La Comisión Permanente del Congreso Nacional sesionará mañana de forma extraordinaria a partir de las 10:00, con la presencia del ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, quien expondrá sobre el nuevo proyecto para la adquisición de vacunas contra el COVID-19 con la finalidad de que sea analizado en la brevedad posible por ambas cámaras.
Así lo confirmó el titular del organismo bicameral, el diputado colorado Raúl Latorre, quien dijo que “contar en la brevedad posible con la mejor vacuna contra el COVID disponible en el mercado, accesible para todos, debe ser una prioridad para el Estado”.
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Por otra parte, también se dará seguimiento y se llamará a una extraordinaria a la Cámara de Senadores para tratar el subsidio para los comerciantes de Itapúa. El documento ya fue aprobado por la Cámara de Diputados.
Varios son los comerciantes formales e informales que reclaman la ayuda del Gobierno. Hay que señalar que la mayoría de los que aún no han recibido los subsidios corresponden a los trabajadores vinculados con el comercio fronterizo con la localidad de Posadas. Al respecto, las autoridades del gobierno argentino decidieron mantener cerradas sus fronteras hasta el próximo 8 de enero, si no se prorroga el cierre.
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Gremios y sindicatos tuvieron un amplio debate sobre la Ley de Función Pública y Servicio Civil
Miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Públicos de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Blas Antonio Dubrez, explicó que previo a la presentación del proyecto de ley de la “Función Pública y la Carrera del Servicio Civil” ante el Congreso han participado de todos los espacios de análisis dando un profundo estudio del documento y participado de todas las audiencias públicas que han convocado los senadores durante su estudio en las respectivas comisiones.
En comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, mencionó que este estudio también se llevó a cabo con los diferentes gremios y sindicatos de la función pública, con quienes analizaron los puntos que generaban mayor preocupación. Todos esos puntos fueron presentados a los parlamentarios, asegurando que todo lo planteado se ajusta a las leyes vigentes y convenios internacionales.
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“Hay que entender que dentro de un análisis en toda la extensión de la Ley en sí, es beneficiosa; por ello, no es que haya muchas dudas al respecto. Porque enfoca dos aspectos fundamentales: la función pública por un lado, y la carrera del servicio civil por otro. Están muy bien marcadas, como se diría, la cancha en lo que hace a las promociones o el ingreso. Incluso se ha peleado por el tema de concursos para que se hagan de manera transparente, controlada y con participación de los sindicatos para que acompañen el proceso”, explicó.
Mencionó, además, que el proyecto de ley contempla lo relativo a la idoneidad de la persona desde el punto de vista profesional, que es lo que se busca: que el funcionario público se profesionalice. Esta ley permitirá jerarquizar y profesionalizar a los funcionarios públicos del Paraguay.
Cabe recordar que el pasado 17 de septiembre, el Poder Ejecutivo, mediante el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, presentó el proyecto de Ley de la Función Pública y del Servicio Civil, que establece el mecanismo de ingreso a la función pública, la estabilidad laboral, las designaciones y la búsqueda de mayor eficiencia.
Tras su análisis en las respectivas comisiones asesoras, de las cuales también participaron los miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Públicos de la ANR, este miércoles la Cámara de Senadores tiene previsto analizarlo durante la sesión extraordinaria que se lleva a cabo esta tarde.
Abierto a escuchar a todos
Al respecto, Dubrez dijo que este proyecto de ley tuvo un amplio análisis incluso antes de que se presentara finalmente el proyecto al Congreso.
“No se puede poner en tela de juicio la discusión, el análisis y los llamados que se hicieron a los distintos gremios sindicales y gremiales. En eso, creo que no hay duda de que hubo una gran apertura por parte del Gobierno nacional, que estuvo abierto a escuchar a todos. Más aún en las audiencias públicas, donde fueron escuchados todos los puntos cuestionados”, indicó.
Finalmente, señaló que espera que en la brevedad sea aprobada la ley, ya que esto va a fortalecer al Estado paraguayo.
“Lo que se pretende con esta ley es jerarquizar la función pública, profesionalizar a los compañeros y, por sobre todo, que las largas postergaciones que siempre existieron en la función pública acaben de una vez. Sería iluso decir que esta ley va a terminar con todos los problemas, pero sí será un instrumento normativo que podrá colaborar para que esto vaya subsanando las lagunas que antes había en la Ley 1626, que ya lleva 24 años de vigencia. Por eso, creemos que será satisfactorio para el país”, concluyó.
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Comisión de ANR apoya ley de la función pública y carrera del servicio civil
La Comisión Permanente de Funcionarios Públicos de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), dio a conocer un comunicado en el que apoya el proyecto de “Ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil”, que será tratado mañana en sesión ordinaria en la Cámara de Senadores. Esta iniciativa ya cuenta con media sanción de Diputados.
Esta comisión señala que este proyecto será beneficioso para los funcionarios públicos, sin distinción de banderas políticas, credos o religiones. El documento lleva la firma de Julio Ariel Cáceres, presidente de esta comisión, además de de Nelson González, secretario; Antonio Dubrez y de varios miembros y asesores.
“Atendiendo la complejidad y lo que representa para los miles de funcionarios públicos, la Comisión Permanente ha anticipado y escuchado las necesidades de todas las organizaciones, sectores gremiales y sindicales de los diversos organismos del Estado y se ha pronunciado en las audiencias públicas y reuniones técnicas con autoridades gubernamentales”, señala el comunicado.
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Agrega el documento que “lamentamos la campaña mediática de desinformación masiva a la opinión pública en su afán de descalificar la gestión del Gobierno del Paraguay y pretender imponer confusiones con respecto al verdadero espíritu de esta ley, cual en verdad es, lograr mayores niveles de eficiencia y eficacia en las Instituciones Públicas”, agrega el comunicado.
Apoyo al presidente Peña
El pronunciamiento igualmente refiere que en este contexto, expresa el apoyo al presidente Santiago Peña y al proyecto de Ley, cuya implementación será importante herramienta para la modernización del Estado. La coordinación de esta comisión permanente está a cargo de Fernando Ayala, miembro de la Junta de Gobierno.
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Caso agua tónica: Tribunal de apelación confirmó condena a Patricia Samudio
El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.
Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.
De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución.
Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.
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Nenecho Rodríguez: “Me imputan por hacer mi trabajo”
“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.
“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.
“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.
El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.
También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.
También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.