Este sábado 16 de noviembre se cumplen 23 años del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, quien fue tomada en el interior del parque Ñu Guasu y su liberación se registró 64 días después. En aquel año la palabra secuestro marcaba la agenda del país y las autoridades del Gobierno de entonces no pensaron que este hecho marcaría el comienzo del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

María Edith, quien para sus amigas era Nika, iba normalmente a realizar caminata en horas de la mañana en el parque Ñu Guasu y ese día no fue la excepción. En su recorrido diario pasó a buscar a su amiga Elizabeth Gunther de Niedhammer. Ambas no se imaginaban que la camioneta en la que estaban circulando era seguida por un grupo de delincuentes que perpetrarían el secuestro.

Luego de realizar la caminata correspondiente por el parque, María Edith y su amiga iban con normalidad hasta el estacionamiento, eran las 9:15 aproximadamente cuando de forma repentina y abrupta fueron sorprendidas por tres personas fuertemente armadas que de forma muy violenta hicieron subir a María Edith a su propia camioneta, mientras que la amiga fue separada de ella y los secuestradores se dieron a la fuga.

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Ante lo sucedido Elizabeth Gunther, amiga de María Edith, llamó de inmediato al esposo de la secuestrada, el ingeniero Antonio Debernardi, a comunicarle lo sucedido. El esposo de María Edith denunció el hecho y las autoridades iniciaron la investigación correspondiente.

Pasaron horas del secuestro y la fiscal de Luque Rosa Noguera realizó 20 allanamientos y la Policía Nacional realizaba sobrevuelos en helicóptero en las inmediaciones de Ñu Guasu. A las 11:00 del mismo día la Policía Nacional halló la camioneta de la víctima en cercanías del Club Internacional de Tenis, pero nada se sabía de la misma y sus secuestradores.

Pasaron 64 días y los secuestradores habían entregado las pruebas de vida a la familia que fueron dos fotos. Tras ese hecho se llevó a cabo el primer pago de USD 400.000 que se realizó el 14 de enero de 2002, mientras que el segundo para completar el dinero solicitado fue el 18 de enero del mismo año. El 19 de enero de 2002 Antonio Debernardi recibió la llamada esperada donde se le comunicaba que su esposa sería liberada.

Los secuestradores de María Edith hicieron que la mujer se vista con ropas de hombre. Le taparon los oídos con algodón y los ojos con curitas, le pusieron un kepis, lentes oscuros y la alzaron a un vehículo en marcha.

Posteriormente los secuestradores dejaron a la víctima sobre las calles Coronel Cabrera y Santa Teresa de Asunción, donde se encontró con su familia. María Edith pudo reconocer a Carmen Villalba y Alcides Oviedo, líderes del EPP, como los responsables del secuestro. Igualmente saltaron otros nombres que fueron procesados por el mismo hecho.

José Tomás Rosa, su esposa Nidia Espínola y De los Santos Saldívar fueron los primeros condenados por el caso. Rosa fue asesinado en enero del 2011. Por su parte, Alcides Osmar Oviedo Brítez, Carmen María Villalba Ayala y Aldo Damián Meza Martínez fueron condenados a 18 años de prisión. Sin embargo, siguen prófugos Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, quienes actualmente están refugiados en Finlandia.

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Un grupo de liberales, legisladores y miembros del Directorio partidario, presentaron una denuncia en contra del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas. La denuncia se basa en la crisis en que se encuentra la agrupación política y la falta de acciones de Fleitas ante este panorama y la conducción de la institución partidaria.

El diputado Pastor Vera Bejarano, cuestionó que Fleitas lleva adelante una actitud unipersonal para administrar al partido, y no está respondiendo a las exigencias de los afiliados, así como tampoco de las autoridades partidarias.

“El presidente Hugo Fleitas, que sustituyó a Efraín Alegre, tomó una postura prácticamente de manera universal del partido. El partido es un colegiado, que tiene sus estatutos, tiene sus normas que todos los afiliados y sobre todo los miembros del Directorio tienen que estar vigilando”, indicó en entrevista a la 1020 AM.

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El principal cuestionamiento del legislador se da en torno a las convocatorias a las sesiones ordinarias del Directorio, que fueron prácticamente nulas desde que asumió la presidencia en reemplazo de Efraín Alegre. Las sesiones ordinarias, de acuerdo al estatuto partidario, se deben convocar cada 15 días, lo que no ocurre con la presidencia de Fleitas.

“Nuestro estatuto declaró que se tiene que llamar a sesión ordinaria cada quince días, y la última sesión ordinaria que llamó el presidente en ejercicio, fue en diciembre del año 2023, después de mucho insistir, hizo un llamado la semana pasada, casi un año sin una sesión ordinaria”, criticó Vera Bejarano.

Esta falta de apertura para el debate en el PLRA, está alejando al partido, de los temas actuales, de acuerdo al diputado. “Tuvimos varias sesiones extraordinarias, pero se perdió el ritmo, el partido está desconectado de los grandes temas nacionales y de la crisis interna entre los movimientos, se le ha pedido en reiteradas ocasiones informes, que rinda cuentas de las cuestiones financieras, ha hecho caso omiso al pedid de sesiones ordinarias sobre algún punto en particular”, sentenció.

Finalmente, sostuvo que Fleitas, “tiene varias causales para apartarse del cargo de presidente, no apartarlo del partido, pero apartarlo como presidente, eso es lo que ha hecho el Directorio en su mayoría y se ha presentado esa denuncia ante el Tribunal de Conducta que tiene un tiempo para analizar y dictaminar”.

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El gobierno de Ecuador designó ayer lunes a la ministra de Planificación, Sariha Moya, vicepresidenta interina en medio de una crisis política por la suspensión por cinco meses de la titular, Verónica Abad, quien sostiene una tensa relación con el mandatario Daniel Noboa.

Moya “será la nueva vicepresidenta encargada”, señaló la sede del Ejecutivo en un comunicado, tras la suspensión de Abad ordenada el sábado por el Ministerio de Trabajo debido al “abandono injustificado” de sus funciones, que equivale a una “falta grave” a la ley de servicio público.

Damián Armijos, abogado de Abad, indicó que la defensa presentó una acción legal “impugnando” la suspensión, que en la práctica le impedirá a Abad asumir la presidencia cuando Noboa se lance en campaña por la reelección a partir de enero, como determina la ley.

Su equipo legal también acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según el abogado. “Hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar atenta para que no se rompa el orden constitucional”, expresó Armijos a la prensa.

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El Ejecutivo sostuvo que Moya, de 36 años y a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación, fue designada de acuerdo a la Carta Magna, que establece que “en caso de ausencia temporal de quien ejerza la Vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la Presidencia”.

“Con su experiencia y compromiso (de Moya), se mantendrán los ejes de trabajo alineados al Gobierno Nacional”, agregó el comunicado. Moya es máster en economía con experiencia en el desarrollo e implementación de la planificación estratégica y operativa de programas y proyectos públicos, según su despacho.

Noboa y Abad, ambos empresarios y con poca experiencia política, fueron la sorpresa en los comicios anticipados del año pasado al ser elegidos en binomio, pero mantienen una tirante relación desde la campaña previa.

Poco después de asumir sus cargos, en noviembre de 2023, el mandatario, de 36 años y que se autodefine de centro-izquierda, nombró a su vice para que ocupe el cargo de embajadora en Israel, lo que profundizó la ruptura.

En septiembre último, ante una escalada del conflicto en Israel, Abad fue trasladada a Turquía por seguridad. Para la suspensión de Abad, la cartera de Trabajo argumentó que la funcionaria debía instalarse en Ankara hasta el 1 de septiembre, pero que llegó cinco días después.

En agosto, Abad, de 47 años, denunció a Noboa por violencia de género ante el máximo Tribunal Contencioso Electoral (TCE) con miras a inhabilitarlo para el cargo, una acción que aún está en trámite y que el gobernante tildó de “traición”. Abad calificó el domingo de “grosera violación” a la ley la decisión de suspenderla sin sueldo por 150 días (hasta abril).

“Luego de tantos ataques ejecutados en mi contra por parte del presidente Daniel Noboa, sus ministros y el círculo cercano, denuncio que han vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas”, aseguró en un video difundido en sus redes sociales.

Sostuvo que se trata de una maniobra “con el solo objetivo de que no asuma la Presidencia de la República cuando el presidente candidato entre en su campaña”.

Noboa, que según las encuestas lidera la intención de voto, buscará ser reelegido en febrero para el período 2025-2029. La campaña empezará en enero y en esta ocasión su compañera de fórmula será María José Pinto, actual secretaria del programa gubernamental contra la desnutrición infantil.

Tras ser enviada a Israel, Abad pasó a ser una fuerte crítica del gobierno y ha protestado por lo que considera una “persecución” en su contra tras la detención de un hijo por presunto tráfico de influencias. La Fiscalía también incluyó a la funcionaria en esa indagación, pero el Legislativo no autorizó un juicio penal en su contra.

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“Utilizando argumentos propios de una dictadura, el presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara (...) para tomarse la sucesión presidencial y de esta forma pretender asegurar la reelección”, expresó Abad el domingo. El 5 de noviembre, el TCE multó a Abad con 8.500 dólares por considerar que realizó campaña anticipada en redes sociales para los comicios de 2023.

Fuente: AFP

El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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