando; por lo que expresó su apoyo total a la propuesta.
El senador Sergio Rojas mocionó instar al Ejecutivo a la instalación de un aeropuerto en Bahía Negra, ya que de todas las ciudades chaqueña esta zona es la peor de todas, ya que actualmente existen dificultades para llegar ya sea por tierra, agua o incluso aire, al no contar con un aeropuerto. Pero, explicaron que este tipo de propuesta debe ser presentado a través de otro proyecto de Ley.
Siga informado con: Farsa de Abdo: sus aliados frenan desafuero que él pidió
Dejanos tu comentario
Gobierno impulsa nuevo marco legal para grandes eventos deportivos internacionales
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, presentó un proyecto de ley “Que establece disposiciones especiales para eventos deportivos de relevancia internacional celebrados en la República del Paraguay”. La iniciativa busca crear un marco legal especializado para atraer y regular las grandes competiciones deportivas en el país.
El proyecto lleva la firma del presidente, Santiago Peña, y del titular del Ministerio del Interior, Enrique Riera Escudero, y posiciona al deporte como un eje central de la política pública y visualiza a Paraguay como un actor trascendental en la organización de eventos deportivos internacionales.
“Paraguay es un país grande que está listo para tomar su rol protagónico principal en el escenario internacional”, se lee en la introducción del proyecto, destacando la ubicación estratégica de la nación en el corazón de Sudamérica, su creciente infraestructura y su cultura deportiva apasionada como ventajas para albergar competiciones de alto nivel.
La legislación propone crear una designación legal única llamada “Eventos Deportivos de Relevancia Internacional” (EDRI), que será establecida por decreto presidencial. Esta designación, según la exposición de motivos, activará automáticamente una serie de disposiciones especiales diseñadas para facilitar la organización de eventos según estándares internacionales.
Lo que estipula el proyecto de ley
La propuesta plantea, entre otros detalles, exoneraciones tributarias para las entidades organizadoras, incluyendo la importación de equipos, implementos deportivos y servicios prestados durante el evento, lo mismo que un régimen de admisión temporaria para materiales promocionales y equipamiento deportivo.
Igualmente, estipula regulaciones especiales de visado con visas gratuitas y sin restricciones para delegaciones oficiales, funcionarios de entidades organizadoras y socios comerciales.
Asimismo, plantea la protección de derechos de propiedad intelectual, con reconocimiento especial de las marcas de las entidades organizadoras como “marcas notoriamente conocidas”, también forma parte de los beneficios que otorga esta disposición.
Por último, se prevé el establecimiento de zonas comerciales exclusivas alrededor de las sedes de los eventos, y un mecanismo de resolución de disputas mediante arbitraje para contratos relacionados con la organización de eventos.
Perfil Deportivo Internacional de Paraguay
La propuesta destaca los logros recientes de Paraguay en la obtención de importantes eventos deportivos internacionales, incluyendo la exitosa organización de los Juegos ODESUR 2022 y próximos eventos como: los Juegos Panamericanos Junior; el Campeonato Mundial de Rally en 2025, 2026 y 2027; el 75º Congreso de la FIFA en mayo de 2025; y uno de los partidos inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA 2030, conmemorando el centenario del torneo.
Según el documento, Paraguay ha perdido, anteriormente, oportunidades para albergar grandes competiciones debido a la falta de garantías legales específicas requeridas por los organizadores internacionales. El proyecto busca abordar “trabas burocráticas, regímenes fiscales poco flexibles y falta de previsibilidad en materia migratoria y laboral, que han limitado el potencial del país, según la exposición de motivos.
“Paraguay no puede darse el lujo de seguir perdiendo oportunidades. El momento de actuar es ahora”, enfatiza la propuesta, enmarcando la iniciativa como parte de las reformas estructurales más amplias del gobierno y la visión a largo plazo para el desarrollo nacional.
El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados para su consideración, pero antes deberá pasar por las diferentes comisiones para su estudio y dictamen correspondiente.
Siga informado con: Gobierno garantiza a campesinos el desarrollo normal de la marcha
Dejanos tu comentario
Lesión de confianza y asociación criminal: juez fija audiencia preliminar para Miguel Prieto
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.
Leé también: Imputan a empresario por millonario desvío
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
Te puede interesar: Fiscalía solicitará extradición de presuntos homicidas detenidos ayer en Brasil
Dejanos tu comentario
Ejecutivo propone extender plazo de pagos por lotes agrícolas para el desarrollo rural
El titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Francisco Ruiz Díaz, mantuvo este martes una reunión con el presidente Santiago Peña, para analizar una propuesta de ley que modifica el Estatuto Agrario, lo que permitirá ampliar los años de plazo para la financiación de inmuebles rurales para los beneficiarios de la Reforma Agraria.
Indicó que la propuesta que está siendo analizada es pasar de 10 años a 20 en el caso de los hombres titulares, y de 15 años a 25 años en el caso de las mujeres, manteniendo la tasa de interés a cero en el caso de las mujeres. Enfatizó que esto se constituye en una gran noticia para las familias del campo, principalmente para las mujeres, jefas de hogar.
En conferencia de prensa informó que el Poder Ejecutivo está ultimando los detalles en la asesoría jurídica, para la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso. Explicó que esta ampliación de plazos se plantea como una estrategia para la titulación masiva de tierras, reducción de la pobreza y el desarrollo rural.
“Es importante la diferenciación, porque tanto la Constitución Nacional, como el Estatuto Agrario, establece condiciones más ventajosas para las mujeres, de tal manera pueda lograr el acceso a un título de propiedad. En términos prácticos esto significaría que una mujer que paga por su lote a una tasa de interés del cero por ciento, a 15 años de plazo como tiene hoy, tendría que pagar por su inmueble 1.300.000 guaraníes. Sin embargo, con esta nueva ley terminará pagando aproximadamente unos 600.000 guaraníes de forma mensual”, indicó.
Resaltó además que con esta modificación beneficiará a una mayor circulación de dinero en el campo, permitiendo que una mayor cantidad de personas pueda tener condiciones de pago de su inmueble, y que al mismo tiempo puedan destrancar un poco toda esa cantidad de títulos pendientes, que no está pudiendo entregar porque necesitan que el campesino realice sus pagos.
“Esta ampliación de plazos, se suma a la política de cero por ciento de intereses en favor de las mujeres, que el señor presidente de la República Santiago Peña ha instalado desde el año pasado y que a la fecha nos ha permitido modificar la estructura de titulación. Anteriormente, 3 de cada 10 títulos iba a manos de las mujeres, actualmente se está entregando 6 de cada 10 títulos”, precisó.
Están por llegar a 9.000 títulos
Por otra parte, el presidente Ruiz Díaz resaltó que el Indert se aproxima a la entrega de 9.000 títulos de propiedad, lo que representa una de las mayores inversiones sociales del Gobierno. “Hemos alcanzado números increíbles, aproximándonos a los 9.000 títulos, lo cual significa que es una de las mayores inversiones sociales del Gobierno”, afirmó.
Señaló que esta cantidad de títulos entregados se traducen en una inversión social de USD 500 millones. Agregó que de no presentarse algunos inconvenientes relacionados al costo que el campesino no puede cubrir, el Indert hubiera superado la cifra de los 9.000 títulos otorgados a familias rurales.