El ministro y presidente de la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano del Poder Judicial encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional, Alberto Martínez Simón, presentó su informe de gestión y autoevaluación del año 2020 en representación de los demás ministros. En esta edición analizamos el informe gestión en 3 áreas: la gestión judicial, gestión jurisdiccional y la gestión administrativa.

Martínez Simón dio un mensaje a todos los paraguayos y paraguayas para decir que se logró garantizar la prestación de servicios de Justicia salvaguardando a los funcionarios, magistrados u funcionarios, sin alterar su regularidad ni extensión. “Estamos concluyendo un año especial. Definitivamente el año 2020 quedará en la memoria histórica de nuestro país y del mundo, por la particular situación que nos tocó, a todos, vivir”, indicó.

“Nadie pudo prever el advenimiento arrollador de una circunstancia, no solo nacional sino mundial, absolutamente imprevisible e inevitable, como la pandemia que ha modificado casi todos los aspectos del régimen de convivencia humana conocido hasta hoy”, expresó el ministro-presidente de uno de los 3 poderes de República.

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Entre los principales logros de la gestión del 2020 destacan que: la producción de resoluciones superó la meta proyectada; el gobierno judicial fue proactivo durante la pandemia; fue efectiva respuesta ante la crisis sanitaria; el presupuesto priorizó la seguridad jurídica; desarrollaron una escucha activa a grupos de interés.

Asimismo, se mencionó la realización de concursos públicos para el ingreso de personas idóneas; el fuero especializado de delitos económicos y crimen organizado; la expansión del expediente electrónico a 8 circunscripciones judiciales y el fortalecimiento del uso de la tecnología en los procesos judiciales.

También destacan el modelo de gestión y plan de reducción de la mora judicial; la comunicación directa con la ciudadanía; más de 10.000 auxiliares de justicia registrados en el nuevo sistema; trámites de exhortos adecuados a la situación sanitaria; la habilitación de modernas sedes judiciales para beneficio de los usuarios y el aumento de controles de la gestión judicial.

Entre otros logros resaltan la actualización en materia jurídica para grupos de interés; la reserva digital de turnos en el área gestión jurisdiccional registral para evitar aglomeraciones; avances en las gestiones para crear el fuero especializado de familia; la reorganización y actualización de la biblioteca jurídica; la creación de la oficina de apoyo a la niñez y la adolescencia; la mirada enfocada en los derechos humanos para apoyar la tarea judicial y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para descomprimir juzgados.

En ese sentido, la CSJ se sumó a la mitigación de la pandemia con acciones proactivas que permitieron el acceso a la justicia de las personas. Destacan la utilización de medios telemáticos para las audiencias en todos los fueros a nivel país. Esto posibilitó que el Poder Judicial siga operando en todo el territorio, llegando a una producción total de 382.914 resoluciones dictadas durante el presente año.

Entre los meses de marzo a octubre del presente año se dictaron 382.914 resoluciones conclusivas, no conclusivas y administrativas, en todas las circunscripciones, instancias y fueros judiciales, alcanzando una meta estimada del 97% sobre lo planeado para un año sin pandemia, indica el informe de gestión presentado por la Corte.

El Consejo de Superintendencia de la Corte, que ejerce la potestad disciplinaria sobre todos los Tribunales, Juzgados y demás oficinas del Poder Judicial, dictó un total de 68 actas hasta el 6 de noviembre de 2020. Como resultado de igual número de sesiones realizadas, en las cuales se estudiaron cuestiones de las áreas administrativa, jurisdiccional y de recursos humanos. Igualmente al 11 de
diciembre de 2020 se dictaron 665 resoluciones y 2.990 providencias, indicaron.

Con respecto a las herramientas de control relacionadas al Expediente Judicial Electrónico y la Tramitación Electrónica, la máxima instancia judicial resolvió, por Resolución N° 8176 del 24 de junio de 2020, ordenar que todos los funcionarios y magistrados observen las disposiciones normativas anteriormente citadas en la recepción de documentos que cuenten con el respectivo código QR.

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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió sobre las inconstitucionalidades de leyes y otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de disposiciones contrarias a la Constitución en los casos concretos. Además, decidió sobre la inconstitucionalidad de sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que han resultado contrarias a la Carta Magna. No dio trámite a acciones de acuerdo a lo previsto en la ley y ejerció su competencia en decisiones adoptadas en las excepciones de inconstitucionalidad interpuestas.

La Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia conoció y decidió sobre cuestiones de naturaleza civil y comercial recurribles ante la máxima instancia, conforme a las disposiciones de las leyes procesales. Además, revisó las resoluciones dictadas por los Tribunales de Apelación en lo Laboral en los términos del artículo 37 del Código Laboral. En cumplimiento de la política de transparencia institucional, se transmitieron en vivo y en directo los sorteos de preopinantes de la Sala por TV Justicia.

La Oficina Técnica Penal fue creada durante el presente año con el objetivo de apoyar el proceso de mejora y consolidación de la justicia penal en la República, mediante el delineamiento de estrategias, planes y acciones que colaboren con los órganos jurisdiccionales en áreas consideradas necesarias de intervención. La ministra Carolina Llanes fue designada como responsable de la citada repartición judicial.

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En cuanto a las medidas de austeridad a fin de optimizar los recursos institucionales, el informe indica que como parte de su compromiso de continuar con la política de reducción y control del gasto público, el Poder Judicial, a través de la Dirección General de Administración y Finanzas, ejecutó este año medidas de reducción de costos operativos y racionalización de manera a optimizar los recursos institucionales.

El Ejercicio Fiscal 2020, indican, se presentó lleno de desafíos desde el principio, con un presupuesto inicial inferior al cierre del año 2019, en un 2% (dos puntos porcentuales), representando una diferencia total de G. 22.907.805.173 (guaraníes veintidós mil novecientos siete millones ochocientos cinco mil ciento setenta y siete), que afectó principalmente a los gastos de inversión.

Por Resolución N° 7.875 del 24 de diciembre de 2019, se instituyó topes financieros en los Objetos del Gasto 144-Jornales, 145-Honorarios Profesionales y 841-Becas. En el mismo sentido, dicha disposición incluyó la provisión de alimentos y servicios ceremoniales, así como para el uso de aparatos celulares y la asignación de cupos de combustibles, limitándose a lo estrictamente necesario e indispensable.

En cuanto al proceso de Ejecución Presupuestaria correspondiente al año en curso, hasta el mes de octubre se observó que la Ejecución por Grupo, en ambas Fuentes de Financiamiento, alcanzó el 68%, equivalente a G. 933.321 millones, con relación al Presupuesto vigente de G. 1.364.774 millones.

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