La Asociación Rural del Paraguay (ARP) emitió un comunicado respecto al caso Marina Cué, actualmente reserva Yberá, que permite la regularización de las tenencias de las tierras a favor de los campesinos víctimas de la masacre de Curuguaty, a lo que el gremio exige el veto presidencial para salvar tales tierras que hoy se buscan expropiar, y que son la única posibilidad de recuperar la conexión entre las reservas Mbaracayú y Morombí.

El documento expresa que las áreas silvestres protegidas a perpetuidad son una de las pocas herramientas que tiene el Estado para resguardar los espacios verdes, la biodiversidad y los pulmones del planeta.

Las tierras de Marina Cué fueron escenario de luchas y objeto de controversia ya en el 2012. Foto: Archivo.

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Biodiversidad en riesgo

“Permitir que un asentamiento continúe en la zona es poner en riesgo una biodiversidad única en el mundo, cuando existen en la actualidad varias propiedades del Indert que pueden cumplir con la función y los objetivos de dar oportunidad a las familias que merecen tierras para resguardar su subsistencia”, señala el gremio.

Al tiempo de alegar que entienden que no se pueden desconocer los profundos problemas sociales que representan los asentamientos, pero que es imperante que se deben ofrecer soluciones de fondo, para lo cual existen las herramientas y recursos institucionales en el marco de las políticas públicas.

En ese sentido, la preocupación es sustentada, ya que por ley nacional misma se advierte que no serán considerados como latifundios las fracciones de tierras destinadas a reserva forestal y declaradas áreas silvestres protegidas. Y que desde hace décadas, Paraguay sufre las constantes invasiones de tierras que luego son expuestas a una deforestación de alto impacto ambiental con el único fin de extraer madera.

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Práctica sería admitida como normal

Por lo tanto, con la mencionada expropiación, se provocaría un precedente nefasto, considerando que admite un modus operandi que a partir de ahora será una práctica admitida por los poderes del Estado: el de invadir reservas forestales y áreas protegidas, deforestar, instalar asentamientos y luego exigir la expropiación.

Más aún cuando se trata de atropellos violentos, recordando el particular y macabro caso de la masacre de Curuguaty. Es por ello que la ARP no puede dejar de expresar su profundo rechazo y exige al presidente de la República que con el recurso del veto presidencial cumpla con su papel asignado de ser, en última instancia, el resguardo institucional de la nación, culmina el comunicado.

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